La dura pelea para sacar a registrador en Magdalena acusado de falsificación de documentos

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Eduardo Alberto Noguera Dangond, vinculado a un presunto caso de falsificación de documentos, fue declarado insubsistente por la Registraduría Nacional. Aunque vía tutela había regresado al cargo en veces anteriores, desistió de una acción jurídica similar que ya había sido aceptada.

Ayer, 11 de febrero de 2020, Eduardo Alberto Noguera Dangond, quien se había desempeñado como registrador municipal de Ciénaga (Magdalena), presentó ante el Juzgado Segundo Promiscuo de ese municipio una carta en la que desiste de una acción de tutela que ya había sido admitida y que buscaba el reintegro al cargo del funcionario que había sido declarado insubsistente por el registrador nacional Alexánder Vega. 

Con ese desistimiento, Noguera queda por fuera de un puesto al que había logrado regresar varias veces por la misma vía a pesar de que sobre él hay acusaciones de liderar un proceso de cedulación irregular a extranjeros que estarían vinculados a grupos terroristas como Al Qaeda. El caso de Noguera era uno de los asuntos principales que tenía Vega desde su llegada a la Registraduría porque, a juicio de fuentes de esa entidad, el funcionario de Ciénaga estaba atornillado a su cargo a través de acciones judiciales. Incluso, cuando Vega se enteró de que una nueva tutela había sido aceptada, el registrador estudio interponer una medida de control excepcional para removerlo del cargo. 

El caso de Noguera Dangond es de vieja data. En un auto de la Procuraduría General de mayo de 2018 se tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 15 años a ese funcionario y a Liliana Fernández de Castro Buenaventura por irregularidades en la inscripción de 13 registros civiles de nacimiento a ciudadanos extranjeros. Según el ente de control, Noguera emitió ocho registros civiles entre el 24 de junio y el 21 de octubre de 2016, mientras que Fernández de Castro emitió cinco entre el 23 de diciembre de 2015 y el 5 de noviembre de 2016.

El problema con esos documentos es que, según una investigación que adelanta la Registraduría, estarían relacionados con la consecución ilegal de la ciudadanía colombiana por parte de extranjeros. De hecho, el ente investigador intenta determinar si con esos registros, posteriormente, se consiguieron pasaportes colombianos para que ciudadanos extranjeros vinculados al terrorismo internacional pudieran ingresar a los Estados Unidos.

Hace algunas semanas, el recién posesionado registrador nacional Alexánder Vega llamó la atención sobre el asunto y explicó que varios de los registros civiles expedido por Noguera Dangond estarían falsificados para obtener cédulas y pasaportes. “La Embajada de Estados Unidos encontró que dentro de esas había personas vinculadas al terrorismo internacional (…) La Embajada habla de células terroristas internacionales, podría ser cualquiera. Se habla de que presuntamente fueron alrededor de más de 500 registros adulterados por este registrador, que permitió que luego se obtuvieran cédulas y pasaportes”, señaló Vega, aunque manifestó no tener certeza de ello.

No obstante, la acción que se tomó, nuevamente, desde la Registraduría Nacional fue declarar al funcionario como insubsistente para que se adelantaran las investigaciones. Incluso, desde la Registraduría ya se hablaba de la expedición de más de 1.200 documentos que habrían sido falsificados y que, entre todo ese lote, estarían los de Al Raefee, Tuameh Tuameh y Al Harari Al Harar, tres presuntos ciudadanos colombianos que fueron capturados en enero pasado en Dallas (Estados Unidos), en cuyos pasaportes decían ser guajiros, pero que en ese país estaban identificados como sirios pertenecientes a Al Qaeda. Es captura fue el punto de partido de una investigación que intenta dejar al descubierto una red de falsificación de documentos que tendría colaboración desde el interior de la Registraduría Nacional.

Noguera Dangond se ha defendido en los medios. En un portal llamado Opinión Caribe, el funcionario ha negado que tenga algo que ver con la falsificación de los documentos, específicamente de los papeles de los tres ciudadanos sirios que fueron capturados en EE. UU. “Yo tengo por costumbre salir a almorzar de 12:30 p. m. a 1:30 p. m o 1:45 p. m., y llegaron tres ciudadanos e hicieron la cédula de 1 p. m. a 1:30 p. m. Nunca me enteré de la preparación a través de las tarjetas dactilares, que es de manera manual como se hacían esas preparaciones de cédulas. No me enteré, nunca me llegaron las tarjetas dactilares a mi despacho para yo autorizarlas y, posteriormente, enviarlas a la delegación del departamento para que estas fueran escaneadas”, manifestó Noguera en esa entrevista.

Agregó que dentro de sus funciones no estaba la de expedir registros civiles y Ciénaga contaba con una registraduría especial que tiene “tres o cuatro” auxiliares administrativos a cargo de ese procedimiento. También negó tajantemente tener vínculos con grupos terroristas. “Quiero que me quiten ese señalamiento de terrorista perteneciente a un grupo terrorista como Al Qaeda, por lo cual ya he recibido llamadas y amenazas a mi teléfono. Tengo que limpiar mi nombre mi familia está dañada moralmente. No doy para estar dentro de la sociedad cienaguera”, expresó el funcionario.

Ahora, lo que ha llamado la atención desde Bogotá sobre el caso del registrador cienaguero es que en varias de las reiteradas acciones de tutela que han sido instauradas y falladas a su favor hay un común denominador: el juez pedro Miguel Vicioso Cogollo. Ese funcionario judicial, por ejemplo, fue el que tuteló los derechos de Noguera Dangond en un fallo de tutela del 15 de enero de 2018, fue el que revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria al registrados de Ciénaga el 29 de noviembre de 2017 y fue el que había aceptado la nueva tutela de la cual Noguera Dangond desistió el martes.

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