La frágil paz de Colombia, según un análisis de Crisis Group

La violencia rural y la sobrecarga humanitaria de los refugiados venezolanos amenazan la implementación de lo pactado con las Farc. Le pide a la Unión Europea mantener su apoyo y considerar la posibilidad de extender el Fondo Fiduciario más allá de 2020, agregáondole más recursos.

El presidente Duque en su visita a la zona de reincorporación de las Farc en Pondores, municipio de Fonseca, en la Guajira, en octubre del año pasado. Presidencia

Cerca de cumplirse el primer año del gobierno del presidente Iván Duque, lo que se vislumbra hoy es una Colombia polarizada que enfrenta múltiples obstáculos para consolidar una paz que se ve muy frágil. Es la principal conclusión del análisis que hace Crisis Group, la organización no gubernamental dedicada a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, en un documento dado a conocer este viernes, titulado “Reformas cruciales languidecen mientras Colombia busca consolidar la paz”. En este se advierte, además, que esa “frágil” paz se está viendo amenazada por la violencia rural y la sobrecarga humanitaria que conlleva el albergar a miles de inmigrantes venezolanos y se insta a los países miembros de la Unión Europea (UE) a mantener con firmeza su apoyo a la implementación de lo pactado con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc.

En el informe se advierte sobre sectores radicales afines al Gobierno y su partido, el Centro Democrático, que insisten en su arremetida contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el argumento de que es demasiado indulgente en sus juicios contra los exmiembros de la subversión. Y dice que aunque el presidente Duque se haya visto obligado a sancionar la ley estatutaria que fija el marco legal para el funcionamiento del tribunal transicional, después de que el Congreso y la Corte Constitucional rechazaran sus esfuerzos por cambiarlo, aún no está claro si él y su gobierno están preparados para dejar de lado su empeño en modificarlo.

“Con el campo aún devastado por la violencia, el cultivo de coca en aumento y el crecimiento de grupos armados (incluidas facciones disidentes de las Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y organizaciones de narcotraficantes), el Gobierno debería invertir más tiempo y recursos en implementar las reformas rurales del Acuerdo de Paz. Estas constituyen el camino más prometedor hacia el desarrollo de una economía agrícola lícita que pueda desplazar la producción de coca y privar a los grupos armados organizados de su principal fuente de financiación. Las reformas, a su vez, pueden ayudar a promover la presencia estatal en regiones rurales de Colombia fuera del alcance oficial”, reseña Crisis Group.

La ONG, que cuenta con nueve oficinas regionales que cubren más de 60 países y zonas de conflicto y cuyas sedes principales se encuentran en Bruselas, Washington, Nueva York y Londres, plantea que los estímulos políticos y el apoyo financiero de la UE pueden ayudar a priorizar estas reformas, así como a enfrentar la enorme carga humanitaria creada por el influjo reciente de 1,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos que huyen de la crisis en su país, y los millones de colombianos desplazados que han abandonado sus hogares debido al conflicto armado de los últimos 25 años.

Y en este sentido hace una serie de recomendaciones:

-  “La UE y sus estados miembros pueden ayudar a abordar este complejo conjunto de desafíos al continuar manifestando un fuerte respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz en los diálogos con el Gobierno y en los foros multilaterales, alentando a no modificar o socavarla, y resaltando que ser fiel a los términos alcanzados en 2016 será importante para la durabilidad del Acuerdo de Paz y la estabilidad de Colombia”.

- “Instar al Gobierno a que acelere la implementación de reformas agrarias cruciales y otras medidas que integran el capítulo de reforma rural del acuerdo de paz, del cual la UE es uno de los principales donantes”.

- “Aumentar el apoyo al desarrollo económico en las zonas rurales, especialmente en aquellas donde abunda la producción de coca, incluso mediante la financiación directa de proyectos de medios de vida alternativos o de sustitución de cultivos”.

- “Aumentar su financiamiento al trabajo humanitario para ayudar a Colombia a afrontar la masiva carga humanitaria creada por el influjo de refugiados y migrantes venezolanos, así como el desplazamiento interno”.

Al hacer referencia a las reformas propuestas a la JEP, tanto por el mismo jefe de Estado con sus objeciones como por el uribismo, el análisis califica de “contraproducente” esa disputa en la que se ha visto inmerso el Ejecutivo, sobre todo después de lo sucedido con “Jesús Santrich”. “Los términos a partir de los cuales opera la JEP, por imperfectos que sean, están en el corazón del acuerdo de 2016 y no pueden modificarse sin ponerlo en peligro. Además, el tiempo y la atención de sus directivos se requiere con urgencia en otros lugares (…) la reciente propuesta del Gobierno de recortar el 30% de los fondos del sistema integral de justicia transicional sugiere que las batallas políticas divisivas a su alrededor no han terminado”.

Crisis Group señala igualmente que la administración de Duque ha centrado “abrumadoramente” su atención política en la JEP y en llevar a las Farc ante la justicia, que la implementación de otros elementos del Acuerdo, algunos de importancia crítica para establecer una paz estable y duradera en Colombia, ha sido desigual. Y si bien resalta que ha tomado medidas importantes para reintegrar a los miembros de la desmovilizada guerrilla a la sociedad, incluyendo, por ejemplo, la aprobación por parte del Consejo Nacional de Reincorporación de 24 proyectos económicos y otras iniciativas para brindar oportunidades a los excombatientes dentro de la economía lícita, a la vez ha ignorado o ha sido reacio a implementar aspectos importantes del capítulo de reforma rural.

"Según el Instituto Kroc, el cual hace seguimiento al progreso de los acuerdos de paz, el 51% de las iniciativas del capítulo de reforma rural han avanzado tan poco que no está claro si alguna vez lleguen a ser implementadas por completo y otro 38% no ha avanzado de ninguna manera. Las reformas agrarias, que enfrentan gran oposición por parte de la base política del Centro Democrático, compuesta por terratenientes de élite, quienes ven la reforma como una amenaza a su poder e intereses, requieren especial atención”, agrega el documento.

También habla del aumento de la violencia organizada en las áreas rurales, pues el Eln, las disidencias y los grupos de narcotraficantes aún controlan gran parte de las regiones. “Regulan y participan en economías ilegales, pretenden controlar las comunidades donde operan a través de justicia improvisada y otros mecanismos, y luchan entre sí y con el Estado, causando un gran daño. Más de 145.000 personas fueron desplazadas por esta violencia en 2018, en comparación con 139.000 en 2017”.

Y agrega: “El Gobierno siente que está bajo presión constante, tanto de la opinión pública nacional como de los socios extranjeros, para combatir con mayor firmeza el crimen y la violencia rural. En respuesta, ha incrementado los despliegues de tropas y policías en lugares como el Catatumbo, a lo largo de la frontera con Venezuela, y el Bajo Cauca, en el noroeste. Ha destacado el asesinato y la captura de líderes de grupos criminales o armados, como el disidente de las Farc conocido como 'Guacho'. Pero en general, estos esfuerzos no le han permitido arrebatar el control territorial a los grupos armados ilegales, ni han debilitado su poder en general”.

En este contexto, se habla del incremento de la producción de coca y cocaína en el país, la cual financia a estos grupos ilegales y los incita a competir y luchar entre sí, situación que ha implicado duras críticas por parte del gobierno de Estados Unidos “por la incapacidad para frenar la producción”, y el presidente Trump ha amenazado con descertificar a Colombia como socio de su país en esfuerzos antinarcóticos, algo que se ha tomado muy en serio el Gobierno colombiano, que se ha comprometido a combatir la producción de coca incrementando la erradicación forzada, prometiendo destruir 80.000 hectáreas este año y sustituir otras 20.000 por cultivos legales". Incluso, Crisis Group sugiere que retomar la fumigación aérea con glifosato es ineficaz. ““Solo abordando las profundas disparidades socioeconómicas que afectan a las comunidades rurales, Colombia puede realmente llegar a superar el legado de violencia”.

En cuanto a la situación de la migración venezolana, Crisis Group señala que si bien el Gobierno ha demostrado ser generoso y acogedor al proporcionar residencia temporal y acceso a salud y educación, la infraestructura a lo largo de la frontera es precaria y muchos prefieren vivir en la miseria de las grandes ciudades. “Aunque Colombia es un país de ingresos medios, requiere urgentemente apoyo adicional de donantes. La ONU y otras agencias humanitarias estiman que el financiamiento necesario para atender a los refugiados venezolanos es de alrededor de 280 millones de euros para 2019, de los cuales solo 67 millones están cubiertos actualmente por donantes”.

En conclusión, la ONG enfatiza que la mejor manera de avanzar para el gobierno de Iván Duque es propender por una estricta implementación de los acuerdos de paz de 2016. Y advierte que teniendo en cuenta que para 2020 el Fondo Fiduciario de la UE habrá desembolsado 120 millones de euros en apoyo al desarrollo rural y la reintegración, sus estados miembros "están bien posicionados para presionar para que el primer mandatario abandone las disputas polarizadas sobre la rendición de cuentas de las Farc y afronte las reformas rurales de vital importancia".

“Dado el liderazgo de la UE en asuntos de justicia y responsabilidad, puede ser una voz fuerte para presionar al gobierno de Duque a dejar de lado sus disputas con la Jurisdicción Especial para la Paz, destacando que este tribunal es el producto imperfecto de un compromiso político, pero socavarlo podría poner en peligro una paz duradera en Colombia. También debería presionar al Gobierno para que financie plenamente todos los mecanismos de justicia transicional, incluida la Jurisdicción Especial, en su presupuesto de 2020, a pesar de los recientes anuncios de que buscará recortar los fondos para los mecanismos de justicia transicional en un 30%”.

Asimismo, refiere que así como el Gobierno merece reconocimiento por el progreso que ha logrado en la reintegración de las Farc, demasiadas reformas se han estancado o no se han podido iniciar, tales como las agrarias, que en gran medida se han frenado desde que Duque asumió el cargo. Y a la Unión Europea le plantea considerar aumentar su asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades creadas por el creciente influjo venezolano y comenzar a pensar en la posibilidad de extender el Fondo Fiduciario más allá de 2020, agregáondole más recursos.

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Redacción Politíca

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