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El 24 de noviembre de 2019, el presidente Iván Duque anunció la instalación de una “Gran Conversación Nacional”, luego de que las manifestaciones enmarcadas dentro del llamado paro nacional -anunciadas en un principio solo para el 21 de noviembre- se extendieran por más días, exigiendo acción por parte del Gobierno. Es claro que las motivaciones que han llevado a miles de personas a movilizarse en las calles son diversas, por lo que el Ejecutivo tenía el gran reto de atender cada uno de los descontentos por sectores: líderes sociales, paz, reformas pensional y laboral, medioambiente, seguridad, Esmad, mujeres, entre otros.
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Esa Gran Conversación, de acuerdo con el anuncio del primer mandatario, se extendería hasta el comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso, es decir, hasta el pasado lunes 15 de marzo, con el fin de que sus conclusiones terminaran en proyectos de ley que fueran tramitados por el Legislativo. Terminado ese plazo, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y encargado de liderar este proceso, anunció que este período fue apenas la primera fase de los diálogos con la ciudadanía. “La conversación que planteó el presidente Duque continúa”, enfatizó, recordando que esta etapa contó con 45 encuentros, de los que se cuentan 11 regionales en Medellín, Cali, Villavicencio, Florencia, Girardot, Bucaramanga, Popayán, Pereira, Tumaco, Neiva y Cúcuta.
La estrategia gubernamental contó con una página web y se dividió en seis ejes temáticos: educación, ambiente, crecimiento con equidad, juventud, paz con legalidad y lucha contra la corrupción. Sin embargo, ante la crisis que se vive actualmente en el país por cuenta del coronavirus, el Gobierno pospuso tanto la reunión como el streaming donde se compartirían las conclusiones finales de esta primera etapa de conversación, en la que comunicaría los proyectos de ley derivados de los compromisos adquiridos. De estas no se conocen cuántas y cuáles serán, e igualmente la radicación o no de las propuestas depende de si la suspensión de las sesiones se extenderá más allá del 13 de abril, fecha que fijó la Mesa Directiva del Congreso para empezar el segundo semestre legislativo, debido al coronavirus. La agenda se verá muy apretada y hay otras iniciativas del Gobierno que están en curso ahora y deben ser tramitadas antes del 20 de junio para que no se hundan.
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Volviendo al anuncio de la Gran Conversación, en noviembre pasado Duque aseguró que la primera reunión la sostendría con los recién elegidos alcaldes de todo el país. Sin embargo, luego se supo que dicho encuentro estaba planeado desde hace rato, con el fin de capacitar a los mandatarios locales en la administración pública. A partir de ahí hubo resistencia en la propuesta del primer mandatario. Y aun hasta hoy, las diferencias con los promotores de las marchas persisten y giran en torno al concepto de “conversación”. Mientras el Comité del Paro exige negociar, el Gobierno no se baja del discurso de hablar, pues considera que, además de los inconformes en las calles, también hay personas que no se movilizaron y que pueden aportar en la discusión.
Lo cierto es que de las siete reuniones sostenidas con el Comité del Paro, los resultados han sido nulos, según Nelson Alarcón, presidente de Fecode, debido a que el Gobierno no cede ante la persistente propuesta de crear una comisión negociadora que avance en los 104 puntos del pliego de peticiones puesto sobre la mesa. “Se han desarrollado siete reuniones con el Gobierno y no han aceptado desde ningún punto de vista que se haga una negociación. Hemos insistido en que debe ser así, si no seguiremos en una mesa y no acudiremos a los llamados”, reiteró Alarcón.
A la par, referente a esa discusión semántica, Molano ha insistido: “Por andar discutiendo por un nombre, no se ha podido avanzar”. El Gobierno, de los 104 puntos presentados, encontró que las solicitudes desmenuzadas se extienden a un total de 135 peticiones, de las cuales el 6 %, según el funcionario, deben revisarlas las ramas Judicial y Legislativa, hablando, específicamente, de temas como la situación de derechos humanos en la Fuerza Pública.
También apuntó que un 20 % de las solicitudes no se pueden cumplir por temas económicos y políticos, como aquella de la compra de Ecopetrol para que sea una empresa 100 % pública, lo que representaría un costo al Estado de $15 billones, o la eliminación del 4 por 1.000, con el que el Estado dejaría de percibir $8 billones. A nivel político, el Gobierno descarta el desmonte del Esmad, esgrimiendo la importancia de este cuerpo antidisturbios para contener la violencia en las movilizaciones, y la negociación con el Eln, hasta tanto esa guerrilla cumpla con las condiciones de cesar toda actividad criminal y entregar a los secuestrados.
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Asimismo, Molano resaltó que el 10 % de las peticiones deben ser discutidas con otros sectores, y el resto ya viene con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, para el Gobierno sí ha habido avances significativos en todos los encuentros. Entre ellos, por ejemplo, la reforma al Icetex, que les dará alivio a 120.000 estudiantes, que se tiene prevista con la radicación de un proyecto de ley en abril, si continúa el calendario normal en el Congreso. Indicó, además, que se progresó con el decreto presidencial que reglamenta la contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años, sin experiencia, en todas las entidades públicas. Sin embargo, aún hay molestia por lo que dijo la entonces ministra de Trabajo y ahora del Interior, Alicia Arango, cuando propuso el pago por horas a profesiones como la ingeniería de sistemas.
Argumentos que no convencen a la contraparte. Aunque por el brote de coronavirus el Comité del Paro canceló la movilización que se tenía programada para el 25 de marzo, ahora se está invitando a los colombianos a hacer un cacerolazo desde sus casas para manifestar el descontento por cómo el Gobierno ha venido trabajando en las inquietudes de la protesta. Nelson Alarcón antecedió que cuando se normalice la situación, es decir, una vez se supere la crisis por el virus, “se convocarán movilizaciones hasta que el Gobierno nombre una comisión negociadora para buscarle solución a cada uno de los 104 puntos del pleigo de peticiones”. El tire y afloje parece que se perpetuará. En voz de Molano, el Ejecutivo está con las puertas abiertas y todo depende “de la disposición que ellos tengan”.