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A la hora de su composición, todo gobierno integra su gabinete con dos criterios: la perspectiva política de cara a las relaciones con el Congreso y los partidos, y la visión técnica en aquellos frentes del Estado donde se requieren especialistas. Pero en el círculo directo del presidente de la República, en el día a día en la Casa de Nariño y sus funciones administrativas, siempre hay una guardia pretoriana que dinamiza el trabajo y blinda al jefe de Estado. Y en esa misión, el presidente Iván Duque tendrá como primer anillo de confianza a un grupo de profesionales encabezados por su secretario general, Jorge Mario Eastman.
En los ámbitos público y político, Eastman no solo es un abogado conocido, sino que tiene una ascendente que también lo respalda. Su padre, del mismo nombre, fue congresista y ministro de Estado en la era Turbay Ayala, y él mismo ha desempeñado importantes cargos en los gobiernos Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe. En la reciente campaña electoral fue la fórmula vicepresidencial de Juan Carlos Pinzón. En su tarea de secretario general, eje del Gobierno en las tareas cotidianas y el enlace con ministerios y demás frentes del Estado, tendrá a su lado a una abogada que también tiene credenciales en el oficio jurídico: Clara María González.
Esta abogada rosarista, que será secretaria jurídica, no solo tiene un largo recorrido en el ejercicio profesional en frentes como la Cámara de Comercio o el derecho electoral, sino que en dos ocasiones ha sido postulada al cargo de contralora general. Si el secretario general es el que mueve los hilos del gobierno tras las bambalinas del poder, la secretaría jurídica es la clave para que el poder reglamentario del Ejecutivo se exprese en decretos o normas sin mayores contratiempos. Y con ellos, ese primer círculo de confianza lo complementa la secretaria privada, María Paula Correa, otra abogada de su entorno personal y político.
A estos tres ases iniciales, como todos los mandatarios, debe sumarse la segunda línea de profesionales para que le hablen al oído al presidente Duque en aspectos determinantes de su programa. En ese contexto, se ubican sus consejeros de Asuntos Estratégicos, Felipe Buitrago Restrepo; de Asuntos Políticos, Jaime Amín; para las Regiones, Karen Abudinem; para Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa; para la Legalidad, Miguel Ceballos; para las Comunicaciones, Álvaro García Jiménez; para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín; para el Posconflicto, Emilio Archila Peñalosa, y para la Competitividad, Clara Parra Beltrán.
Buitrago no es muy conocido para la opinión pública, pero en el desarrollo del debate electoral que llevó a Duque a la Presidencia quedó claro que es uno de los profesionales de su total confianza. No solo fue su coequipero en el proyecto de la Economía Naranja con el que el nuevo mandatario despuntó en la vida pública, sino que fue el coordinador estratégico de su campaña y la persona que encabezó el empalme administrativo con el gobierno saliente. A su vez, Amín fue su compañero en el Senado en las listas del Centro Democrático, es un caracterizado uribista ‘pura sangre’ y claramente será uno de sus enlaces con el legislativo.
Karen Abudinem, consejera para las Regiones, es una abogada barranquillera de amplio reconocimiento en el Caribe colombiano e importantes relaciones personales profesionales. La prueba es que además de su cercanía con la casa Char, estuvo en el gobierno de Elsa Noguera en la capital del Atlántico y al frente de Bienestar Familiar en el gobierno Santos. El nuevo consejero para Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, suma a su especialidad dos particularidades: es amigo del presidente Duque desde sus tiempos de estudio en la Universidad Sergio Arboleda, y como conocedor de la JEP, a la que aspiró sin éxito, se perfila como un asesor crucial en este espinoso escenario.
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De conformidad con los postulados enunciados por el presidente Duque desde su campaña electoral, el énfasis por la legalidad explica la presencia de un consejero para consolidar esta tarea. Ese cargo será ejercido por el abogado Miguel Ceballos, que aporta una reconocida trayectoria en asuntos de paz y justicia, incluso en calidad de viceministro de esta última rama en la era Uribe. Lo complementa el nuevo consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, quien tendrá a su cargo apoyar la dura misión de la implementación del proceso de paz, teniendo en cuenta que, desde la recta final de la campaña, el propio Iván Duque se deslindó de quienes anunciaban que con su llegada al Gobierno se iba a hacer trizas el proceso de paz.
Por el contrario, la presencia de un consejero para el Posconflicto demuestra que la tarea continúa, sin que ello signifique que el presidente Duque desista de su interés de hacerle algunos ajustes al Acuerdo Final en temas específicos como conexidad del narcotráfico con la acción insurgente o elegibilidad y participación política de dirigentes de las Farc. Más allá de esta encrucijada, salta a la vista que, sobre todo en las regiones, una combinación entre legalidad y posconflicto apunta a ser el estilo de la nueva administración, siempre dentro de la dinámica de emprendimiento económico que quiere fortalecer el primer mandatario.
La lista de los consejeros inmediatos del presidente Duque la complementan Rafael Guarín, en seguridad, misión que ya desarrolló al comienzo del gobierno Santos en calidad de viceministro de Defensa; Clara Parra, que apoyará sus proyectos específicos en materia de competitividad; Carlos Enrique Moreno, que viene del sector privado y seguramente ese va a ser su escenario de articulación ahora desde lo público; y el periodista Álvaro García Jiménez, muy cercano a la casa Uribe, como quiera que fue su embajador en Argentina, y también al gobierno Santos, al que apoyó en comunicaciones, la misma gestión que desempeñará a partir de ahora.
Finalmente, la primera guardia pretoriana de la era Duque la complementa la nueva directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso. Como se sabe, este organismo es determinante no solo para la constitución del Plan Nacional de Desarrollo, sino para coordinar todas las tareas de planificación económica desde el Ejecutivo. Con toda razón se le denomina el “superministerio”, pues todas las carteras, gobernaciones o alcaldías tienen que ver con su dinámica. Para desempeñarlo, Alonso aporta su condición de economista con sólida trayectoria en el Ministerio de Hacienda, el Banco Mundial y la Contraloría General.