La hipocresía de los partidos en la reforma política

La reforma política apunta a cambiar la actual estructura electoral del país. / Archivo

A gritos terminó el martes pasado el debate de la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara. Hubo agarrón entre el presidente de la célula legislativa, Carlos Arturo Correa, y el ponente de Cambio Radical, Jorge Enrique Rozo, quien pedía el archivo de la iniciativa. Después los representantes del Centro Democrático la emprendieron contra los voceros de Voces de Paz, llamándolos “voceros del terrorismo” y estos a su vez “voceros del paramilitarismo”.

Lo cierto es que un mes después de iniciada la legislatura 2017-2018, la reforma parece estancada, pese a ser uno de los proyectos claves de cara al posconflicto, después de firmada la paz con las Farc. Y según la Misión de Observación Electoral (MOE), el debate se ha ido dilatando de manera preocupante y pareciera haber un ambiente para minimizar el impacto que tienen asuntos estructurales de la reforma, como la modificación del Consejo Nacional Electoral y la financiación de las campañas políticas.

“Mientras algunos congresistas argumentan que esta no es una gran reforma política, en los debates están desmembrando temas realmente estructurales como la modificación de la organización electoral. Para la MOE, la modificación en la forma de postulación de los candidatos y elección de los miembros de la autoridad electoral, cambiará profundamente las prácticas políticas nocivas, la financiación desbordada e irregular de las campañas y la consecuente corrupción política que hoy ya llega a las altas cortes del país”, señala la MOE en un documento en el que busca llamar la atención sobre lo que está pasando.

De hecho, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que durante todo este fin de semana se trabajará para lograr un texto en el que haya un consenso mínimo y se pueda aprobar rápidamente. Pero, al mismo tiempo, advirtió que hay una línea roja para hacer dichos cambios: “No se pueden hacer modificaciones que vayan en sentido contrario a lo que se propone en el Acuerdo de Paz. Todos los ajustes deben estar alineados con lo previsto ahí”, enfatizó. Y precisamente una de esas líneas rojas es la creación de una organización electoral “independiente, moderna y transparente”.

Lo curioso, dice la MOE, es que tanto congresistas, como gobierno, expertos y sociedad civil coinciden en que la actual manera en que se eligen los miembros del Consejo Nacional Electoral ha generado esa falta de independencia política de este órgano frente a los partidos políticos. Y aun así, en el debate que se surte en Cámara de Representantes se ha puesto sobre la mesa, de nuevo y sin razón, la elección de consejeros del nuevo órgano electoral a cargo del mismo Congreso de la República.

“Es legitima la función electoral del Congreso en casos como los órganos de control y magistrados de las altas cortes; sin embargo, con la elección de consejeros electorales, esta función resulta ilógica, en la medida en que el objeto de estos consejeros es preservar la imparcialidad e independencia ante las disputas complejas de la política partidaria”, advierte la MOE.

La otra perla en este tema es la intención de elevar el rango de los consejeros electorales de una autoridad administrativa al de magistrados y, en consecuencia, dotarlos de fueros especiales. Para la Misión de Observación Electoral, se trata de un incentivo dañino que permite el bajo control de las actuaciones de estos funcionarios y en consecuencia puede generar incentivos para la corrupción, tal como está ocurriendo hoy con el grave escándalo que envuelve a tres de los anteriores presidentes de la Corte Suprema de Justicia.

“Durante el debate del llamado Equilibrio de Poderes, repetimos de manera sistemática la necesidad de un tribunal de aforados que realmente actuara contra la impunidad que rodean a las altas dignidades del Estado colombiano”, enfatizó Alejandra Barrios, directora de la MOE. De paso, recordó que fueron las cortes las que más presionaron en su momento para que dicho tribunal no existiera, comportamiento que hoy se repite en el trámite de la reforma política con el Consejo de Estado, principal opositor a una reforma sustantiva de la forma ineficiente en que se administra y aplica la justicia electoral hoy.