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La consulta popular contra la corrupción que llega hoy a las urnas es una nueva oportunidad para que la sociedad colombiana enfrente uno de los más graves lastres de su historia republicana. Se estima que cada año los corruptos se apropian de $50 billones, de los $235 billones que tiene el Presupuesto Nacional anualmente. El tarjetón con las siete preguntas que hoy está a disposición de los votantes es el resultado de una larga historia de intentos por ponerle freno a este flagelo. Intentos a los que sistemáticamente, y en no menos de ocho ocasiones en los últimos cuatros años, el Congreso de la República les ha cerrado el paso.
Al tiempo, la indignación de los ciudadanos ha crecido lo suficiente como para que el mundo político observe en las banderas anticorrupción un camino para salir de su atolladero. Todos los recientes candidatos presidenciales prometieron esa lucha y el tema se posicionó en la agenda del país político, a tal punto que el primer paquete legislativo del gobierno Duque está enfocado en esta materia e incluso tiene varias de las medidas que plantea la consulta. Pero este ambiente de coincidencia nacional se enfrenta a un nuevo problema: la baja intervención ciudadana en los mecanismos de participación. Y es que, desde 1991, cuando se creó la consulta popular, esta es la primera vez que se produce una de carácter nacional, aunque no es el primer intento ciudadano por expresar un rechazó simbólico.
Según la exsenadora Claudia López y la senadora Angélica Lozano, quienes se han echado al hombro esta iniciativa, se necesita que unos 15 millones de personas acudan a las urnas para que, descontando los votos inválidos y nulos, se alcance el umbral de participación. Un requisito que hace excepcionalmente complejo el éxito de la consulta. Tal vez por esto es que, desde la Constitución de 1991 que creó el mecanismo, no se ha utilizado para consultar una iniciativa nacional. Sin embargo, desde hace 27 años viene creciendo la participación popular mediante otros mecanismos, los cuales han sido impulsados con el fin de hacer entender a los gobernantes la voluntad de los ciudadanos.
En la historia reciente, el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta llevó a los ciudadanos espontáneos a depositar un papel adicional en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1990. Ese día, los colombianos les hicieron saber a los políticos que querían una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado colombiano. Más de dos millones de electores incluyeron dicha papeleta y al siguiente año surgió la nueva carta magna. Hasta ese momento, la única manera en que los ciudadanos participaban en la democracia colombiana, más allá de las elecciones de mandatarios, eran el referendo o el plebiscito, como el que promovió el general Gustavo Rojas Pinilla en 1957, en el que por primera vez votaron las mujeres y definió el Frente Nacional, para que los partidos Liberal y Conservador se alternaran el poder milimétricamente.
Entonces, en la Constitución del 91 se reglamentó el artículo 103, que les dio vida a nuevos mecanismos de participación popular, como la consulta o la revocatoria del mandato. Y desde ese día ha venido creciendo —lentamente, pero creciendo— la expresión ciudadana. En agosto de 1995, los pobladores de Aguachica (Cesar) impulsaron una consulta para declararse como territorio de paz. Fue una forma de decirles a los violentos que no soportaban más su presencia, el miedo que producían ni su baño de sangre. Dos años después, el país siguió el ejemplo del Cesar y el 26 de octubre de 1997, en las elecciones de alcaldes y gobernadores, se convocó el Mandato por la Paz. Más de diez millones de colombianos rechazaron la guerra y su rostro más cruel: el secuestro, el reclutamiento de menores y las masacres. El resultado jurídico fue la eliminación del reclutamiento de menores de 18 años por parte de la fuerza pública.
En los últimos años hicieron carrera nuevas formas de participación política: el fracasado referendo que en octubre de 2003 realizó el gobierno de Álvaro Uribe, con 15 preguntas de las cuáles solo una pasó el umbral; cientos de consultas populares ambientales, revocatorias de mandatos y hasta el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz con las Farc. Incluso un intento de referendo para una segunda reelección uribista, que aprobó el Congreso pero tumbó la Corte Constitucional en 2010.
La Consulta Anticorrupción es la última elección de la agitada agenda electoral que ha vivido el país en estos últimos dos años. Contiene siete preguntas que buscan exigirle al Congreso de la República que cumpla con un mandato de control ciudadano a la función pública. Es un acto simbólico con fuerza jurídica que abre las puertas a introducir cortapisas en el libre campear de la corrupción. En caso de alcanzar los votos suficientes, vendrán nuevos retos para sus promotores, que deberán convertir ese mandato en normas eficaces, que no se sumen al grueso anaquel de delitos sin responsables en Colombia.
Más de 12 millones de colombianos son lo mínimo para decirle al poder Legislativo que debe tramitar los puntos que los ciudadanos le entregaron como obligatorios: disminuir el salario de parlamentarios y altos funcionarios del Estado, cero privilegios para los ladrones del horario público, muerte política a los corruptos, pliegos claros para evitar la contratación tramposa y a dedo, observación ciudadana a los contratos; rendición de cuentas de los congresistas, diputados y concejales, y limitación de los periodos en cargos de elección popular.
Todas estas disposiciones estuvieron incluidas en algún momento en uno de los ocho proyectos de ley que buscaron materializar estas normas contra la corrupción. Si se logran los votos suficientes, el Congreso tendrá un plazo de un año para tramitar las iniciativas que presenten el grupo promotor de la consulta y el presidente de la República, quien, al término del plazo de doce meses, si el Legislativo no ha cumplido, podrá establecer por decreto los siete mandatos.
Infórmese en detalle sobre cada punto de la consulta anticorrupción:
Cárcel para corruptos, el punto dos de la consulta anticorrupción
En busca del fin de la contratación a dedo: tercer punto de la consulta anticorrupción
Veeduría ciudadana para acabar con la ‘mermelada’, cuarto punto de la consulta anticorrupción
Poniendo la lupa a la gestión de los congresistas, el punto siete de la consulta anticorrupción
Ingresos injustificados, al desnudo: el sexto punto de la consulta anticorrupción
El séptimo mandato de la consulta anticorrupción, en busca de la renovación política
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