La implementación del Acuerdo en el primer año de Duque, según oposición e independientes

Veinte congresistas firmaron un largo informe que entrega detalles sobre la implementación del Acuerdo de Paz en los primeros 365 días de gestión del presidente Iván Duque Márquez. Además de críticas, opositores, independientes y unos cuantos del Partido de la U le dan recomendaciones al mandatario.

En Leyva (Nariño), campesinos se han acogido al programa de sustitución de cultivos ilícitos.
En Leyva (Nariño), campesinos se han acogido al programa de sustitución de cultivos ilícitos.Mauricio Alvarado - El Espectador
 
 


En un extenso informe de 122 páginas, congresistas de los partidos declarados en oposición, los independientes y algunos del Partido de la U, declarado como colectividad de gobierno, presentaron varios reparos a la implementación del Acuerdo de Paz por parte del presidente Iván Duque Márquez en su primer año de mandato.

Según el documento, Gobierno Nacional, en cabeza de Duque, ha hecho una aproximación a la implementación “desde una narrativa contradictoria”. “En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo. Mientras tanto, en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y combatientes".

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Los congresistas firmantes del documento (Juanita Goebertus, José Daniel López, Carlos Ardila, David Racero, John Jairo Cárdenas, Wilmer Leal, Catalina Ortiz, David Pulido, Angélica Lozano, John Jairo Hoyos, Harry González, Temístocles Ortega, Roy Barreras, Iván Cepeda, Luis Fernando Velasco, María José Pizarro, Katherine Miranda, Neyla Ruiz, León Freddy Muñoz y Mauricio Toro) aseguran que el Gobierno niega la existencia del conflicto armado y se refiere a este como “condiciones de violencia y marginalidad”. Además, indica que “el 57 % de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República”.

Por ejemplo, indican en un gráfico que de 41 normas que se requieren para la Reforma Rural Integral (RRI), se han expedido 11; 6 de 13 para la participación política; 16 de 25 para el punto de fin del conflicto; 2 de 7 para la solución al problema de las drogas ilícitas; 6 de 7 para la implementación del acuerdo sobre víctimas; y 7 de 11 para e punto de verificación y refrendación.

En ese mismo sentido, lanzan críticas a las partidas presupuestales que han sido determinadas para la implementación. Por ejemplo, que en el Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio 2018-2022 se incluyeron 37,1 billones de pesos para este asunto, lo que representa el 26 % del total de recursos necesarios para la implementación que se determinó a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 y el Plan Marco de Implementación.

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En cuanto a primer punto del Acuerdo, la RRI, se señala que el gobierno de Duque “ha desdibujado” la visión integral de dicha reforma y se han hecho esfuerzos aislados. “En el primer año del Gobierno Duque se ha generado acceso y formalizado un total de 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa el 8,7% de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras. Y eso partiendo de un plazo total de 12 años, cuando en realidad el Acuerdo habla de 10 años para formalización y de 7 años para zonas PDET”, dice el informe.

También señalan que la inversión que ha sido realizada en obras de infraestructura comunitaria en los municipios PDET es de apenas el 0,08 % del total de recursos requeridos. “Esto sin mencionar que en el territorio las comunidades que hicieron parte de la planeación participativa aún están esperando una respuesta más clara de parte del Gobierno respecto de cómo se va avanzar con el proceso de ejecución de los PDET. Y, en esencial, que el Gobierno dimensione que el componente participativo no es menor”.

Sobre el punto dos del Acuerdo, la participación política, expresan que tres de las grandes iniciativas del pacto por el fin del conflicto con las Farc, “no han tenido liderazgo” desde el Gobierno Nacional: las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la Reforma Política, y la garantía del derecho al voto en la ruralidad. También criticaron la reforma política que presentó el Ejecutivo, y que se hundió en el Congreso, porque “dicha reforma únicamente incorporaba cuatro de las recomendaciones de la Misión Especial Electoral: listas únicas y cerradas para la elección de congresistas, diputados y concejales; listas con paridad de género; financiación preponderantemente estatal de las campañas; y autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal del Consejo Nacional Electoral”.

En cuanto a la reincorporación, el informe precisa que, si bien el Gobierno Nacional ha aprobado 223 proyecto productivos, el 83 % de los excombatientes no están vinculados a ninguno. También mencionaron las condiciones de seguridad para los exmiembros de la guerrilla de las Farc y que desde agosto de 2018 hasta julio de 2019 han ocurrido 56 homicidios de exguerrilleros y, en total, ha habido 138 muertes de estos desde que se firmó el Acuerdo. “En cuanto al homicidio de líderes sociales, el Gobierno ha reportado que desde el 7 de agosto de han sido asesinados 68 líderes y lideresas sociales. Según eso, el Gobierno concluye que ha habido una reducción del 35 % en este fenómeno. Sin embargo, esta conclusión es seriamente cuestionable. Como lo ha explicado el profesor Rodrigo Uprimny, este dato está basado en cifras que aún están en proceso de verificación por parte de OACNUDH y se basan en períodos no comparables”.

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El informe también hace anotaciones sobre el punto de solución al problema de drogas ilícitas. Menciona el reciente corte de la ONU sobre cultivos de uso ilícito en el país y dice que no se puede asegurar que la reducción de 2.000 hectáreas sembradas entre 2017 y 2018 sea por la estrategia del gobierno Duque, porque sólo tuvo en cuenta cuatro meses del actual Gobierno. “Adicionalmente, es importante advertir que el 62 % de los lotes de coca identificados siguen ubicados en los mismos sitios, lo que demuestra que el Estado no ha sido capaz de transformar las condiciones que permiten que esos cultivos permanezcan en esos territorios. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que el número de operaciones de desminado suspendidas al mes se triplicó en lo corrido de 2019, pasando de 6 operaciones suspendidas en 19 meses de 2017 y 2018, a 7 operaciones suspendidas en 7 meses de 2019”.

Sobre el punto del Acuerdo referente a las víctimas, la oposición y los independientes dicen que, al ritmo que va la reparación de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas, “nos tomaría más de 62 años culminar el proceso de reparación”. “Durante el primer año del Gobierno de Duque se llevaron a cabo 45.091 indemnizaciones, mientras que el promedio anual venía siendo de 103.798 indemnizaciones al año. Eso implica que el Gobierno Duque está indemnizando a 56% menos víctimas al año”, anota el documento.

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Por último, habla sobre la verificación de la implementación y explica que uno de los principales retos de este punto es “la pérdida de relevancia del componente internacional de verificación como un mecanismo para resolver controversias y hacer observaciones sobre los avances en la implementación”. “El 23 de marzo de 2017 se designaron como Notables del Componente Internacional de Verificación al ex presidente español Felipe González y al ex presidente uruguayo José (Pepe) Mujica. Sin embargo, según el CINEP y el CERAC, no se ha hecho oficial una decisión sobre la continuidad del componente de verificación internacional”, concluye el informe de los congresistas.

Los firmantes del informe le piden al Gobierno Nacional una mesa interpartidista que permita sacar adelante la agenda legislativa que tenga que ver con la implementación, que se corrija la cuestión presupuestal en el Presupuesto General de la Nación para 2020, que se fortalezca la Agencia Nacional de Tierras, garantizar que la erradicación forzada sea la última opción, entre otras recomendaciones.

Lea aquí el informe completo

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-Redacción Política ([email protected])

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La implementación del Acuerdo en el primer año de Duque, según oposición e independientes

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