“La Ley del Vigilante es una regulación obsoleta”: presidente de Confevip

Para Díaz es viable que las empresas de vigilancia sean contratadas para la seguridad en las cárceles del país.

¿Cuál es la situación actual del sector de la seguridad privada, teniendo en cuenta la crisis por la pandemia del COVID-19?

Nos hemos visto muy golpeados en esta pandemia. Muchas compañías-cliente han cerrado instalaciones o reducido su operación, lo que ha afectado proporcionalmente a las empresas que brindan la seguridad en todas sus modalidades, pero lo que más ha afectado es el aumento de la cartera, ya que los clientes, en gran parte de los casos por la crisis, no tienen caja para el pago, impacto que recae con todo el peso en las empresas de vigilancia, que no tienen cómo cumplir con sus nóminas.

La crisis se evidencia entonces en la cartera...

Así es. El sector, a pesar de haber generado aproximadamente 23 mil empleos nuevos formales en esta época de COVID y de ser motor del desarrollo, bajo la premisa de que “sin seguridad no hay desarrollo”, se ha visto impactado por la descapitalización y el aumento desmedido de la cartera. Se espera que el Gobierno Nacional ofrezca alivios y medidas adicionales que respalden el compromiso del sector de la seguridad, que es un aliado incondicional de las entidades estatales que luchan por la prevención y el control del delito.

El gremio le pidió al Gobierno una línea de crédito especial para salvar a las empresas de seguridad, ¿en que quedó eso? ¿Entra ahí la línea de Bancóldex por $1.800 millones?

No, son cosas diferentes y este es uno de los logros del gremio durante el III Congreso Internacional de Seguridad, llevado a cabo recientemente por Confevip. Con Bancóldex se definió una línea de crédito de capital de trabajo hasta de $1.800 millones por empresa, que está en su fase inicial de implementación. Esos recursos serán usados para recuperación de cartera, desarrollo económico y transformación digital. Esta línea incluye dos opciones: la primera, un crédito con respaldo de facturas contra entidades públicas, la garantía-firma de la sociedad y cesión de los derechos económicos de facturas corrientes y/o vencidas, con fecha de máximo a 90 días. Y la segunda, denominada factoring o descuento de facturas o de créditos, emitidos a un pagador reconocido (empresa pública o privada), con recursos del vendedor del título, quien responde ante el no pago por parte de su cliente. Quedan abiertas las puertas para las gestiones de los empresarios.

¿Ha servido y se ha cumplido la Ley del Vigilante de 2018? La verdad, se siguen conociendo quejas por abusos laborales…

Las empresas han cumplido con esta ley, a pesar de tener deficiencias y requerir una reforma urgente, siendo esta regulación obsoleta en muchos de sus apartes y no ser coherente con los lineamientos del Gobierno Nacional en recuperación económica, que incluye fomento y apoyo a las empresas que generan empleo formal en el país, como lo son las de la seguridad privada. Son modificaciones que ya están en proyectos de muchos senadores de la República a corto plazo. Las empresas de seguridad han contratado personal con algún tipo de discapacidad de forma importante, han adquirido los seguros para los guardias y cumplido con toda la regulación laboral establecida, como turnos de trabajo y remuneración justa. Los casos puntuales de no cumplimiento, que no son la regla general, deben ser sancionados.

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¿Qué han hecho para mejorar los filtros en la contratación de nuevos vigilantes?

La implementación de procesos de contratación de personal ha sido estricta, acorde con la ley e incluyente. Se ha garantizado con estudios de seguridad, objetivos y trazables, que el personal que labora brindando seguridad y bienestar a los ciudadanos, infraestructura y empresas sea óptimo, comprometido y confiable. Ello se ha manifestado en acciones, heroicas en algunos casos, que han generado confianza en las instituciones y un ambiente más seguro dentro de la hostilidad de la pandemia por las necesidades económicas que esta produjo en la sociedad.

Se han planteado propuestas como que los vigilantes sean informantes para el Estado, a través de una red de cooperación con la Policía. Hay quienes ven riesgos, hablan de la “privatización” de la seguridad e incluso del resurgir de las Convivir. ¿Usted qué piensa?

En el reciente Congreso Internacional de Seguridad de 2020, expertos internacionales y locales definieron que la articulación de los esfuerzos entre las empresas que prestan servicios de seguridad privada y las instituciones públicas, incluyendo la Policía y la Fiscalía, es la mejor opción para prevenir y luchar contra el delito. Los guardias -o mejor llamados hombres y mujeres de seguridad- deben estar en contacto permanente con la Policía y compartir información que permita la captura y judicialización de los delincuentes, con todas las evidencias y pruebas que requiere la ley, aspecto en que se está fallando en muchos casos por la falta de información, fallas en los tiempos de suministro de esta y de coordinación entre los actores que participan en la prevención y control. La seguridad debe ser un derecho de los ciudadanos, y el hecho de que el componente privado tenga una proporción muy alta indica que los recursos del Estado no son suficientes para brindarla a la sociedad de forma autónoma. Es un esquema exitoso en todas las naciones del mundo y, en Colombia, se requiere de una buena regulación estatal y control de la ilegalidad en empresas de seguridad, que es donde está el verdadero problema.

Otra propuesta es que las empresas de vigilancia fueran contratadas para la seguridad en las cárceles, ¿usted lo ve viable?

Es la mejor alternativa y es viable. En muchos países del mundo, como Brasil, Estados Unidos y España, este modelo se ha implementado con éxito. Allí las empresas de seguridad construyen, administran y dan seguridad a los centros penitenciarios. Este esquema ha permitido la reducción de la reincidencia en el delito y una resocialización más efectiva de los presos; de igual forma, hay reducción de los costos para los Estados y un impacto social y humano altamente positivo, con la generación de condiciones más beneficiosas para los reclusos, en cuanto a la eliminación del hacinamiento y mejoramiento de las condiciones de habitad, eliminando la violación de los derechos humanos y la violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos, como la dignidad, la salud, la integridad personal o los derechos a la familia y al trabajo.

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¿En qué consiste el convenio próximo a firmarse con la Fiscalía?

Nació de un interés permanente de los empresarios que brindan servicios de vigilancia y seguridad privada para establecer lazos sólidos con las autoridades y entidades estatales, y apoyar su gestión para contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana y al mantenimiento de la confianza pública. Busca unificar esfuerzos y brindar colaboración mutua para fortalecer la capacidad de la Fiscalía en su misión constitucional de ejercer la acción penal, investigar los delitos y reducir la impunidad, en el marco de las garantías y potestades constitucionales. Se pondrá a disposición de la Fiscalía toda la capacidad humana, operativa, logística y tecnológica, aportando cámaras, radios, celulares y equipos de comunicación en general, para contribuir eficientemente en el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos, de tal manera que el personal vinculado a los servicios de vigilancia y seguridad privada se convierta, dentro del marco legal definido para ello, en un aliado indispensable en las investigaciones adelantadas por la entidad y en el recaudo de material probatorio.

Expertos en ciberseguridad de Colombia y otros países determinan que para poder blindar a las empresas contra ciberdelitos debe contratarse a mínimo 3.500 profesionales y tecnólogos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo es lo del convenio firmado con la Universidad Sergio Arboleda para capacitar a personal del gremio?

La transformación social con la virtualización y digitación del mundo ha generado la necesidad de desarrollar nuevas competencias en el personal que brinda seguridad en las naciones. Se definen en dos dimensiones las competencias que deben desarrollar los empleados del sector de la seguridad pública y privada, una como soporte presencial como primeros respondientes ante cualquier evento o novedad y la segunda en trabajo remoto. Bajo la primera dimensión se debe desarrollar la capacidad de manejo de nuevas situaciones bajo el entorno sensible de la pandemia. El contacto físico con los usuarios debe evolucionar hacia mejoras en el trato al cliente y optimizaciones en las habilidades de actuaciones como primeros respondientes ante cualquier evento de seguridad. Bajo la segunda dimensión, que es la que más cambió en esta nueva realidad, es claro que la mayoría de los hombres de seguridad no son nativos digitales, lo que hace que la transformación se vaya dando progresivamente. Consecuentemente, las competencias digitales deben desarrollar habilidades diferentes entre las cuales están: la capacidad de manejar equipos de trabajo a distancia; conocimiento y habilidad para manejo de herramientas tecnológicas de la seguridad, como equipos de monitoreo, manejo de ofimática, conocimiento y manejo de redes sociales y apps. Surge también dentro del III Congreso Internacional de Seguridad, la consolidación de una alianza con la Universidad Sergio Arboleda y, en una primera fase, se lanzó un programa de formación para los líderes en Colombia y Latinoamérica en gestión estratégica de la seguridad para implementar todas las medidas de formación en nuevas competencias que requieren los hombres y mujeres de seguridad a nivel empresarial. En una segunda fase, con el apoyo de esta institución y el apoyo del Gobierno Nacional, se desarrollarán módulos de formación técnica especifica en nuevas competencias tecnológicas y virtuales que deben desarrollar todos los que trabajen en el sector de la seguridad y que estarán al alcance de todos.

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También habrá un convenio con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, ¿cuál es el propósito?

Ya se firmó este valioso convenio que se consolidó también en el marco del III Congreso Internacional de Seguridad desarrollado por CONFEVIP el pasado 11, 12 y 13 de noviembre. Su propósito es que el gremio de vigilancia y seguridad privada apoye la gestión institucional de la Consejería y contribuya a fortalecer sus políticas de inclusión, desarrollando acciones positivas en favor de las mujeres, por medio de la implementación de la equidad de género laboral en actividades que desarrolla el sector. Son 125.000 mujeres que se beneficiarán con capacitación y adicionalmente apoyar iniciativas en conjunto con la Consejería, que permitan el impulso y la ejecución de proyectos productivos para las esposas de los guardas, que generarán recursos en más de 125.000 familias potenciales en Colombia.

¿Alguna petición especial al gobierno del presidente Duque o se sienten satisfechos por la manera como han sido tratados?

Respaldamos la gestión del presidente y, bajo este precepto, para mejorar y optimizar los procesos que dan seguridad al país. El apoyo en la inclusión del gremio de la seguridad en los comités regionales y locales de seguridad ciudadana sería una acción de alto impacto para poder ser parte de las soluciones, teniendo en cuenta la importancia que tiene este sector en la economía del país, su experticia en la prevención del delito y en la cantidad de recurso humano, que supera en por lo menos de uno a tres a las fuerzas de policía en Colombia. De igual forma, el apoyo a estrategias que darán mejores resultados en cuando a prevención del delito, como son la aprobación de alianzas público-privadas para la administración y gestión carcelaria, la seguridad de eventos públicos y escenarios deportivos.