La lista de influenciadores a los que la Presidencia les pone el ojo

Los nombres y las cuentas de Twitter de por lo menos 450 personas aparecen en una base de datos que monitorea la Presidencia.

Foto: El Espectador

Un documento muestra una base de datos que contiene los nombres y las cuentas de Twitter de por lo menos 450 personas. En las dos primeras columnas están contenidos esos dos datos mencionad (nombre y cuenta), luego, en siete columnas siguientes están categorizados por “positivo”, “negativo”, “neutro” y “N/A”, durante los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, posiblemente, de 2019. El ejercicio sería un perfilamiento hecho por solicitud de la Presidencia de la República y hace parte de la investigación Pauta Visible, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

La lista está precedida por un cruce de correos entre Mateo Carvajal González, quien figura como director de proyectos de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones, y un contacto de la firma Du Brands, la misma que estuvo en el ojo de los medios a principios de este año cuando se conoció que había firmado un contrato de más de $ 3.000 millones, de recursos de la paz, para posicionar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales.

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En esa lista aparecen varios periodistas como Claudia Gurisatti, Salud Hernández-Mora, Vicky Dávila, Daniel Coronell, el caricaturista Matador, Luis Carlos Vélez, Daniel Samper Ospina, Félix de Bedout, Camila Zuluaga, Fidel Cano, Natalia Herrera, Claudia Morales, Diana Calderón, Julio Sánchez Cristo, María Alejandra Villamizar, Jorge Espinosa, Julían Martínez o Juan Pablo Calvás. También aparecen medios como El Espectador, El Tiempo o La Silla Vacía. También figuran políticos de la oposición, como Gustavo Petro, Iván Cepeda Castro, Clara López Obregón, Gustavo Bolívar o Jorge Robledo, entre muchos más.

“Se reitera que el listado construido por la compañía Du Brands se realizó a partir de criterios objetivos como es interacciones digitales que incluyen indicadores como los actores más relevantes de la red en término de número de seguidores e interacciones. Por tal motivo, no se cuenta con la identificación de las personas o perfiles”, señala uno de los correos que va dirigido al funcionario de la Presidencia.

Carvajal González responde: “Solicitamos ampliación de la misma teniendo en cuenta que en el listado relacionado en la misma se establecen nombres de usuarios o seudónimos sobre los cuales no es posible determinar su titularidad. En tal sentido: solicito se nos entregue nombre, y si es posible número de identificación, de las personas que son propietarias de las cuentas que figuran en la columna denominada ‘INFLUENCIADOR’ [sic]”.

Este aparte de la conversación electrónica es la que particularmente ha llamado la atención porque pide identificar a las personas detrás de las cuentas en Twitter. Eso, a pesar de que es claro en el listado que varios son perfiles anónimos.

“Esa lista es uno de los hallazgos más delicados porque deja en evidencia que hay una obsesión por parte de esta Gobierno, no solo por conocer qué se está hablando en redes sociales, sino por modular el debate público, más en redes sociales, en donde hay una esencia de libertad que no debería estar interferida por ningún gobernante”, comentó Jonathan Bock, subdirector de la FLIP y coordinador de la investigación.

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Para Bock, es preocupante que haya un contrato, es decir, dineros públicos de por medios, para hacer seguimiento a influenciadores: “Ese contrato se puede leer como que se parte de una premisa, y es que la mala imagen del Gobierno es una consecuencia de los comentarios que se hacen en redes sociales. El Gobierno busca saber quién está diciendo qué para ir a convencerlos de lo contrario. No solo es un indicio claro de que no se toleran comentarios críticos, sino que se quiere revertir y contrarrestar el ambiente de opinión.

Sobre la solicitud de identificación e información personal que hace la Presidencia a la firma Du Brands, Bock aclara que la petición de la FLIP nunca solicitó dicha información, sino la tabla de registro en la que se habían incluido los nombres de los influenciadores. Para la FLIP, no hay dudas de que hubo un perfilamiento: “Lo que queda claro de ese contrato es que perfilaron influenciadores para saber qué opiniones tenían sobre el gobierno y, según esa información, los categorizaron en positivo, negativo y neutro”.

Explicaciones desde Presidencia

Sobre el asunto habló el consejero de las comunicaciones de la Presidencia, Hassan Nassar, quien señaló en varias emisoras que el ejercicio se trata de un monitoreo y no de un perfilamiento. “El propósito es interactuar con los influenciadores, conocer el tono de la conversación. No solo se busca conocer los temas y quién los lidera, sino en qué va dicha conversación y a quienes les interesa”, comentó Nassar a Blu Radio.

Sobre la contratación, explicó que el contrato no solo tiene ese objetivo de monitoreo de redes sociales, sino que esa es solo una parte. “Du Brands presta, con total autonomía técnica, los servicios de estrategia de comunicación digital. El monitoreo es solo una de las obligaciones del contrato”, agregó.

De igual manera, explicó la solicitud de información personal de los influenciadores, específicamente, la cédula. “La FLIP solicitó la lista de los influenciadores con los que se concertaron reuniones, copia de los informes de actividad y si hubo una relación laboral de algún tipo”, señala. El consejero de las comunicaciones presidenciales señala que el número de cédula era necesario para verificar si había algún tipo de contrato laboral.

Sobre un tema similar hubo polémica en Medellín, a raíz de un trabajo de monitoreo de redes sociales que se hizo desde la administración de Daniel Quintero. Varios periodistas se quejaron de la contratación de la empresa Selecta Consulting Group en donde se hace una clasificación también de las personas según sus publicaciones en redes sociales. Algunos, por ejemplo, son llamados como “cibermilitantes”.

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