La lucha por aumentar la representación femenina parlamentaria

iStock

Para el cuatrienio 1978-1982, correspondiente al período presidencial del dirigente liberal Julio César Turbay Ayala, se repitió el escenario de los últimos períodos. Una escasa representación femenina en el Senado, pero mayor en la Cámara de Representantes. Una vez más, de manera solitaria, el conservatismo de Cundinamarca llevó a la Cámara alta a la exprimera dama Bertha Hernández. Sin embargo, la representación como suplente aumentó a ocho curules, la mayoría de ellas como voceras de los departamentos que tuvieron el mayor número de electores. 

Lea más: Retroceso en Senado y estancamiento en Cámara, así fue la participación femenina en 1974. 

La primera senadora suplente fue María Victoria Maya, dirigente liberal de Antioquia, de la lista de Guillermo Gaviria Echeverri. A la par, de la misma circunscripción electoral llegaron Ana Gómez de Sierra, acompañando a Jorge Valencia Jaramillo; y Lucy Jaramillo de Mora, en la lista de Estanislao Posada Vélez. El conservatismo del departamento del Cauca puso dos suplencias femeninas: Josefina Angulo de Garrido, en la lista de Mario Saul Vivas; y Alicia Doria de Angulo, que acompañó en la elección legislativa al senador Miguel Rengifo Rengifo.

El electorado de Cundinamarca alcanzó tres suplencias al Senado para la representación femenina. Ana Sixta González de Cuadros, acompañando a Roberto Arenas Bonilla; María Teresa Forero de Saade, como suplente de Álvaro García Herrera; y, una vez más, Migdonia Barón Restrepo, esta vez en la lista del senador electo Jaime Posada. El electorado conservador del mismo departamento, además de la citada Bertha Hernández, consiguió también que fuera escogida como auxiliar Margarita Escallón de Mallarino, acompañando a Pablo Julio Quevedo. 

La dirigente política conservadora del Huila, Olga Duque de Ospina, que ya había participado en el poder legislativo, fue senadora suplente de Álvaro Sánchez Silva. En el departamento del Quindío fue electa la última senadora suplente, Lucella Ossman de Duque, en la misma lista de Rodrigo Gómez Jaramillo. Aquel fue un Senado de curtidos políticos como Bernardo Guerra Serna, Federico Estrada Vélez, Mariano Ospina Hernández y J. Emilio Valderrama en Antioquia; Jaime Castro Castro en Boyacá; y Víctor Renán Barco, Rodrigo Marín Bernal y Omar Yepes Alzate en Caldas. 

De igual modo, estuvieron, entre otros, Augusto Espinosa Valderrama, Diego Uribe Vargas, Jaime Vidal Perdomo, Álvaro Gómez Hurtado, Hugo Escobar Sierra, Hernando Durán Dussán, Alfonso Gómez Gómez, Carlos Holmes Trujillo, Rodrigo Lloreda Caicedo y Gustavo Balcázar Monzón. También fue la plataforma política de nuevos valores de la dirigencia nacional como Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla. Por supuesto, del otro lado de estos renovadores líderes, llegó también Alberto Santofimio Botero, cacique político del departamento del Tolima.

Como se sabe, el gobierno Turbay Ayala se caracterizó porque de entrada puso en marcha un severo decreto enmarcado en las facultades de Estado de Sitio, conocido como el Estatuto de Seguridad, que se convirtió en piedra de discordia nacional. La drástica medida fue justificada como una forma de enfrentar a la subversión y el crimen organizado, con lo cual se le dieron amplias facultades a las Fuerzas Militares, incluso para adelantar consejos verbales de guerra a civiles. La norma fue expedida el 6 de septiembre de 1978, y desde ese momento fue el detonante de una intensa discusión política y jurídica. 

Sin embargo, los violentos pronto se encargaron de aportar hechos que terminaron dándole justificación a Turbay para su Estatuto de Seguridad. Inicialmente, el 12 de septiembre, fue asesinado en su casa el exministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas. El grupo armado que concretó el asesinato lo justificó como una represalia contra el funcionario que había representado la autoridad durante el Paro Cívico del 14 de septiembre de 1977. La noche del 31 de diciembre de 1978, el M-19 se encargó de asestar otro golpe que puso en alerta máxima al Gobierno y a sus Fuerzas Militares. 

Le puede interesar: Mujeres en el Congreso: la conquista del electorado. 

A través de un túnel de 75 metros de largo, excavado desde una casa en arriendo, el M-19 accedió a un depósito de armas en el Cantón Norte del Ejército, ubicado en el sector de Usaquén, y sustrajo 5.700 armas. A partir de ese momento, en la aplicación del Estatuto de Seguridad, la Fuerza Pública puso en marcha una ofensiva generalizada contra el M-19 y, de paso, contra todo lo que el criterio del Ejército tuviera carácter subversivo. En medio de los señalamientos del ministro de Justicia, Hugo Escobar Sierra, el debate sobre las facultades del Estatuto tomó perfil nacional. 

El Congreso de la República no fue ajeno a la discusión pública, y hasta la Iglesia católica, una vez más, terminó interviniendo para exigir que no se acuñara la tortura como método para garantizar  seguridad. En medio de innumerables detenciones, los columnistas de opinión polarizaron sus criterios en favor o en contra del Estatuto, y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se encargaron de que la controversia llegara al exterior. En marzo de 1979, se realizó en Colombia el Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y el tema de fondo no podía ser otro que el Estatuto. 

A ese evento, presidido por el excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa, acudieron, entre otros, Luis Carlos Galán, Gerardo Molina, Roberto Arenas Bonilla, Gilberto Vieira, y se constituyó un comité para hacerle seguimiento al tema, encabezado por el escritor Gabriel García Márquez y con la participación de Socorro Ramírez, Apolinar Díaz Callejas, Luis Carlos Pérez, María Eugenia Rojas y Alfonso Reyes Echandía, entre otros. El caricaturista del periódico El Espectador, Héctor Osuna, resumió el debate sobre el Estatuto con una original conversación entre los caballos testigos de los abusos en las caballerizas de Usaquén. 

El 27 de febrero de 1980, el M-19 se tomó por asalto la sede de la embajada de la República Dominicana en Bogotá, donde se celebraba el aniversario de independencia número 136 de ese estado caribeño. Diecisiete embajadores quedaron en calidad de rehenes, entre ellos el de Estados Unidos, Diego Ascencio, con lo que generó una nueva crisis de orden público. Inicialmente, por la exigencia del grupo insurgente de liberar a todos los miembros del M-19 que estaban presos en las cárceles, lo cual dio lugar a una intensa negociación con delegados del Gobierno. 

Al final, la liberación de los guerrilleros no se dio, pero la toma guerrillera se prolongó hasta el 27 de abril, cuando los guerrilleros del M-19 viajaron a Cuba, en compañía de sus rehenes, y tras haber recibido una gruesa suma de dinero. Fueron dos meses en los que la toma de la embajada de la República Dominicana ocupó el interés de los medios de comunicación, la dirigencia política y la opinión pública internacional. De manera simultánea, se realizaron las elecciones regionales en Colombia que dieron como ganador al nuevo dirigente de la política colombiana: Luis Carlos Galán. 

Lea también: Pioneras en el Congreso: la lucha que antecedieron las sufragistas.

Claramente apoyado por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, el senador Galán constituyó el Nuevo Liberalismo como una disidencia del partido de gobierno y en contra de las políticas de la administración Turbay. Su alta votación en las elecciones del 9 de marzo de 1980, lo catapultaron como el estandarte de una nueva generación política opuesta al clientelismo turbayista. Pero en Antioquia, por ejemplo, Bernardo Guerra Serna barrió con sus opositores, y eso mismo sucedió con los principales caciques electorales regionales que consolidaron sus maquinarias electorales. 

A mediados de 1980, producto de las nuevas realidades políticas y del incesante debate por el Estatuto de Seguridad, el presidente Turbay promovió una reforma ministerial a fondo y, poco a poco, se fue encaminando hacia la posibilidad de acceder a diálogos con la insurgencia, previo a una ley de amnistía. La discusión se prolongó hasta marzo de 1981, cuando el Gobierno sancionó esa ley. Sin embargo, esa misma semana rompió relaciones diplomáticas con Cuba, a cuyo gobierno acusó de financiar a la guerrilla colombiana. Los grupos insurgentes, en especial el M-19, rechazaron la ley de amnistía. 

En términos generales, fue un agitado cuatrienio y en el Congreso la figura central de los debates fue Luis Carlos Galán. En la medida en que se fue acercando la pelea por la Presidencia para 1982, quedó claro que el liberalismo quedó irreconciliablemente dividido. Como si fuera poco, en el Legislativo, con el liderazgo de William Jaramillo,  cobró forma una discusión que ya gastaba ríos de tinta en los periódicos. El escándalo financiero protagonizado por varias instituciones del mundo crediticio, entre ellas, el grupo Grancolombiano, que dio lugar a un prolongado debate en las comisiones económicas del Senado y la Cámara. 

En esta última corporación, participaban dirigentes políticos que habrían de tener figuración en el ámbito nacional y regional. Como los representantes liberales de Antioquia Jaime Enríquez Gallo y Carlos Mauro Hoyos; o los liberales de la Costa Atlántica, Francisco José Jattín, Jorge Ramón Elías Náder, Román Gómez Ovalle y Miguel Pinedo Vidal. También fue la época en que empezaron su proyección política nacional el representante por Risaralda, César Gaviria Trujillo; el representante por Santander, Horacio Serpa Uribe; y el representante por Cundinamarca, Álvaro Leyva Durán, entre otros. 

Las diez representantes principales de este cuatrienio 1978-1982 fueron Sonia Olaya Córdoba, del liberalismo de Antioquia; la representante liberal de Boyacá, María Izquierdo de Rodríguez, que hizo historia por la vehemencia de sus exposiciones; la política caldense Dilia Estrada de Gómez, que ya había pasado por el Congreso; la dirigente liberal Alegría Fonseca de Ramírez, también experimentada en el ejercicio legislativo, lo mismo que sus colegas, esta vez apoyadas por el electorado de Cundinamarca, Hilda Martínez de Jaramillo, Luz Castilla de Melo y Consuelo Lleras. 

También oficiaron como representantes principales a la Cámara en ese agitado cuatrienio Teresa Gómez de Segura, del conservatismo de Cundinamarca; Carlina Restrepo Ruiz, del conservatismo antioqueño, con suplencia de Anita Ramírez de Hernández; y la dirigente conservadora Cecilia Vélez de Vélez, con suplencia de Margarita Díaz de Puerta. Las demás representantes secundarias fueron Marta Oliva Ibarra Gutiérrez, acompañando al representante Bernardo Ruiz Velásquez; y Juliana Goenaga de Arteta, en la misma lista de el conservador del Atlántico, Alfredo Mercado O’Brien. 

Con ellas participaron también Nahir Saavedra de Devis, en la lista liberal de Boyacá que llevó al Congreso a Enrique Molano Calderón; la dirigente liberal de Caldas Amparo Ramírez de Céspedes, acompañando a Alfonso Cano Molina; la dirigente liberal caucana Mary Díaz Castro, junto a Omar Henry Velasco; la política liberal de Cundinamarca Leonor Contreras de Russi, como suplente de Pablo Salazar de Heredia; Cecilia Fernández de Pallini, en compañía de Hilda Martínez; y Stella Zamora Barrero, conservadora de Cundinamarca, de la lista de Álvaro Leyva. 

Finalmente, pasaron por la Cámara en el cuatrienio Turbay, Luz Colombia de González, liberal del Chocó, suplente de Reyes Murillo; la representante conservadora del Huila, Luz Ángela Silva de Fernández; con Manuel Castro; la política liberal conservadora nariñense, Susana Guadalupe Montenegro, suplente de Eduardo Rosas; la dirigente liberal quindiana Pubenza Montoya de Alzate, en la lista de Samuel Grisales; las conservadoras de Santander, Luisa Emma Mantilla de Romero y Cecilia Morantes de Gabassa; la liberal tolimense Mélida Díaz de Garrido; y la conservadora del Valle, María Cristina Rivera de Hernández. 

Durante este período, cabe destacar el compromiso que adoptó el Estado al firmar la Convención sobre la Eliminación de todas forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, siendo este el documento más importante de esa organización sobre derechos de mujeres que fue ratificado por más de 180 países, que les sirvió, desde entonces, plataforma para diseñar política públicas que le reconociera a las mujeres los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

A finales de 1981, como había quedado advertido en los debates políticos, fue derogado el Estatuto de Seguridad y, en contraste, se constituyó una Comisión de Paz, encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, e integrada, entre otros, por monseñor Mario Revollo, el general Francisco Naranjo, César Gómez Estrada, Joaquín Vallejo Arbeláez, Jhon Agudelo Ríos y Gerardo Molina. Esta Comisión de Paz apenas duró siete meses y se disolvió hacia mayo de 1982, cuando seis de sus miembros, empezando por Lleras Restrepo, desistieron de la misión. 

Le puede interesar: La irrupción de las mujeres a la campaña presidencial en 1974.

En ese momento ya estaba en marcha el debate electoral por la Presidencia de la República con un Partido Liberal dividido entre las candidaturas de Alfonso López Michelsen, que buscaba repetir cuatrienio, y Luis Carlos Galán, con apoyo del Nuevo Liberalismo. Esta fragmentación fue determinante para que el dirigente conservador Belisario Betancur alcanzara la primera magistratura del Estado, aunque no con las banderas del conservatismo, sino como un movimiento suprapartidista que adoptó el nombre de Partido Movimiento Nacional, y que obtuvo 3.189.278 votos, equivalentes al 46.79%. 

Por la división liberal, López Michelsen apenas alcanzó 2.797.627 votos, correspondientes al 41.05% del electorado. A pesar de que Galán solo logró 745.738 sufragios, continúo siendo el político de mayor proyección nacional. El académico y dirigente de izquierda, Gerardo Molina Ramírez, en representación del Frente Democrático UNO-Firmes, obtuvo 82.858 votos, apenas el 1.22%. Florentino Porras, del Partido Reivindicación Popular, solo alcanzó 159. La derrota del partido de gobierno provocó un largo debate en las filas del liberalismo, que decidió hacerle oposición a Betancur. 

Como estaba anunciado, al mes del gobierno, el presidente Betancur creó una nueva Comisión de Paz de 31 miembros y emprendió diálogos con los distintos grupos guerrilleros, lo que llevó, dos años después, a la firma de acuerdos del cese al fuego con las Farc, algunos destacamentos del Eln, el Epl, la Autodefensa Obrera y el M-19. Sin embargo, al mismo tiempo que Betancur quiso buscar la paz, le estallaron dos guerras: la del paramilitarismo y la del narcotráfico. El ocaso de su política de paz fue el holocausto del Palacio de Justicia. Pero eso ya es parte de otra historia. 

Sin embargo, sin entrar en materia, frente a sus antecesores en el Estado, la era Betancur avanzó en la participación femenina en distintas misiones del gobierno, y alcanzó a tener tres ministras: Nohemí Sanín, en Comunicaciones; Doris Eder de Zambrano, en Educación; y Lilian Suárez Melo, en la misma cartera. Del período analizado en este trabajo, en tiempos del Frente Nacional, solo hubo una ministra, Esmeralda Arboleda. En la era López lo fueron Sara Ordóñez, en Comunicaciones, y María Helena de Crovo, en Trabajo. En la era Turbay, únicamente Mariestela Sanín de Aldana.

Conozca más sobre nuestro proyecto Libertadoras. 

Vea Mujeres en la política, una lucha que no cesa en Colombia