“La meta es que no haya ni un solo asesinato de ningún líder social”: Gobierno

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Plan de Acción Oportuna para responder a este flagelo se viene implementando con la mayor rigurosidad y reiteró que habrá mayor presencia estatal en las regiones.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tiene a su cargo la implementación del PAO. Archivo

Desde el municipio Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que el Plan de Acción Oportuna creado para hacerle frente a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se viene implementando con la mayor rigurosidad en aras de, según dijo, evitar que estos hechos se sigan registrando en el país.

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Al desarrollar la tercera ‘Mesa por la vida’, como han sido bautizadas las visitas del gobierno en las regiones, la jefe de la cartera política recordó que existen tres ejes fundamentales dentro del PAO que permitirán confrontar los asesinatos. “La meta es que no haya ni un solo asesinato de ningún líder social”, señaló Gutiérrez. Y agregó que la reingeniería en la Unidad Nacional de Protección, la presencia en el territorio y la comunicación para visibilizar el problema serán fundamentales.

“De parte del gobierno podemos decir que hemos trabajado arduamente. El PAO ha venido recorriendo los municipios y las ciudades que tienen mayor riesgo, se han generado 31 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y sobre ellas el gobierno ha actuado convocando a las entidades territoriales, a las organizaciones sociales y a las entidades que tienen responsabilidad”, explicó la alta funcionaria.

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Es de recordar que desde noviembre de 2018, el gobierno de Iván Duque lanzó el Plan de Acción Oportuna como una respuesta para coordinar a las entidades gubernamentales que tienen responsabilidades en la materia, el cual incluyó una estrategia tendiente a intervenir en las principales zonas afectadas por los homicidios de líderes sociales.

“Tal situación ha afectado principalmente a los defensores de derechos humanos y líderes sociales presentes en los departamentos de Nariño, Chocó, algunas zonas de Antioquia, Córdoba, Cauca y Norte de Santander, aunque no es un fenómeno exclusivo de estos territorios. Por el contrario, este se presenta, aunque con distinta magnitud, en municipios pertenecientes a 26 de los 32 departamentos del país, que tienen en común el encontrarse afectados por la presencia de actividades como la minería ilegal, los cultivos de coca, marihuana y amapola, y el desenvolvimiento de negocios vinculados con el narcotráfico”, explica el PAO.