Los fantasmas de Odebrecht

La “movida” del Partido la U en el proceso contra la campaña de Santos

En carta enviada al Consejo Nacional Electoral, el representante legal de esa colectividad dice que el expediente contra el expresidente prescribió. El organismo electoral evalúa el caso.

Para el 4 de octubre fue citado el expresidente Juan Manuel Santos ante el Consejo Nacional Electoral. / Archivo

A escasas tres semanas de que el expresidente Juan Manuel Santos y toda la plana mayor de su campaña reeleccionista del año 2014 tengan que declarar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de una indagación preliminar para establecer si ingresaron $3.850 millones de Odebrecht, una solicitud de archivo de esas pesquisas podría frenar en seco el expediente. La petición de Álvaro Echeverry Londoño, actual secretario y representante legal del Partido de la U, fue radicada el 30 de agosto pasado y remitida a los nueve magistrados del CNE para su estudio inmediato. La petición deberá ser contestada en los próximos días por la comisión del tribunal electoral que hoy rastrea las cuentas de la campaña Santos 2014.

Dicha comisión, integrada por los magistrados Doris Méndez, Luis Guillermo Pérez y Renato Contreras, dispuso el 13 de agosto último la apertura de una investigación con el fin de corroborar las confesiones que le hizo a la Fiscalía el empresario Andrés Sanmiguel Castaño, quien contó que a través de su empresa Gistic Soluciones Integrales se canalizaron millonarios recursos para la campaña reeleccionista. En criterio de los magistrados investigadores, esta revelación merecía una constatación por parte del CNE, no obstante que los hechos ocurrieron en junio de 2014 y, para muchos, la facultad sancionatoria del organismo electoral ya no podía operar.

Justamente esa es la tesis de Echeverry Londoño: que este expediente nació muerto. “De las anteriores precisiones se concluye que caducó de pleno derecho desde 2017 la facultad sancionatoria del Consejo Nacional Electoral en los términos expuestos en este escrito, al haber transcurrido más de tres años desde 2014 a partir de la ocurrencia de los hechos que dan origen a la presente indagación preliminar”, se lee en el documento de 13 páginas conocido por El Espectador. Tras citar los fallos del tribunal electoral y de otras autoridades administrativas, Echeverry Londoño concluye que en todos los “hechos relacionados con la financiación de la segunda vuelta de la campaña presidencial del doctor Juan Manuel Santos operó el fenómeno de la caducidad”.

La solicitud del representante legal del Partido de la U no dice nada sobre el fondo de las denuncias contra la campaña, es decir, las revelaciones del empresario Sanmiguel Castaño. Tan solo recoge la cronología de sus acusaciones y reitera que, como los hechos supuestamente ocurrieron en 2014, esta nueva indagación tiene, cuando menos, año y medio de prescripción. La génesis de esta controversia se remonta al 12 de junio de 2018. Ese día, durante más de una hora, Andrés Sanmiguel Castaño le narró al fiscal Daniel Hernández cómo y por qué prestó su compañía y sus cuentas en junio de 2014 para que ingresaran $3.850 millones que después le entregó al empresario Esteban Moreno, jefe de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en el Valle del Cauca.

Moreno, llamado a imputación de cargos por la Fiscalía, ofició antes como gerente de la campaña al Congreso del Partido Liberal por designación de Simón Gaviria. De acuerdo con el relato de Sanmiguel —también investigado, así como otro de sus socios, el empresario David Portilla—, esos $3.850 millones le fueron consignados a su cuenta el 9 de junio de 2014. “Fue para la segunda vuelta (…) Ellos me dijeron que era urgente sacar la plata porque eso era para las campañas, para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos”, sostuvo. Y agregó que dichos recursos provenían de un contrato simulado con la firma Consol, el consorcio creado por Odebrecht, Episol y CSS Constructores para ejecutar las obras de la Ruta del Sol 2.

Su testimonio es indirecto, pues no le consta que, efectivamente, esa plata hubiera entrado a la campaña. Sanmiguel Castaño tan solo dice que oyó a sus exsocios afirmar eso. Sin embargo, en aras de constatar sus aseveraciones, el CNE comenzó sus pesquisas y ordenó escuchar no solo al expresidente, sino también al tesorero de la campaña, Gilberto Contreras Morales, a la auditora Aracely Rojas Salinas, al entonces representante del Partido de la U, Óscar Orlando Rueda, y al gerente de la campaña, Roberto Prieto Uribe, condenado ya por la justicia. Todos, en teoría, deberán declarar entre el 3 y el 4 de octubre próximos. Sin embargo, la petición de que se archive este expediente tendrá que resolverse antes y tiene a varios magistrados inquietos.

Algunos consideran que la figura de la caducidad no opera, pues fue apenas en junio de 2018, tras la declaración de Andrés Sanmiguel a la justicia, que se conocieron estos nuevos hechos. Otros son de la tesis de que la compulsa de copias de la Fiscalía al CNE los obliga a investigar el caso. Incluso ya se baraja la posibilidad de proponer una especie de audiencia pública, como las que hace la Corte Constitucional, para escuchar las voces de expertos en la materia sobre los alcances de la figura de la caducidad. Para ello serían convocados voceros de distintas universidades, juristas y hasta delegados de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Está claro que este nuevo expediente contra el expresidente Santos empieza a causar revuelo en el CNE.

Alfonso Portela, abogado del expresidente Santos, señaló que “si bien es cierto que la caducidad es una figura jurídica completamente aplicable al caso, él está interesado en que se aclaren los hechos y que haya un pronunciamiento de fondo, porque tenemos la tranquilidad de que esas acusaciones no tienen nada que ver con la campaña”. Asimismo dijo que la próxima semana le pedirá al CNE que le abra la posibilidad al exmandatario de contestar un cuestionario, ya que, por su fuero, este tipo de versiones se hacen siempre de esa manera .

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2019-09-14T21:00:00-05:00

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Juan David Laverde Palma

Política

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