“La pandemia afectó nuestras metas de 2020”: Andrés Castro

“La verdadera restitución es cuando la gente vuelve”, dice Andrés Castro. / Cristian Garavito

Foto: Cristian Garavito

Hace poco menos de un año, la Unidad de Restitución de Tierras tuvo que detener su labor en seis municipios del nordeste antioqueño debido a la violencia de los grupos paramilitares y guerrilleros que operan en la zona. Entre los municipios que se vieron afectados con la medida estaban Amalfi, Dabeiba y Briceño. Desde entonces, toda labor de proceso de restitución se frenó allí, mientras se acumulaban nuevas solicitudes de reclamantes.

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Hace una semana, en medio de la pandemia, la Unidad anunció su regreso a los tres municipios mencionados. La decisión es un gran paso, teniendo en cuenta que Antioquia es el departamento con más solicitudes de restitución en la actualidad. En diálogo con El Espectador, su director Andrés Castro habla de la labor de la entidad en estos tiempos de crisis por el COVID-19 y del proceso para reingresar a esas poblaciones azotadas por el conflicto.

¿Cómo ha trabajado la Unidad durante la pandemia?

Ya son cuatro meses en los que al principio se habilitó el acceso remoto al sistema para que los funcionarios siguieran trabajando desde casa. Eso funcionó relativamente bien. Se suspendieron en un principio todas las salidas a terreno, por lo que se afectaron las metas que nos habíamos fijado a comienzos de 2020. Íbamos a sacar 16 mil decisiones en etapa administrativa -que es la primera parte de los procesos- y luego a sacar una parte gigante de demandas en la parte judicial. Así como a centrarnos en esto último y en el cumplimiento de las órdenes. Haciendo cálculos, al final, la emergencia va a afectar un 20 % frente a lo que nos habíamos propuesto. Lo bueno es que se han habilitado los medios virtuales y ha permitido hacer dos o tres reuniones por semana para hacer seguimiento a las zonas de programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet). Esto llegó para quedarse.

¿Cómo es el acompañamiento a los reclamantes en este momento de emergencia por el coronavirus?

Eso ha sido una novedad. Se habilitaron todos los canales virtuales y redes sociales. Recibimos por ahí muchas solicitudes. Nos pusimos en contacto con los solicitantes para saber cómo están y contarles cómo van los procesos. Tenemos que recordar que la Rama Judicial suspendió los términos y de esta manera procedimos para darles garantías a los intervinientes. Ya se levantó la suspensión y nosotros también la hemos levantado, con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a volver a hacer estudios catastrales, levantamientos topográficos y otras pruebas sociales que hay que hacer en terreno. El acompañamiento ha sido, asimismo, a través de las líneas telefónicas y correos electrónicos. Vamos en unas 6 mil solicitudes en esos mecanismos.

Uno ve la situación de los líderes sociales en la pandemia, y el panorama para ellos ha sido difícil. ¿La situación de seguridad de los reclamantes cómo va?

En la Unidad tenemos un área de prevención, protección y seguridad. Cuando el solicitante expresa la condición de líder social, se busca establecer estudios de seguridad con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Cuando hay una amenaza, buscamos con la Defensoría el tema de las alertas tempranas y los planes de acción oportuna con el Ministerio del Interior. Ha habido situaciones muy delicadas en los territorios, me acuerdo ahora de San José de Uré, en el sur de Córdoba. Allá hubo unos asesinatos, pero los reclamantes que tienen medida preventiva con nosotros los hemos acompañado y han estado a salvo.

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Ustedes acaban de anunciar que la Unidad volverá a Dabeiba, Amalfi y Briceño, después de haber salido de allí. ¿Qué factores tomaron en cuenta para volver?

Hay que entender que Antioquia es el departamento con más solicitudes de restitución. Allá hay 21.506 solicitudes, y habilitadas 15 mil. Nos falta por tener aval de la Fuerza Pública en alrededor de 6 mil. Esas solicitudes están ubicadas donde hay fenómenos de alteración del orden público y presencia de grupos ilegales, que hacen que la seguridad no pueda ser garantizada. Los problemas de orden público están focalizados en el Bajo Cauca y en el nordeste. Esas dos subregiones tienen más de 3.756 solicitudes y aún faltan por intervenir 1.538, donde la Fuerza Pública no ha dado el aval.

Lo que pasó la semana pasada en un comité, en el que participaron representantes de la Fuerza Pública, es que se revisaron los municipios del nordeste antioqueño y encontramos que en Dabeiba, Amalfi y Briceño lo que se debía hacer era una verificación de ingreso al territorio. Un informe del Ejército nos dice que las condiciones de seguridad son buenas. Ahora estamos validando el riesgo por las minas antipersonales. Cuando ingresemos se empezará por las reclamaciones en cascos urbanos y después iremos por las cercanías, como son las vías principales. Luego nos iremos extendiendo haciendo un barrido hacia más lejos. El comienzo es mínimo, pero es la forma de destrabar el tema en estos territorios.

¿Qué les dijo propiamente el Ejército para volverlo a intentar en estos municipios?

En el transcurso de 2020 se había tenido reuniones para avanzar. En una última reunión pudimos ver que hay un cambio y eso nos da un impulso enorme. Esto es importante, sobre todo porque en el nordeste y en el Bajo Cauca tenemos un número de solicitudes enorme. Hay territorios como Arauca, que en los ocho años que llevamos de trabajo no se había podido entrar, y allá hay más de 2 mil solicitudes. También está el Catatumbo y toda la cuenca del Pacífico de Chocó y Nariño, donde hay solicitudes, pero no se ha podido entrar por seguridad.

¿Hay otras zonas donde han encontrado que pueden desbloquear los procesos de restitución?

Específicamente en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño hay muchísimas dificultades. Por eso lo que se logró la semana pasada es muy significativo, pero apenas es sobre el casco urbano y solo saldremos a terreno cuando Policía y Ejército lo digan. En otras zonas esperamos hacer el mismo ejercicio. Tenemos muchos interés en Tumaco, porque allá también hay un número muy alto de solicitudes. En Catatumbo, lo que es Tibú, también podrían hacerse cosas importantes.

Usted habla del Bajo Cauca, ¿hay avances en estas zonas donde hay una presencia de grupos paramilitares tan alta?

El Bajo Cauca y el nordeste antioqueño son un solo territorio PDET. Esta semana hubo una reunión institucional en la que comprobamos que hay 2.518 solicitudes habilitadas es esta zona. Con decisión de fondo hay 1.544 y en demanda otras 500. Esto es un proceso de justicia transicional en el que, después del fallo, nosotros hacemos el acompañamiento y los ayudamos con proyectos productivos que son concertados con esas mismas comunidades. También se lleva los servicios públicos y los demás elementos de vivienda rural que tienen vocación de transformar los territorios. La verdadera restitución es cuando la gente vuelve y nosotros les hacemos ese acompañamiento. En eso hemos hecho una inversión de cerca de $4.000 millones para proyectos de ganadería, porcicultura, piscicultura y otras actividades económicas, porque esta región tiene un potencial grande. Un elemento clave en el trabajo en estas zonas complejas es que la Corte Constitucional prolongó la vigencia de la ley con la que funcionamos. Esta se acababa en 2021, pero la Corte entendió que somos parte de la implementación de los Acuerdos de La Habana, y estos tienen un plazo hasta 2030.

¿Cuál va a ser el acompañamiento en el nordeste antioqueño?

Vamos a hacer las diligencias en campo con el acompañamiento de la Fuerza Pública. En la Policía Nacional, en Carabineros, se dispuso para hacer los levantamientos topográficos y catastrales, el recaudo de las pruebas sociales y algunas notificaciones en los predios. Nosotros logramos en el comité operativo, en el que participa la Fuerza Pública y la Procuraduría, las diligencias en los cascos urbanos de esos municipios. En la práctica, lo que va a pasar es que la Fuerza Militar y la Policía van a garantizar que se adelante el proceso. Con los directores territoriales ahora nos sentaremos y discutimos el cronograma de salidas a terreno y ellos validan dónde tienen una cobertura y definimos una fecha para ingresar a los territorios.

¿Cuáles son esas fechas para entrar a esos territorios?

En agosto arrancamos la validación y en septiembre se podría estar haciendo. Hay que ver es el tema de minas antipersonal. Ahora se está haciendo esa validación en Presidencia con el programa antiminas. Sin la verificación de que no hay presencia de esos artefactos no podemos ingresar. No podemos poner en riesgo a la Fuerza Pública y a nuestros funcionarios.

En un terreno ideal, ustedes dicen que estarían entrando en septiembre, ¿en cuánto tiempo las personas de estas comunidades podrían estar gozando de la restitución?

Lo que importa acá es cuando la gente pueda retornar. Lo que hacemos en la primera fase es puro proceso administrativo y es pura gestión. Allá hacemos una comprobación que permite reconocer a la víctima en la etapa administrativa y llevarla a la justicia para que en este proceso sea el tenedor de la tierra el que tenga que demostrar que tiene un mejor título y no como antes, cuando era la víctima la que tenía que demostrar que lo forzaron a vender a través de una lesión enorme en el negocio. Esos procesos duraban 20 años en el Incora o en el Incoder.

El proceso ahora es más sencillo y es mucho más rápido si el predio no tiene un segundo ocupante o un tercero que lo haya adquirido. Lo resuelve rápido el juez, queda fallado y de seis meses a un año, el reclamante ya tiene su predio y lo estamos ayudando con su proyecto productivo. Cuando hay un tercero, pues se demora un poco más, porque ese tiene que demostrar que está libre de culpa. Es un proceso contencioso. Esos son los casos que estamos buscando mejorar en la instrucción para que, cuando le llegue el juez, esté muy claro cuál es el levantamiento catastral, las pruebas y sea muy rápido. Eso sí, tiene que ser un debido proceso donde se garantice el derecho a la defensa de ese nuevo ocupante. En esos casos suben a tribunal.

¿Cuántas de estas solicitudes que han recibido son colectivas?

La ruta colectiva es de indígenas y de comunidades afros. Las reclamaciones colectivas no son muchas, pero los territorios sí son grandes. En restitución se ha resuelto constituir el territorio colectivo. La magnitud de estos territorios es muy grande, aunque los procesos son menores. Para que se entienda: en total se han reclamado más de 2 millones de hectáreas de territorios colectivos, mientras que en la ruta individual ha sido de alrededor de 700 mil hectáreas.

Hablando de restitución colectiva, ¿qué ha pasado con la comunidad indígena de Kalanitojo, en el Vichada, cuando ya se había hecho la entrega de los territorios?

No hemos podido hacer la restitución material. Tuvimos una restitución simbólica, donde se le entregó la sentencia, pero al interior de ese territorio hay colonos. Este es un problema muy generalizado en el Vichada, pues hay mucha gente que llegó hasta allá y practica la ganadería extensiva. No hemos logrado entregar la tierra a la comunidad de Kalanitojo porque esos colonos no se quieren ir. Estamos buscando con las autoridades hacer los desalojos.