La pelea por la Ley de Garantías

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La reforma al Código Electoral revivió el choque entre aquellos que piden suspender la veda para contratar en los últimos cuatro meses antes de una elección y los que piden que se mantenga como garantía a la oposición. El Gobierno estaría a favor de derogar artículos claves de la norma.

El pasado jueves 12 de noviembre, las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes sesionaron hasta altas horas de la noche para sacar adelante el proyecto de Código Electoral en su primer debate. Ya llevaban seis sesiones y más de 24 horas de tiempo real discutiendo la iniciativa con la que se busca reformar el sistema electoral. En las sesiones anteriores se había sacado adelante el voto electrónico, la ampliación de los horarios de votación y la entrega de poderes temporales al Ejecutivo para reformar la Registraduría. En el rostro cansado de los congresistas había un dejo de alivio, pues solo quedaba votar el artículo de la vigencia y las derogaciones, así como el título del proyecto. Algo que normalmente es mero trámite, pero en esta ocasión no fue así.

Normalmente, las derogaciones hacen referencia a las leyes que quedan desactualizadas con el nuevo articulado, pero en el proyecto de reforma electoral que llegó del Gobierno se incluyó entre las normativas invalidar los artículos 30, 32, 33 y el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Se trata de la Ley de Garantías Electorales, y los apartados que buscaban eliminarse hacían referencia a elementos pensados para equilibrar la balanza ante la posibilidad de la reelección presidencial y las prohibiciones de contratación directa, convenios interadministrativos y cambios de nómina en el Poder Ejecutivo, tanto nacional como local, durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. Además de otras restricciones, como evitar que recursos públicos sean prestados a las campañas o que candidatos inauguren obras.

La oposición puso el grito en el cielo y buscó retirar este apartado de la vigencia. El representante Juan Carlos Losada, liberal, pasó una proposición para este fin, pero esta fue derrotada. Por los lados de la Comisión Primera del Senado, la votación quedó empatada y varios miembros de la oposición, liderados por Gustavo Petro, amenazaron con desconectarse de la sesión virtual. “No puedo refrendar que se quite la Ley de Garantías en Colombia. He anunciado que lo que se viene es un gran fraude. Esa es la estrategia que se está cocinando aquí”, dijo el líder de Colombia Humana. Al final se reconsideró este punto porque, aunque se tenían las mayorías para pasarlo, sin la oposición, el nuevo Código Electoral perdía legitimidad.

El entuerto por la Ley de Garantías se solucionó de la siguiente manera: se aprobó una vigencia sin la derogatoria de los artículos y se nombró una subcomisión entre miembros de las bancadas de Gobierno y de oposición para encontrar un punto medio entre el pedido de derogar o mantener las prohibiciones en la contratación en los cuatro meses previos a las elecciones. Lo que se vivirá en las próximas semanas en esta célula temporal no es una discusión nueva. Desde la misma aprobación de la Ley de Garantías, en 2005, la controversia fue bastante álgida. El Congreso, con la aplanadora del entonces gobierno uribista y con lo que después se iba a conocer como la yidispolítica, sacó adelante la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial.

El sistema de pesos y balances quedó desequilibrado ante la posibilidad de que el presidente pudiera aspirar a un segundo mandato, pues tenía la máxima magistratura como megáfono de su campaña. En respuesta, como lo señala el representante del Polo Germán Navas Talero -que estaba desde esa época en el Capitolio-, la oposición pidió que se le otorgaran garantías estableciendo algunas prohibiciones y límites al primer mandatario en sus actuaciones para la segunda aspiración. Esta misma postura la expresó Petro, quien junto con Navas lideró en la Cámara la aprobación de esta ley: “Dijimos que dado que ya se había aprobado la reelección, era conveniente tener un sistema de garantías que permitiera que fuerzas diferentes pudieran participar con relativo éxito en las elecciones”.

Para sacar adelante esta ley se tuvo que negociar con el gobierno Uribe, que, según Petro y otros, “necesitaba de alguna manera darle una especie de barniz democrático a lo que había realizado en el Congreso: el cambio de la Constitución para reelegirse”. Al final, fue un sector de la izquierda el que trató de oponerse a dicho pacto con el Ejecutivo, pues consideraban que era una concesión para validar la reelección. Sin embargo, la ley salió adelante. Desde entonces han sido los mismos reclamos: los gobiernos locales aseguran que se quedan casi 10 meses de su mandato sin ejecutar, mientras que los órganos de control advierten que la contratación directa se acumula para los días antes de que entre en vigor dicha Ley de Garantías.

Sin embargo, la reelección hacía imposible que no hubiera ley. Pero como el gobierno de Juan Manuel Santos lideró una reforma para retirar esta figura, desde 2015 se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de tumbar las restricciones de contratación en época electoral. El propio Santos fue el primero en anunciar a los gobernadores y alcaldes que se derogaría la norma que tantos dolores de cabeza les había traído. Muchos celebraron, mientras que el uribismo, en ese momento oposición, prendió las alarmas y habló de una nueva fuente de mermelada. “Es preocupante que el presidente de la República haga este tipo de planteamientos, porque es reforzar una práctica perversa que afectó gravemente el pasado proceso electoral”, dijo el entonces senador Éverth Bustamante.

Al final, el compromiso de Santos por abolir la Ley de Garantías solo duró 11 días. Desde entonces, en el Congreso este tema no se había tratado hasta que la actual reforma electoral lo volvió a traer. Supuestamente, según algunos consultados, fue desde el mismo gobierno de Iván Duque que se pidió incluir las derogaciones de los artículos que restringen la contratación directa en elecciones. Por otro lado, miembros del Centro Democrático, como Édward Rodríguez, señalan que la petición vino de los gobernadores y alcaldes. El representante defendió la solicitud, ya que “se debe modernizar la Ley de Garantías”, pues se creó cuando había reelección. “Debe haber un equilibrio para que haya ejecución del presupuesto, porque estamos en pandemia y no haya politiquería con recursos públicos”, concluyó.

Lo dicho por Rodríguez es muy similar a lo pedido por Fedemunicipios, que ha venido diciendo que son más de 10 meses de mandato los que pasan los gobiernos locales sin ejecutar. Según Gian Carlo Gerometta, alcalde de Mosquera (Cundinamarca) y presidente de la agremiación, el problema no es de planeación, sino que tienen plazos muy ajustados para contratar y muchas veces, incluso, se hacen contratos sin cumplir con los requisitos para no chocar con la veda preelectoral. “Levantar la Ley de Garantías es un mensaje de mayor responsabilidad para no hacer contrataciones en contra de la norma”, concluyó Gerometta, quien añadió que “creemos 100 % en los órganos de control para investigar y sancionar sin necesidad de la Ley de Garantías”.

Esta postura no es compartida por la oposición, que insiste en que sin Ley de Garantías se perdería la seguridad de que “los dineros públicos no vayan a campañas políticas en elecciones”, según expresó Petro. Frente al argumento de que la Ley 996 de 2005 es un parón en la ejecución, el senador de Colombia Humana aseguró que vivió esa experiencia como alcalde de Bogotá y que se soluciona con “una mejor planificación”. En una misma línea, Navas enfatizó: “Un buen gobernante planea y no necesita contratar en esos momentos. En esos cuatro meses antes de las elecciones se contrata es para conseguir votos”.

Los argumentos de la oposición se apoyan en conceptos de organizaciones como Transparencia por Colombia y la Misión de Observación Electoral (MOE). La primera, en voz de su presidente, Andrés Hernández, reconoció que esta ley fue pensada para la reelección y es cierto que “les quita tiempo efectivo de gestión a las administraciones locales”. Sin embargo, recalcó que la solución es una mejor planeación, porque el riesgo de malversación de los recursos públicos aún está presente. “Si hubiera control de una autoridad electoral sólida e independiente, no tendríamos que necesitar la ley”, concluyó Hernández.

En un camino similar, Alejandra Barrios, directora de la MOE, aseguró que, actualmente, el tema de la Ley de Garantías es el más importante de la reforma electoral y expresó que “es falso que sin reelección no se necesite”, debido a que “no implica que no se puedan desviar recursos para contratar y así favorecer una campaña”. Además, destacó que la ley no frena la gestión de los alcaldes, debido a que “en ningún momento se está diciendo que no pueden licitar, sino que no pueden contratar a dedo a través de la contratación directa”. Y concluyó: “No hemos logrado encontrar un argumento en el que veamos que para el país es mejor hacer contratación directa durante la época electoral, prestar bienes del Estado para campañas o inaugurar obras con los candidatos”.

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