La propuesta de Sofía Gaviria para darles curules a las víctimas

La senadora liberal ya radicó un proyecto de acto legislativo que le otorga también 16 curules a las víctimas de los grupos armados ilegales, otorgadas de forma proporcional según el origen de sus victimarios y guardando proporcionalidad con las que se le dieron directamente a las Farc.

La senadora liberal Sofía Gaviria en la radicación del acto legislativo. Archivo particular

Conocido el limbo en torno al acto legislativo que busca otorgarles 16 curules especiales transitorias en la Cámara de Representantes a las víctimas del conflicto, a las movidas jurídicas del Ejecutivo para intentar salvar la iniciativa se suman ahora las propuestas que salen desde el mismo Congreso de la República —sí, el que lo hundió— para que esas víctimas tengan voz y representación en este que, se supone, es el máximo escenario de la democracia.  Se trata, en concreto, de otra reforma constitucional radicada por la senadora Sofía Gaviria, del Partido Liberal, que igualmente propone 16 curules para las víctimas de los grupos armados ilegales, otorgadas de forma proporcional según el origen de sus victimarios. La otra idea no es más que una petición directa hecha por el representante Andrés Villamizar, también liberal, a los partidos políticos, para que el 10 % de sus listas al Senado estén conformadas por víctimas.

Sofía Gaviria, hermana del asesinado exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y gestora de la Federación de Víctimas de las Farc, siempre sostuvo en sus discusiones en el Capitolio que el acto legislativo de las 16 curules especiales no respetaba ni protegía a las víctimas, sino que, por el contrario, la invisibilizaba a partir de la falta de legitimidad y la desproporción de beneficios y empoderamiento de los victimarios. “El Acuerdo con las Farc es un acto político, y como tal, sus móviles y finalidades deben conservar proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y respeto al núcleo esencial del Estado, que es la democracia social, legitima y participativa, como un valor fundante y superior a la paz y la justicia”, enfatiza la congresista en la exposición de motivos de su iniciativa.

¿Qué propone? Que se cree la Circunscripción Nacional Especial de Víctimas con la finalidad de reparar colectivamente a los más ocho millones de afectados por los grupos ilegales. Eso sí, conservando el equilibrio frente a las 10 curules directas que el Acuerdo le otorgó a la desmovilizada guerrilla. Serían entonces 16 puestos en la Cámara – transitorios y durante el tiempo que dura la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que son 10 años- distribuidos así: 10 curules serán territoriales para víctimas de las Farc de los 170 municipios determinados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, y seis serán nacionales para todas las víctimas. Se les deberá reconocer una personería especial, una financiación y un acceso privilegiado a los medios de comunicación nacional y regional, cuyo uso debe estar acorde al de los demás partidos políticos.

Quienes se postulen a través de esta circunscripción especial deberán inscribirse ante el Registrador Nacional o la autoridad delegada, ser ciudadanos colombianos en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección. Solo podrán participar como candidatos quienes sean víctimas reconocidas en el registro de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y quienes sean postulados por organizaciones de víctimas que hayan sido creadas antes del 1° de diciembre de 2016. Además, las listas deberán garantizar la equidad de género y los principios de universalidad, paridad y alternancia.

Ya en lo que tiene que ver con quienes aspiren a las 10 curules por ser víctimas de las Farc, deberán ser oriundos o tener domicilio por un tiempo superior a cuatro años en un municipio que conforme el circuito regional electoral por el que se inscribió o que el hecho victimizante hubiera ocurrido en uno de ellos. Se requiere, además, ser postulados por las organizaciones de víctimas de ese grupo, con trabajo efectivo de defensa de las víctimas en esos territorios. Y los que aspiren a ser elegidos en las seis curules por la circunscripción de víctimas del ámbito nacional, deberán ser víctimas registradas ante la UARIV, además de haber acreditado como mínimo cuatro años ejerciendo actividades en defensa de los derechos de las víctimas y ser postulados por alguna organización acreditada con más de tres años de existencia.

El acto legislativo de Sofía Gaviria, que cuenta con el apoyo de varios partidos sectores políticos, entre ellos el uribismo, establece también obligaciones del Gobierno en cuanto a brindar las  máximas medidas de seguridad para los candidatos víctimas, mientras que la elección en esta circunscripción especial será mediante el sistema de cociente electoral. El umbral mínimo de votación de cada lista de esta circunscripción será del 20 % de los votos totales respectivos y las organizaciones que no alcancen el quórum mínimo no tendrán derecho de reposición de votos y no podrán postular aspirantes para la próxima elección. Asimismo, ninguna persona podrá votar simultáneamente por un candidato a la Cámara de circunscripción territorial y por un candidato a la Cámara de circunscripción especial. 

Son los principales detalles de la iniciativa. Uno de los inconvenientes que afronta, de entrada, es el tiempo, pues por ser una reforma constitucional y al no estar vigente ya el "fast track", deberá tramitarse en dos períodos legislativos, es decir que arrancaría en marzo del próximo año y terminaría en diciembre. Y las elecciones a Congreso con precisamente en marzo y la posesión de los nuevos representantes a la Cámara el 20 de julio. Así las cosas, se tendría que incluir en el acto legislativo algún punto adicional o parágrafo para que se programe alguna fecha especial para la elección y que su posesión se haga a finales de 2018 o ya en 2019. El Legislativo tiene la palabra.