Según Miguel Ángel Díaz, se necesitan $1,2 billones para resolver el asunto

La propuesta para enfrentar el hacinamiento carcelario

El gremio de la seguridad privada le ha propuesto al Gobierno hacer una alianza pública-privada para construir 30 cárceles con cupo para 60.000 reclusos. Además de resolver la sobrepoblación carcelaria se propone un nuevo modelo de administración y resocialización de los reclusos.

El hacinamiento carcelario en Colombia, según la Defensoría del Pueblo, es de 39.639 reclusos; es decir, del 49,42 %. / Archivo - El Espectador.

La Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada ha venido construyendo una propuesta para enfrentar el problema del hacinamiento carcelario, la reincidencia de quienes han estado privados de la libertad y cómo reducir los costos de mantenimiento de los reclusos. El documento ya está en manos del alto consejero para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, y ha sido encargado para llevar los detalles de la iniciativa ante los oídos del presidente Iván Duque. Según la Defensoría del Pueblo, el sistema penitenciario tiene capacidad para 80.203 reclusos, pero en el momento se tiene registro de 119.842 personas privadas de la libertad, lo que indica que hay 39.639 presos por encima de la capacidad del sistema; es decir, un hacinamiento del 49,42 %.

En este contexto, la propuesta del gremio de la seguridad privada plantea la creación de una alianza pública-privada que permita la construcción y administración de treinta cárceles. Cada una con capacidad para 2.000 reclusos, lo que habilitaría 60.000 cupos. “El Estado colombiano tiene una deuda social con los derechos humanos en el tema de las cárceles. Es un hecho evidente, un tema endémico que, generación tras generación, se ha venido acrecentando. Siempre hemos escuchado que existe el hacinamiento en las cárceles, también hemos escuchado que las cárceles son una universidad del delito y últimamente han salido informaciones que apuntan a que el manejo penitenciario se ha convertido en un foco de corrupción”, explica Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada.

Según Díaz, este problema se soluciona con $1,2 billones, que permitirían la construcción de treinta establecimientos carcelarios. “La propuesta tiene tres efectos para enfrentar el problema carcelario: uno, que todos los presos podrían trabajar o estudiar; mejor dicho, ser productivos. De tal manera que se cumpliría con el objetivo romántico y soñador del sistema carcelario: la resocialización en las cárceles. Segundo, tenemos estadísticas a escala mundial de que la reincidencia en cárceles privadas está entre el 7 y el 14 %; en cambio, en las cárceles públicas la reincidencia es del 70 %. De manera que cumpliríamos con el segundo propósito: evitar la reincidencia. Tercer propósito: hacer eficiente la administración de estos espacios. El sector privado es eficiente y eficaz. El dinero tiene un costo en el tiempo y tiene un costo de oportunidad. Nosotros no compraríamos colchonetas de $1’000.000, como se denunció en el último escándalo de USPEC. Y además estamos en condiciones de respetar los derechos humanos, que exigen que los presos estén en condiciones dignas”, detalló.

El empresario de la seguridad privada argumenta que con este nuevo sistema de alianza pública-privada el Estado se ahorraría pérdidas millonarias por cuenta de fallos internacionales en que se condena al Estado colombiano por violar los derechos de los reclusos. Díaz asegura que esto le pasó a Brasil y que por eso se convirtió en un líder latinoamericano en la introducción de un sistema carcelario privado. “Sabemos que la tesis es controvertida y que no faltarán críticos, pero también estamos convencidos de que es lo mejor que se podría hacer para enfrentar esta problemática que crece día a día”, agrega. En síntesis, la idea es que sea el sector privado, en alianza con el Estado, el que construya las cárceles y se encargue de su administración y de la resocialización de los reclusos.

“En qué consistiría la propuesta: hacer cárceles de mediana seguridad, no de alta seguridad, no es para recluir a los más peligrosos delincuentes, sino aquellos que están sindicados o condenados por delitos menores. Nos dirán, pero con qué plata se van a construir las cárceles si el Estado tiene un déficit fiscal enorme. Pues para eso está el sistema financiero. Nuestra propuesta es que hagan licitaciones transparentes para que adjudiquen la construcción, administración, seguridad y resocialización de las cárceles en concesiones a 25 o treinta años. Eso nos permitiría proponer que el costo mensual por preso le saldría al país en US$450, cuando hoy en día a Colombia le cuesta US$1.200 por preso”, continúa.

Díaz advierte que lo que ha impedido una transformación profunda del sistema carcelario colombiano es la mano negra dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). “En la USPEC y los sindicatos de los guardianes no les gusta nuestra propuesta. Estos son poderes que se han anquilosado en el Estado para tener dominio y control de esas contrataciones, de las cárceles. Eso es como el problema del narcotráfico. Mataron a Gacha, a Pablo Escobar, detuvieron a los Orejuela y el negocio no se acabó. Surgen nuevos carteles, nuevos capos. Con el tema penitenciario pasa algo parecido: nadie le quiere parar bolas, porque hay algunos que se benefician de esa anarquía. Las cárceles se han convertido en una fuente de poder. Allí nombran a generales de la Policía, del Ejército, se convirtieron en parcelas de poder de contratación”, añade.

Para Díaz es claro que la contratación es tan grande que quienes están desangrando los recursos destinados a las cárceles no quieren permitir que se haga un uso eficiente de los recursos públicos. “Contratan la comida de 120.000 presos, las dotaciones, la planta del personal que presta la seguridad. Hay un presupuesto billonario para estas contrataciones y hay gente interesada en que eso no se mueva. Mientras tanto, el preso, las familias de quienes están privados de la libertad, tiene que sufrir condiciones infrahumanas. Nosotros queremos prestar un buen servicio para personas de baja peligrosidad, aquellos que no han sido condenados, los que están próximos a cumplir sus penas. Con esta propuesta podríamos darles condiciones dignas, como ciudadanos colombianos. ¿Por qué tiene que estar una persona que fue detenida preventivamente con un condenado? Pero tampoco se puede permitir que los corruptos pidan casa por cárcel porque no hay cupos en las prisiones.

La propuesta del gremio de la seguridad privada ha estudiado modelos carcelarios privados, como los que hay en Brasil, España, Francia, Inglaterra, Canadá, Noruega y obviamente Estados Unidos. “En esos países el Estado se dedica a cosas fundamentales y las otras las realiza el sector privado. Sobre todo cuando se trata de personas que necesitan una nueva oportunidad. Insisto en que no estoy hablando de presos de alta peligrosidad. Las cárceles de alta seguridad que sigan siendo manejadas por entidades del Estado. Así lograríamos desaguar un problema grande de las cárceles como La Picota, la Modelo, la de Tunja, la de Bellavista (en Medellín), que tienen condiciones realmente alarmantes de violación de los derechos humanos de los reclusos”.

“Llegó el momento de que este país vaya a orientar su camino para los próximos veinte o treinta años. Y las personas de bien nos organicemos para dar salida a problemas endémicos que hemos venido soportando generación tras generación. Nadie se preocupa por este tema a menos que un familiar esté en la cárcel. Ahí comienza a sufrir, por el hacinamiento, por la violencia dentro de los penales, por la falta de oportunidades para que inviertan su tiempo. Pero en verdad es un asunto que nunca hemos enfrentado como sociedad”, puntualiza Díaz, quien es el representante de una agremiación integrada por más de 70.000 vigilantes en todo el país. La misma que desde hace cinco años asumió la prestación de los servicios de escoltas, por medio de la Unidad Nacional de Protección.

“LA UNP es el escaparate, pero quien controla, paga, vigila y da protección a las personas de mayor riesgo de este país somos el gremio de la seguridad privada. Así como estamos haciendo ese trabajo con profesionalismo, podríamos hacerlo con los presos de este país”, concluye Díaz. Ante las críticas de que las empresas de seguridad privada también se han visto envueltas en escándalos como el del general Humberto Guatibonza, Díaz asegura que el ejercicio de la seguridad privada ha hecho un esfuerzo grande por profesionalizarse, sostiene que el 80 % de las empresas son de particulares que nada han tenido que ver con la Fuerza Pública y que además es una industria nacional que necesita innovar y convertirse en un orgullo nacional.

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Redacción Politíca

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