La propuesta para un nuevo referendo por la paz

Un grupo de ciudadanos, entre académicos, exministros, exmagistrados y exconstituyentes, le piden a Humberto de la Calle que se promueva una consulta para que sea el pueblo el que defina la validez y legitimidad jurídica del Acto Legislativo para la Paz, cimiento fundamental de la implementación de los acuerdso con las Farc.

La idea es que la gente vote ahora sobre la validez jurídica del Acto Legislativo por la Paz. Archivo

En carta dirigida a Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc de La Habana, un grupo de ciudadanos, entre ellos exministros, ex magistrados de las altas cortes, exconstituyentes, dirigentes políticos y académicos, entre otros, proponen la realización de un nuevo referendo “que defina la validez y legitimidad jurídica y democrática del Acto Legislativo para la Paz”, a realizarse antes de las elecciones de 2018, para dirimir de una vez por todas la actual discusión surgida en torno a la implementación de los acuerdos con la guerrilla.

“Usted y sus compañeros de travesía política, de un lado, y nosotros, del otro, tenemos diferencias sobre tema político-institucional que en las democracias y los estados de derecho se arbitran y dirimen por la ciudadanía en las urnas. Se equivocan quienes piensan que el tema será definido en las elecciones del año entrante, porque el país no debe esperar hasta entonces, pues conviene a todos que las reglas de juego para el Congreso, las cortes y los demás actores de la vida pública se establezcan democráticamente ya mismo”, señala la misiva.

En este sentido, hacen referencia a los reparos y cuestionamientos que De la Calle le ha hecho a la decisión de la Corte Constitucional sobre el “fast track”, que le permite al Congreso de la República plantear y debatir proposiciones en los proyectos sobre la implementación del Acuerdo de Paz. “Ha dicho que la Corte incurrió en ‘profunda equivocación’ y en ‘error de óptica’ cuando ‘se está jugando la suerte del país’, porque el Estado, representado por todas sus autoridades, tiene el ‘deber ético’ de cumplir el Acuerdo suscrito con las Farc. Sus afirmaciones e inquietudes, que muchos comparten, ponen de presente una situación que muy pocos colombianos y apenas a medias conocían o sospechaban: la implementación del Acuerdo citado decreta UN nuevo ordenamiento jurídico, político e institucional, que tiene inevitables repercusiones económicas y sociales y que es producto deL proceso lejano y secreto que concluyó en escasamente leídas 310 páginas de las que, según algunos, no es legítimo, válido ni ético discrepar, así sea para preguntar por qué así y no de otra manera”, advierten los firmantes.

Por eso, definiéndose como un movimiento cívico, pluralista, independiente y sin matrícula partidista, proponen un nuevo referendo que, además, serviría PARA cumplir con la obligación de le refrendación popular de lo pactado en La Habana, lo cual, según consideran, no se ha hecho todavía.  “Usted y quienes compartan sus puntos de vista pedirían que la ciudadanía refrende el texto completo del Acto Legislativo 01 de 2016 (o para la Paz), incluidos las literas H y J que tumbó la Corte. Nosotros pediríamos la derogatoria del varias veces citado acto”, señala la carta.

Y concluye: “A quienes argumenten que el referendo propuesto podría atentar contra la paz y revivir conflicto que nadie desea, es fácil responder diciéndoles que el Congreso ya aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la incorporación a nuestra Carta Política del Acuerdo Final con la obligación para todas las instituciones, autoridades y órganos del Estado de respetar su espíritu, principios y compromisos durante los próximos 12 años; y las normas que le permiten al partido de las Farc competir en apreciables y mejores condiciones de las que tienen los otros partidos (…) También se puede agregarles que el referendo que proponemos no tiene nada que ver con esas reformas y las de más que ya fueron aprobadas, pero no han sido sancionadas. Tan solo le daría nuevos desarrollos a la sentencia de la Corte que defiende la separación de poderes y garantiza la independencia del Congreso en sus deliberaciones y decisiones”.

Incluso, la carta recuerda el papel que a mediados de los años 90 protagonizó Humberto de la Calle, siendo vicepresidente, cuando la Corte Constitucional despenalizó la llamada dosis personal y los gobiernos saliente y entrante de César Gaviria y Ernesto Samper no estuvieron de acuerdo con esa decisión y acordaron preguntarle a la ciudadanía en un referendo si la validaban o no. Precisamente, De la Calle fue quien lideró esa convocatoria, que al final no tuvo el respaldo popular y fue archivada pocos meses después de su lanzamiento.          

La misiva está firmada, entre otros, por Jaime Castro, Rubén Darío Lizarralde, Hernando Yepes, Carlos Esteban Jaramillo, María Claudia Rojas, Jesus Vallejo, Pedro Medellín, Óscar Ortíz, Adriana Mejía, Virginia Garcés, Lorena Garnica, Carlos Hugo Ramírez, Andrés Vernaza, María Paula Robayo y Andrés Molano.

 

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