La reforma política que quiere el gobierno Duque: elecciones primarias

Un sistema de elecciones primarias para elegir candidatos, la eliminación del voto preferente y la obligatoriedad de conformar las listas con igual número de hombres y mujeres son las propuestas que contiene la iniciativa.

Luego de su posesión, el presidente Duque radicó un paquete legislativo en el que incluyó la reforma política. / SIG

Entre las modificaciones que propone la iniciativa está la de “propiciar el fortalecimiento del régimen de bancadas y los procesos de democratización interna, lo cual indica que se tomen medidas para que los representantes de un partido o movimiento, elegidos en cargos populares, tomen posiciones de acuerdo con los principios de la colectividad y no como ruedas sueltas. De igual manera, se invita a que internamente tengan procesos democráticos de selección de sus cuadros directivos.

Asimismo, la propuesta, que modifica el artículo 107 de la Constitución Política, define que para que los partidos políticos elijan a sus candidatos a cargos de elección popular, ya sea propios o en coalición, estén obligados como requisito para inscribirlos a realizar unas “elecciones primarias” que se realizarán para todos los partidos y movimientos con personería jurídica en la fecha que establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil. El texto también define que las personas no podrán participar simultáneamente de las elecciones primarias en más de un movimiento o partidos.

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La reforma también exige a los partidos que, para las elecciones primarias, las listas de deberán estar integradas por un número paritario de hombres y mujeres. Igualmente, las listas que resulten de este proceso de selección deben estar integradas 50 % por hombres y 50 % por mujeres. De resto, la propuesta del gobierno Duque mantiene las sanciones a partidos que avalen a personas que resulten condenadas por delitos contra la administración, el sistema político o crímenes de lesa humanidad.

Otro artículo que busca reformar la iniciativa es el 262 de la Constitución Política, que hace referencia a que las elecciones presidenciales no podrán coincidir con ningún otro proceso electoral, y que las de Congreso serán en una fecha distinta a las de autoridades locales y departamentales. Al respecto, la propuesta del Gobierno es incluir en este articulo la exigencia de que los partidos o movimientos que participen en procesos de elección popular lo hagan a través de listas únicas y cerradas.

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De igual manera, la reforma incluye la prohibición para que los partidos minoritarios o los grupos significativos de ciudadanos presenten listas en coalición, y define que sólo podrán hacerlo aquellos partidos o movimientos con personería jurídica que, sumados, hayan alcanzado el 15 % de los votos válidos para la circunscripción a la que aspiren. Y, además, obliga a que estos partidos o movimientos se fusionen para conservar su personería jurídica.

Finalmente, la reforma política del Gobierno introduce una modificación al Consejo Nacional Electoral, a la que le asigna autonomía administrativa, financiera y presupuestal; mantiene su composición de nueve miembros elegidos por el Congreso en pleno, de acuerdo con la llamada cifra repartidora, que se traduce en que el partido que consigue las mayorías en el Legislativo también las tenga en dicho organismo. Eso sí, elimina la reelección de quienes ostenten el cargo de magistrados, que está habilitado por una sola vez.

En términos generales, la reforma política de Duque no contiene transformaciones profundas del sistema político y electoral. No incluye las principales recomendaciones hechas por la Misión Especial Electoral, que se encargó de hacer un diagnóstico de los principales problemas del sistema político, y cuyo concepto era crear una corte electoral, quitándoles facultades al Consejo de Estado y a la Registraduría, y eliminando el cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE). La propuesta radicada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tampoco tuvo en cuenta la última iniciativa que tramitó el gobierno Santos en la que se desligaba el CNE del Congreso, quintándole las facultades nominadoras al Legislativo y se abría la posibilidad de conformar organizaciones políticas por el número de afiliados, eliminando la exigencia de alcanzar un umbral para conseguir la personería jurídica.

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Para Ángela Rodríguez, directora del Instituto Holandés para la Democracia, el proyecto en términos generales tiene elementos interesantes, pero considera que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan en su trámite en el Congreso. “La lista cerrada fue una idea que también propuso la misión especial electoral, y eso en términos generales busca fortalecer a los partidos y genera equidad en la competencia electoral. El paso previo a esto son las elecciones primarias, el problema que le veo es que no están limitadas a los militantes de los partidos, sino que son abiertas, y el problema de esto es que lleva los problemas actuales a las elecciones primarias. No soluciona de fondo el problema”, expresó.

Y agregó: “Veo positivamente el tema de la paridad, sin embargo, el que no se incluya el sistema cremallera puede volver inocua la participación de las mujeres, que quedarán en la parte baja de la lista. En cuanto al CNE, es un avance que se le debe dar autonomía, faltaría ver qué contiene la ley estatutaria que la reglamente. Y en cuanto a las coaliciones, veo con expectativa el tema de que los candidatos en coaliciones obligarán a que sus partidos se fusionen y les asignará la responsabilidad política y financiera”.

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Por su parte, para el exviceministro del Interior Juan Fernando Londoño, la iniciativa muestra estar bien intencionada y abre el debate sobre la obligación de los partidos para que realicen una consulta interna a la hora de elegir candidatos. “El gran problema es que esa reforma no va a tener ningún impacto en las elecciones locales de 2019. No modifica las reglas que rigen las elecciones locales, entonces, meter al país en una reforma política en un año en que no tiene ningún efecto en las próximas elecciones me parece una pérdida de esfuerzo. Debería complementarse con una ley estatutaria que permita modificar aspectos específicos. Por ejemplo, mejorar la transparencia del financiamiento político”, explicó Londoño.