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Los resultados en seguridad ciudadana de la administración Duque no han sido contundentes. Durante los dos primeros años de su mandato, el presidente ha lanzado dos estrategias de seguridad que permanecen hasta ahora esencialmente en el papel. A pesar de los anuncios y las buenas intenciones, las cifras de criminalidad no parecen mejorar: la tendencia a la baja de homicidios desde 2013 se frenó en seco en 2018 y los asesinatos aumentaron en 2019, con 25,4 muertos por 100 mil habitantes. Y los hurtos a personas se incrementaron en más de un 16 % en 2019.
La cuarentena posiblemente impactará estas cifras al final de 2020 provocando una disminución en varios delitos, no por obra del Gobierno Nacional o los gobiernos locales, sino por las limitaciones a la movilidad que le han quitado oportunidad al crimen. La cuarentena también le llegó en buen momento para desacelerar la protesta social y las manifestaciones en las calles de finales de 2019. Su carácter disruptivo y prolongado estaba poniendo contra la pared al presidente y desgastando a la Policía.
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Duque planea aumentar el pie de fuerza de la Policía y el Esmad, pero aún no se hace un balance organizacional profundo del uso del recurso humano en la institución, la racionalización de sus tareas y su repartición balanceada en todo el territorio nacional. Tampoco se ha analizado seriamente la bomba pensional que representan todos los policías incorporados durante estos tres últimos gobiernos y su peso en el presupuesto del sector.
Las Fuerzas Militares y la Policía pasan por horas difíciles. La Fuerza Pública acusa una falta sensible de liderazgo. A las divisiones internas del generalato en Ejército y Policía se suman los escándalos por interceptaciones ilegales, seguimientos, corrupción y violaciones. El director general de la Policía comparece en un juicio disciplinario que lo ha puesto en entredicho. Estos problemas parecen amenazar la continuidad de la cooperación de Washington.
El Ministerio de Defensa tampoco pasa por sus mejores épocas. De las declaraciones altisonantes del ministro Guillermo Botero pasamos al ministro Carlos Holmes Trujillo, parco en exceso que, a pesar de saber comunicar, no resulta muy visible en un tema sensible para los colombianos.
La erradicación de cultivos de coca no ha tenido la contundencia deseada a pesar de ser un punto de honor para este Gobierno en su afán por satisfacer a la administración Trump y diferenciarse de su antecesor Santos. Para la Casa Blanca, antes que disminuir las hectáreas sembradas de coca, estas aumentaron 2 % en 2019. Si bien Naciones Unidas, en lo corrido de 2020, verifica una leve disminución del 9 %, constata que la producción de cocaína ha aumentado. Tampoco se han logrado recuperar zonas neurálgicas del país como Catatumbo, Bajo Cauca, Chocó, Tumaco, Bello o Palmira, en manos de variados grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal, que campean al parecer en total impunidad.
El gobierno de Iván Duque ha propuesto hojas de ruta interesantes con ideas recogidas de miembros de la Fuerza Pública y expertos, como la “Política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”, de febrero de 2019 y la “Política Marco de convivencia y seguridad ciudadana”, de diciembre de 2019. Este último es un avance en el tema de seguridad urbana, el cual había quedado olvidado en las agendas de los gobiernos anteriores, más interesados en el orden público que en las necesidades de los ciudadanos de a pie de las ciudades colombianas.
Esta política pone el énfasis en la delegación de tareas de la seguridad en redes cívicas, frentes de seguridad y vigilancia privada, y permite a los alcaldes crear sus propias policías cívicas. Experiencias similares en América Latina no han sido muy afortunadas. Delegar funciones soberanas del Estado en los particulares es con frecuencia problemático por las derivas y excesos que se producen y que el país ha vivido en el pasado. Las policías municipales en el continente han sido sinónimo de corrupción e ineficiencia. Tampoco se puede lograr mucho sin una reforma profunda del sistema de justicia y penitenciario, cuello de botella de toda iniciativa de seguridad, como la que ha postulado el gobierno Duque.
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En diciembre de 2019, el Gobierno anunció también la desaparición del Plan Cuadrante, estrategia bandera de la Policía Nacional en la última década, para reemplazarlo por el programa de Zonas de Vigilancia y Control. Medio año después del anuncio nada se ha hecho y los cuadrantes son aún el referente para la Policía y los ciudadanos. Las zonas de Duque parecen haber quedado en una propuesta vaga.
Si al gobierno de su mentor, Álvaro Uribe, se le ha identificado con la seguridad democrática, no es claro que al finalizar este cuatrienio a Iván Duque se le recuerde por este tema. Los dos años que faltan son cortos para adelantar los muchos asuntos que se propuso acometer. Las ideas están, pero no son claros los cronogramas, las tareas, los dolientes, la financiación y los indicadores para materializar estos buenos deseos. Quizá falta gerencia, mucha gerencia.
* Profesor titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.