La seguridad en el primer año de Duque: un panorama complejo

Los grupos armados organizados (GAO) son hoy la mayor amenaza. Hay avances en algunos aspectos, pero la opinión pública le está cobrando al presidente la dificultad de proporcionar soluciones más puntuales al problema de los líderes sociales y desmovilizados. Y no se puede ignorar el bajo nivel de aceptación del ministro de Defensa.

El presidente Iván Duque en su visita a La Macarena, en abril pasado, para poner en marcha la ofensiva Artemisa, contra la deforestación en el país. / EFE

No podemos negarlo: el gobierno de Iván Duque enfrenta un panorama de seguridad tan complejo que para cualquier mandatario, independientemente de su vertiente política, resultaría difícil dar soluciones concretas en corto tiempo y con resultados a largo plazo. Las estructuras del narcotráfico se han transformado en la última década. La idea de grandes carteles y organizaciones armadas controlando enormes porciones del negocio ha mutado, dando paso a un sistema mucho más segmentado, fluido y adaptable, compuesto por organizaciones, grupos e individuos con diferentes capacidades de fuerza, dominio territorial, experticia y clandestinidad. Esto representa un enorme reto para la cartera de Defensa.

La mayor amenaza está en los grupos armados organizados (GAO), que tienen una capacidad de fuerza superior y la posibilidad de regular dinámicas territoriales. El Clan del Golfo, los Puntilleros, el Eln y los Pelusos (Epl) conforman esta categoría. Se suman a ellos las disidencias de las Farc, también conocidas como grupos armados organizados residuales (GAOR). Según un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), evaluando los resultados del primer semestre de 2019, la Fuerza Pública ha hecho un esfuerzo notable para debilitar dichas organizaciones. Los combates aumentaron un 82 % comparados con el mismo período de 2018, siendo el nivel más alto en los últimos cinco años. El 34 % de ellos fueron contra el Eln, 27 % contra los GAOR y 21 % contra los GAO, especialmente el Clan del Golfo. En este último caso, el número de bajas aumentó 87 % y el de capturas 35 %. Respecto al Eln, las capturas aumentaron 37 % y las bajas disminuyeron 28 %. Esta organización fue la más activa en el primer semestre del año. En total, las acciones de los grupos armados disminuyeron 7 %.

El informe señala también que los hostigamientos y las emboscadas disminuyeron 14 %, mientras los homicidios en zonas conflictivas, a excepción del norte del Cauca, también lo hicieron en 9 %. Esta tendencia es también cierta en las zonas más críticas para el posconflicto, incluyendo espacios de reincorporación (ETCR), zonas de implementación del Plan de Sustitución de Cultivos (PNIS), zonas más afectadas por el conflicto (Zomac) y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza y estructura del sistema de actores armados/narcotráfico, debilitar una organización y capturar a sus más poderosos cabecillas no representa el fin del fenómeno. El ocaso de algunas organizaciones representa generalmente la reconfiguración del sistema: el fortalecimiento de otras, el surgimiento de nuevas o la atomización de las existentes.

La Fuerza Pública, a través de la operación Agamenón I y II, ha logrado asestarle fuertes golpes al Clan del Golfo en los últimos años. Bajo el gobierno de Duque han sido capturados varios capos, incluido Elkin Tuberquía, mano derecha de Otoniel. Pero el debilitamiento del Clan no ha redundado en un cese de la actividad ilegal sino en un potencial fraccionamiento que ha llevado al fortalecimiento de otros actores. Como ejemplo, los Caparrapos, un grupo que, explotando las condiciones del Clan y los vacíos dejados por la desmovilización de las Farc, se lanzó por una tajada más grande del mercado, en contra de su antiguo aliado.

En dinámicas similares, y como un ejemplo más, la volatilidad de las disidencias de las Farc está llevando al surgimiento de 17 nuevos grupos armados en el Pacífico, según lo informó el defensor del Pueblo, Carlos Negret, generándoles competencia al Eln y los gaitanistas en la región. Desconocemos además las tasas de ingreso a los grupos. La fluidez del sistema permite que nuevas personas se incorporen a las actividades ilícitas, incluso sin estar formalmente vinculadas, a un ritmo que realmente ignoramos.

El gobierno de Duque, además, ha tenido que enfrentar el problema de los asesinatos tanto de líderes sociales como de desmovilizados de las Farc, y en esto las estadísticas difieren. El reporte de la FIP afirma que en el primer semestre de 2019, los asesinatos de desmovilizados disminuyeron 41 % y las agresiones 55 % respecto al primer semestre del año anterior. Carlos Antonio Lozada, ahora miembro del partido FARC, afirma que 114 excombatientes han sido asesinados, junto con 34 de sus familiares, mientras la Fiscalía investiga 106 casos. Por su parte, las amenazas a líderes sociales aumentaron 116 %. Como se observó en la marcha por la vida del mes de julio, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno, la opinión pública le está cobrando a Duque la dificultad de proporcionar soluciones más puntuales al problema de los líderes sociales y desmovilizados.

Estos fenómenos se alimentan de la ausencia de instituciones estatales y la inexistencia de infraestructuras en las regiones más conflictivas. En últimas, las verdaderas soluciones pasan por la construcción de economías lícitas, tejido social e instituciones desde las comunidades. Va mucho más allá de la simple destrucción de cultivos ilícitos, con o sin glifosato. Después de todo, la resiembra y el desplazamiento de cultivos han existido en el pasado, siempre en un contexto económico global de demanda de narcóticos. En esta tarea, la Fuerza Pública, como punta de lanza del Estado en regiones remotas donde no existe mucho más, ha tenido siempre un protagonismo.

No es fácil superar décadas de desconfianza entre el Estado y las comunidades. Las Fuerzas Militares dedican un porcentaje considerable de su trabajo a la construcción de lazos fuertes con la población. Lo que hemos observado durante el gobierno Duque demuestra resultados mixtos. Por un lado, casos como los enfrentamientos entre indígenas y miembros de la Fuerza Pública en el Cauca demuestran que la relación aún es frágil o conflictiva. En varias regiones queda mucho por hacer.

Por otro lado, programas como Fe en Colombia, una estrategia de las Fuerzas Militares para construir lazos estrechos con la población, han sido bien recibidos. A través de conversaciones con líderes sociales del Catatumbo y Arauca, que tuve en espacios académicos, fue posible constatarlo. Lo que sí ha sido un gran acierto del Gobierno es el reconocimiento de la riqueza ambiental, y en particular del agua, como un asunto de seguridad nacional.

Somos el segundo país más biodiverso del mundo y el primero en biodiversidad relativa al tamaño del territorio. Las actividades criminales, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera y especies, ponen en riesgo esta riqueza. La Consejería de Seguridad Nacional, en cabeza de Rafael Guarín, viene realizando un trabajo notable en esta dirección. La implementación de la Fuerza de Protección Ambiental y el Consejo Nacional contra la Deforestación pueden ofrecer resultados positivos, que tendremos que evaluar más adelante.

Existen, por supuesto, más retos de seguridad y defensa que demandarán acciones claras en los próximos años. El problema de la corrupción al más alto nivel en la Fuerza Pública, los miedos que generan directivas de operación por el potencial regreso de los falsos positivos, la inseguridad urbana, la compra de aviones para la defensa estratégica y los impactos de la crisis venezolana sobre nuestra seguridad nos obligarán a seguir vigilantes de la cartera de Defensa.

Finalmente, no podemos ignorar el bajo nivel de aceptación del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Varias de sus declaraciones —incluyendo el “robo de ropa” en Puerto Carreño, el vaso de glifosato o los asesinatos de líderes sociales por “líos de faldas”— lo han mostrado como alguien desconectado de la población y de la realidad nacional. Parece dañar más que contribuir a la imagen del gobierno Duque.

* Profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario. Ph.D., London School of Economics and Political Science.

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Óscar Palma* / Especial para El Espectador

Política

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