“La sentencia está en línea con estándares internacionales”: Édison Lanza

Así califica el relator especial para la libertad de expresión del continente la decisión del magistrado del Tribunal de Bogotá que ordenó al expresidente Uribe retractarse de inmediato, de la acusación de “violador de niños” que lanzó contra el columnista Daniel Samper Ospina. Asegura, además, que su oficina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están preocupadas por los ataques en Colombia a la prensa crítica.

“Ninguna estigmatización de un alto funcionario hacia los periodistas pasa inadvertida para la Relatoría”, señala Édison Lanza. / EFE

El expresidente Álvaro Uribe acusó al periodista Daniel Samper Ospina de “violador de niños”. Como el senador no presentó ninguna prueba de lo afirmado y, más bien, parece ser una retaliación por las críticas del columnista, ¿la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que usted encabeza, se ocupará de este caso o con el comunicado en que su oficina rechaza lo ocurrido da por finalizada su intervención?

Ninguna estigmatización de un alto funcionario hacia la prensa y los periodistas pasa inadvertida para la Relatoría Especial, menos aun cuando una acusación grave es manifestada por un senador, expresidente y líder político seguido por millones de personas en un espacio público como las redes sociales. Recibimos la información que nos envió el periodista, la verificamos y emitimos un comunicado que recoge la preocupación por el ataque a la reputación y el riesgo que supone para él, incluso, de ser hostigado o agredido. El comunicado es el pronunciamiento de la oficina experta en materia de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principal organismo intergubernamental de protección de los derechos humanos en el continente. Y no es un recurso que la Comisión y la Relatoría utilicen con ligereza.

Los comunicados de su oficina tienen por objeto manifestar la posición de la Relatoría en casos específicos de agresiones a periodistas, pero, ¿tiene otros alcances?

También realizamos una serie de recomendaciones a los funcionarios públicos para que adopten un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra los periodistas, lo cual requiere que se abstengan de hacer declaraciones que los expongan a un mayor riesgo de actos de violencia. El comunicado, de otra parte, se refiere a más casos de hostilidad contra la prensa que se han registrado en Colombia en las últimas semanas, con lo que queremos llamar la atención por el nivel de polarización que está alcanzando el escenario político que ha comenzado a afectar a los periodistas.

Así es: en el comunicado ustedes se refieren al caso del camarógrafo de Noticias Uno que fue señalado como agresor físico del subsecretario del Senado (Saúl Cruz) siendo lo contrario: el funcionario era quien agredía. De igual manera, relaciona hostigamientos digitales a la periodista Claudia Gurisatti. ¿Cree que la relativa buena situación de la libertad de expresión en Colombia se está deteriorando cuando el Acuerdo de Paz debería llevar a mayor tranquilidad?

Creo que usted entiende muy bien el sentido que tuvo el comunicado. En un plazo muy breve se registraron diversas situaciones de gravedad que implican hostigamiento, estigmatización e incluso una operación para acusar a un equipo periodístico de un delito. Por todo ello, en el mes de julio, la CIDH y la Relatoría otorgaron una audiencia pública sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia promovida por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), lo que marca la preocupación de la oficina. Hay que evitar que la situación de la libertad de expresión se degrade en el país, teniendo en cuenta, además, la historia de violencia y asesinatos de periodistas en razón de la extraordinaria labor que cumplían. Todo acto de violencia extrema contra comunicadores está precedido de un clima de intolerancia, amenazas y estigmatización.

En cuanto al caso concreto Samper Ospina vs. Uribe, ¿qué opinión le merece la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó al senador retractarse de sus acusaciones contra el periodista?

En una primera lectura de la sentencia, que recién se ha publicado, encuentro que el razonamiento del magistrado Ramírez Contreras está en línea con las garantías judiciales para el ejercicio de la libertad de expresión y dialoga con los estándares internacionales. Es importante que el juez destaque que la cuenta de Twitter de un senador, más allá de que sea personal, es igual a utilizar un medio tradicional, porque se trata de una plaza pública. También es relevante que el juez entienda que Uribe, en tanto funcionario público investido de representación, tiene el deber de actuar con diligencia en sus declaraciones y evitar estigmatizar, exponer al odio o atribuir hechos falsos a los periodistas. Creo que, además, hace una distinción adecuada entre aquellos discursos especialmente protegidos y los que no merecen protección de la libertad de expresión. En ese sentido, distingue entre los discursos que se refieren a asuntos públicos u opiniones políticas, que puede ser fuerte, y el discurso de hostigamiento, que no se refiere a temas sustantivos, y está basado en afirmaciones falsas, propaladas de modo negligente.

¿Cree que la rectificación que ordena el magistrado Ramírez es la vía correcta para reparar el daño hecho al columnista?

La rectificación que se ordena es un medio que repara parcialmente la situación, dado que el magistrado dio por probada la gravedad y falsedad de la acusación, pero sin afectar en forma desproporcionada la libertad de expresión del propio Uribe. Aun en estos casos extremos es preferible este remedio que la vía penal.

Precisamente en estos días el ministro de Justicia anunció la presentación de un proyecto de ley para eliminar el carácter penal de las conductas de injuria y calumnia, las cuales serían sancionadas por otras vías judiciales. ¿Está de acuerdo con esta propuesta?

Hacia allí han avanzado las democracias en la región y en el mundo. Hay que proteger el discurso político, periodístico y de interés público con la modificación de las figuras penales (difamación, injurias y calumnias) que pueden ser utilizadas para restringir la libertad de informar sobre asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos. Esto es, en el sentido de eliminarlas como delito o restringir su aplicación para asuntos meramente privados. Obviamente, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y hay otras vías alternativas para proteger el honor o la reputación, como las acciones civiles, cuando el comunicador actúa con desprecio por la verdad o con negligencia en la verificación de la información.

El magistrado del caso Samper Ospina no se salvó de masivos ataques a su honra en las redes sociales: cuando se disponía a tomar decisión, hubo un fuerte movimiento anónimo en Twitter en su contra y -de nuevo- sin pruebas. ¿Este tipo de estrategias afecta también la libertad del juez?

Un ambiente hostil puede derivar en un riesgo de violencia e intimidación que obstaculice la función de impartir justicia de forma completa y oportuna. Por ello, en caso de violencia y hostigamiento contra periodistas por parte de líderes tan prominentes, el Estado debe investigar los hechos a través del Ministerio Público (Procuraduría) y estar atento a adoptar medidas de protección para resguardar la independencia e integridad del juez. Estos casos no deben quedar impunes.

Alrededor del caso Samper vs. Uribe hubo un hecho extraordinario: unos 60 periodistas de diferentes tendencias le pidieron al senador, en carta pública, dejar atrás “la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos…”. Seguidores del exmandatario contestaron acusando: afirmaron que los firmantes eran corruptos. ¿Sugiere esta reacción una escalada política contra la libertad de prensa?

En todo el hemisferio estamos observando escenarios de polarización inéditos en los últimos 30 años. Esto inflama las redes sociales con una retórica que muchas veces empuja a los ciudadanos comunes hacia el fanatismo y termina volviendo invisibles a los sectores más vulnerables. Es un momento en que parece que muchos líderes se esfuerzan por abandonar el debate de ideas e información, para adentrarse en la exageración, la falsedad y el odio, por razones discriminatorias. Internet y las redes sociales se han convertido en un vehículo extraordinario para ejercer la libertad de expresión, entre otras cosas porque ha masificado la posibilidad de opinar, informar y criticar. Pero como en toda masificación se producen excesos y muchas veces el ciudadano común se manifiesta en forma visceral, empujado por sus prejuicios y por sus líderes.

¿Qué opina de la reacción del grupo de comunicadores colombianos y, de otro lado, de la de quienes piden regular el lenguaje en las redes?

La libertad de expresión protege las discusiones sobre asuntos públicos, incluso cuando son fuertes, chocantes y ofensivas, bajo la idea de generar un debate robusto y plural sobre los temas de interés público, lo que fortalece la toma de decisiones en democracia. Pero esto también conlleva un deber para los líderes de opinión, y en especial para quienes ocupan cargos de Estado, de aportar al debate en forma responsable e informada. En ese sentido, me parece una medida extraordinaria que 60 comunicadores y periodistas hayan expresado su condena solicitando al senador Uribe dejar atrás ese tipo de retórica y llamando a la tolerancia en la discrepancia. Por otro lado, debemos estar alerta, porque hay muchos enemigos de la libertad de expresión que alientan la idea de expandir el uso del poder punitivo penal para regular el lenguaje fuerte en las redes. Finalmente, son los poderosos o los que tienen algo que ocultar quienes someten a proceso penal a los que investigan o disienten.

El senador ha atacado, de manera permanente, a periodistas que considera sus opositores: la oficina de la Relatoría le llamó la atención en 2009 (caso periodista Morris a quien calificó de “cómplice del terrorismo”); en 2010 (caso espionaje del DAS a varios reporteros, el más grave a Daniel Coronell, quien tuvo que exiliarse); en 2013, cuando la justicia encontró una “política sistemática de persecución en el gobierno Uribe”; en 2016, cuando acusó a Yohir Ackerman y, de nuevo, a Daniel Coronell. Siendo que el expresidente no atiende llamados, ¿qué hará la Relatoría para evitar futuros ataques suyos a la prensa?

La Relatoría ha sido muy consistente en todos los casos que usted menciona que se refieren al senador Uribe cuando era presidente, por lo que no ha estado omisa. Todos han sido objeto de pronunciamientos, ya sea a través de comunicados de prensa, objeto de análisis en el informe anual sobre situación de la libertad de expresión o, incluso, como parte del contexto de gravedad del riesgo a considerar, en el otorgamiento de medidas cautelares de protección al periodista Hollman Morris. Del mismo modo, la Relatoría fue muy exhaustiva al documentar el espionaje montado por el DAS en esa época contra periodistas y defensores de derechos humanos recomendando al Estado desmontar esa estructura e investigar a los responsables.

¿En qué momento puede actuar la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtiendo sobre lo que pasa: antes (de manera preventiva), durante o después de los hechos?

Somos un mecanismo subsidiario a la jurisdicción nacional. Por ello, para adoptar decisiones, forzosamente tenemos que esperar a que actúen las instancias nacionales y se agoten los recursos internos, salvo en los de gravedad y urgencia. En varios de los casos que usted menciona, y muchas veces gracias al extraordinario seguimiento de las víctimas y de la sociedad civil, han actuado los tribunales nacionales y las instancias nacionales de protección. En otras situaciones sucedidas en Colombia, la CIDH está avanzando en la tramitación de casos para periodistas víctimas de violencia. La forma más efectiva de evitar la repetición de una conducta que violente derechos humanos es que no quede impune y eso es lo primero que tenemos que buscar.

Revisando la situación de los vecinos, ¿cómo califica los sucesos en cuanto a libertad de expresión en Venezuela, en donde casi es imposible cubrir periodísticamente lo que allí sucede?

Es una situación gravísima como lo hemos señalado en múltiples acciones realizadas por la Relatoría desde hace varios años. Dicho sea de paso, por ello esta oficina ha sido objeto de ataques (oficiales). Ya en abril de 2017 emitimos un comunicado conjunto con el relator especial de la ONU, mediante el cual rechazamos la censura oficial, el bloqueo de espacios informativos al igual que la detención de periodistas, expulsión de corresponsales, ataques y estigmatización de reporteros y trabajadores de los medios que cubren las manifestaciones, así como el encarcelamiento de líderes políticos por su opinión disidente. No hay que olvidar que la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares y que la Relatoría ha impulsado casos ante la Corte Interamericana que se refieren a violaciones a la libertad de expresión por razones de discriminación política.

El gobierno del presidente Correa en Ecuador también tuvo problemas con los periodistas independientes y el mandatario, incluso, entabló acciones judiciales contra ellos. ¿Los gobiernos considerados de izquierda, hoy, tienen la misma conducta represiva frente a la libertad de expresión y prensa que los de derecha en el pasado de América Latina?

No me corresponde analizar la situación de la libertad de expresión en función de la tendencia política de los gobiernos. Mi mandato es claro respecto a que el marco jurídico interamericano sobre la libertad de expresión sea respetado y adoptado por los Estados en todo el hemisferio. El objetivo mismo de la Convención Americana y los demás instrumentos de la OEA es el de reconocer el estrecho vínculo entre la libertad de expresión, la democracia y el desarrollo social. Por lo tanto, la rotación de las tendencias y partidos políticos en el poder y el respeto de quienes llegan al mismo por la vía democrática deberían ser el de normalidad para la región.

¿Cuál es el balance actual de la libertad de expresión en otro país latino, México, en donde varios periodistas han sido brutalmente asesinados?

La situación de violencia contra periodistas en México es grave y dolorosa, dado que el crimen organizado, en algunas ocasiones coludido con el poder local, está haciendo estragos en la libertad de expresión. Miremos lo sucedido con Javier Valdez, en Sinaloa, o con Miroslava Brecht, en Chihuaua. Allí el crimen organizado ha eliminado a dos periodistas vitales y emblemáticos para sus comunidades, periodistas de investigación de los que no encontramos todos los días, todo lo cual constituye la forma más brutal de censura. No es difícil imaginar, además, el efecto inhibitorio que tiene para los colegas y esto se ha visto agravado por la impunidad casi absoluta que hay. También hay que examinar otros asuntos como el manejo de la pauta oficial o las denuncias de espionaje sobre defensores y periodistas. El gobierno de México ha aceptado una visita en terreno solicitada por nuestra oficina y el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, la cual llevaremos a cabo a fines de noviembre.

Y, ¿el de Nicaragua, en donde prácticamente todos los medios parecen amarrados por Daniel Ortega?

En Nicaragua el problema de libertad de expresión no pasa tanto por la violencia -sin perjuicio de la intimidación en algunos casos-, sino por la asfixia del espacio público y la concentración en el control de la prensa por parte de dos grandes grupos: la familia del presidente Ortega y el empresario Ángel González. Este empresario concentra frecuencias de televisión y radio también en países como Guatemala, Ecuador y otras naciones de la región, y se caracteriza por no causar problemas a los gobiernos y recibir frecuencias y jugosos contratos de publicidad oficial a cambio, como lo demostró la CICIG en Guatemala. De este modo, los espacios para una prensa libre e independiente se fueron perdieron y quedan pocos medios que puedan resistir.

Donald Trump se ha caracterizado por sus fuertes confrontaciones con la prensa y periodistas más prestigiosos y, al parecer, le ha dado buenos resultados publicitarios. ¿Hay dificultades reales en el ejercicio del periodismo en Estados Unidos también?

No lo llamaría una confrontación, porque de un lado hay una estigmatización y descalificación selectiva por parte del presidente Trump hacia la prensa que es crítica o que cumple su rol de “perro guardián”. Calificar a la prensa de deshonesta, falsa o enemiga del pueblo busca restarle credibilidad para que sus seguidores no crean las noticias que son desfavorables o para que las descarten automáticamente si se publica algo que su administración quiere ocultar. De allí este concepto tan peligroso de verdad “alternativa” (“posverdad”’), como si ella fuese un juego de versiones. Y aunque los medios no son infalibles, claro que los periodistas hacen un esfuerzo por alcanzar la verdad y esta, al final, prevalece. Por otro lado, está el riesgo de exacerbar a los seguidores y generar un riesgo de violencia e intimidación. Finalmente, es preocupante que ese tipo de prédica le reste liderazgo a Estados Unidos en materia de libertades fundamentales en el mundo.

Un fallo histórico para la prensa, de control del poder político

En el fallo de tutela de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, del 2 de agosto pasado, con ponencia del magistrado Luis Fernando Ramírez Contreras, la sala compuesta además de este togado por sus colegas Ramiro Riaño y Guerthy Acevedo, resolvió proteger los derechos al buen nombre, honra y rectificación del periodista Daniel Samper Ospina. Y ordenó que, en 48 horas -las cuales ya vencieron-, el expresidente Álvaro Uribe Vélez “emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante (Samper Ospina) de ‘violador de niños’ y de la afirmación acerca de que (el columnista) hizo ‘publicaciones pornográficas’”. En el amparo constitucional que se le concedió al comentarista, el Tribunal dice, además, que el senador Uribe debe aclarar que sus afirmaciones no se basan en evidencias disponibles y que, por lo tanto, no son ciertas las conductas que él le atribuyó al periodista. En un texto que seguramente será guía para el futuro de la protección a la libertad de expresión, el ponente Ramírez hace un llamado a los dirigentes políticos “con investidura o sin ella” y señala que “no es sano para la sociedad que se extienda una dinámica donde la verdad de los hechos sólo es revelada después de haberse causado un daño con inexactitudes o falacias previas”.

La libertad de expresión no se afecta solo con violencia directa

Con frecuencia algunos presidentes se ufanan de que la libertad de expresión en sus respectivos gobiernos es plena porque las cifras de periodistas asesinados han disminuido ¿Este solo indicador, sin análisis de la situación de conjunto, es válido?

La libertad de expresión es un derecho precioso para los individuos y tiene una función esencial para la existencia de la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Por ello mismo requiere de permanente vigilancia y es susceptible de ser restringida por una multiplicidad de medios indirectos. La posibilidad de ejercer las libertades fundamentales sin violencia es un aspecto importante pero no suficiente para evaluar la situación de la libertad de expresión. Como lo hemos visto en varios países, también se afecta si: un gobierno distribuye el papel a la prensa de forma discriminatoria; si los funcionarios públicos denuncian penalmente a los periodistas en lugar de rendir cuentas; si se utiliza la publicidad oficial para castigar a los medios críticos; si se distribuyen o revocan frecuencias de radio y televisión de modo privilegiado o si se realizan tareas de espionaje para conocer las fuentes de un periodista, por nombrar solo algunos ejemplos.