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Este miércoles se conoció una carta que Ejército Popular de Liberación, Epl, le envió al presidente de la República Juan Manuel Santos. En la misiva, el grupo guerrillero revela que ha habido interés del gobierno por iniciar un proceso de diálogo con el grupo armado que hace presencia principalmente en el departamento de Norte de Santander, específicamente en la región del Catatumbo.
Pese a que en la carta manifiestan que la "disposición de diálogo siempre ha sido verdadera", el grupo pide unas "condiciones mínimas" para poder iniciar las conversaciones de paz con el Ejecutivo.
Entre esas condiciones, el Epl pide, entre otras cosas, "establecer un cese bilateral del fuego y las hostilidades con verificación internacional","el compromiso del gobierno nacional de cesar los bombardeos indiscriminados", "desmilitarizar las zonas de conflicto" y "el desmonte del ESMAD".
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Hay más. El grupo guerrillero pide que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente "que permita con la más amplia participación y representación del pueblo, las organizaciones y fuerzas vivas del país la aprobación de una Nueva Constitución Política, que siente las bases democráticas para las reformas y la paz con justicia social que reclama la nación entera".
En la carta, en la que además expresan su "honda preocupación por el rumbo del país y los obstáculos cada vez mayores a superar en el logro de una paz con justicia social", el Epl pide "la despenalización de la protesta social; la abolición de las recompensas, el castigo a los agentes del Estado inmersos en falsos positivos, así como el cumplimiento de los compromisos firmados con las comunidades y sus organizaciones".
El grupo guerrillero señala que "una demostración clara y sincera" de la voluntad del Gobierno para iniciar las conversaciones, sería sustentada en un compromiso para "no continuar con sus planes y acciones de guerra contra las masas y el conjunto de los combatientes populares".
Como sucedió con las Farc, el Epl propone un debate en torno al delito político. "Como rebeldes tenemos propuestas, en ese sentido estamos dispuestos a discutir y acordar con el gobierno una agenda mínima que destaque el delito político y el carácter beligerante de la guerrilla colombiana, las garantías para la participación popular en el debate nacional que proponemos, así como las salidas a los acuciantes problemas de la nación, como son el empleo, la salud, la educación, el bienestar social, el desarrollo productivo y tecnológico, la protección del campo, entre otros".
Sobre el diálogo con las Farc, 'Los Pelusos', como también se le conoce a esa guerrilla, señalan los incumplimientos del Estado con los integrantes del nuevo partido político.
"Con la firma de importantes acuerdos que obligan al Estado a respetar y garantizar los derechos de las comunidades, el país conoció también del levantamiento de estos paros y protestas, que hoy nuevamente empiezan a prepararse dado el incumplimiento generalizado del gobierno y el mantenimiento de las políticas que siguen soportando el abandono, la exclusión y negación de los derechos y libertades de nuestras comunidades".
Reseñan además las acciones de las Altas Cortes, el Congreso, y los partidos políticos, para evitar que se implemente lo que se acordó en La Habana con las Farc.
"Llama la atención el sinnúmero de críticas y obstáculos que colocan a diario el Ejecutivo, el Congreso, las altas Cortes, la Fiscalía General de la Nación, los organismos de control, los viejos y nuevos partidos de la institucionalidad a la implementación de los Acuerdos firmados, así como su negativa a aprobar las tibias reformas que plantean estos Acuerdos. Lamentable, que luego de verificadas por las autoridades nacionales y la comunidad internacional la desmovilización y dejación de las armas por parte de las FARC-EP, así como su conversión en partido legal, el gobierno nacional mantenga el incumplimiento de los acuerdos firmados, no haciendo efectivas garantías mínimas como la libertad de los prisioneros de guerra, la suspensión de las órdenes de captura, la amnistía para los milicianos, entre otras medidas acordadas", dice la carta.
La respuesta del gobierno al Epl
La respuesta del Ejecutivo a la misiva de la guerrilla fue inmediata. El vicepresidente de la República, general (r), Óscar Naranjo, cerró la puerta a un diálogo con ese grupo armado.
"La decisión del gobierno es perseguirlos, arreciar las operaciones e indicarles que el único camino es el sometimiento a la justicia", advirtió.
De paso, el vicepresidente de la República dejó claro que el Epl seguirá siendo tratada como una banda criminal. "Son una expresión delincuencial. Descartada cualquier aproximación que se interprete como un diálogo de paz, estamos convencidos de que el gobierno abre cambios al sometimiento a la justicia", señaló.