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El desconcierto por el coronavirus, y su impacto en las distintas actividades de la cotidianidad en el país y en el mundo, ha servido de terreno abonado para que se formulen controvertidas propuestas que, en muchos casos, buscan pescar en río revuelto. Es claro que la pandemia ha resentido de forma considerable la economía del país y ha trastocado la labor de sus instituciones. Y eso ha sido aprovechado para considerar planes que, de otro modo, serían rechazados de forma tajante.
Las propuestas controvertidas han venido de los diferentes espectros del país político y van desde la reducción considerable del Congreso hasta una reforma laboral que permita la reducción de los salarios, el recorte de personal y la suspensión transitorio del pago de primas. Esta última fue hecha por el exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras en su columna de los domingos.
En su espacio de opinión, el líder natural de Cambio Radical llamó al gobierno para que subsidie las nóminas de los sectores más golpeados por la pandemia, pero, al mismo tiempo, señaló que es tiempo de formular una “urgente reforma laboral”. Los principales cambios de este plan irían a la reducción de sueldos y a recortes de personal. Bajo esta misma línea, Vargas Lleras propuso “flexibilizar” los costos del despido.
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El exvicepresidente, que reconoce que su propuesta puede ser considerada “impopular”, también pidió que se contemple la posibilidad del salario mínimo por horas y flexibilizar los horarios mientras la contingencia. El plan de Vargas Lleras también incluyó eliminar de forma transitoria las primas de mitad y fin de año: “Si no hay con qué pagar los salarios, mucho menos las primas”.
De forma parecida, la proposición contempla suspender las cesantías, los intereses de cesantías, y el pago de subsidios de transporte y dotación obligatoria. La lógica de este argumento es que en tiempos de teletrabajo no se está usando estos beneficios, por lo que pueden ser suspendidos de manera temporal.
El programa laboral de Germán Vargas Lleras fue rechazado, casi que de inmediato, por distintos sectores. Por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela respondió al exvicepresidente: “¿Vargas Lleras cree que la economía levantará cabeza llevando a los trabajadores a la miseria? Oportunista, odia a los sindicatos y a los trabajadores, todo el período de emergencia pidiendo reforma laboral y pensional. Vocero de Duque, enemigo de las Mipymes”.
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Como este mensaje, varios más se manifestaron en contra de la propuesta del exvicepresidente y la tildaron como una forma de “pauperización” de las condiciones de los trabajadores colombianos. Asimismo, le señalaron que en este momento era necesario, más que nunca, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, como motor de reactivación de la economía.
Lo dicho por Germán Vargas Lleras se unió a otras propuestas, formuladas durante este contexto de pandemia, que han sido rechazadas y hasta calificadas de disparatadas. El listado está encabezado por la iniciativa del representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, para reducir en casi un 50% el Congreso. El argumento de esta propuesta es con el dinero ahorrado se podrá colaborar con la reactivación económica del país tras superarse la pandemia.
La propuesta, con la que se ahorraría cerca de $316.400 millones, establece que se pase de 278 curules a 157: de 108 a 51 en el Senado y de 171 a 106 en la Cámara. La eliminación de 121 escaños no sería una propuesta solo para esta pandemia sino que, según su proponente, es un planteamiento que desde el 2002 viene abanderando el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe.
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La propuesta no fue tomada de buena manera en varios sectores, sobre todo de la oposición. El representante liberal Alejandro Chacón, expresidente de la Cámara, calificó la iniciativa como un intento por “acabar el sistema de pesos y contrapesos” del ordenamiento colombianos”. Luego, el representante por Norte de Santander señaló que, de ser el caso, el presidente también tendría que ser incluido en este intento de revocatoria.
“Si lo que quieren es esquilmar la legitimidad del Congreso de la República, sometiendo a los que no estamos de acuerdo con las disposiciones del Gobierno, deberían proponer una revocatoria incluyendo también el mandato del Presidente para que sea el titular de la soberanía el que decida ir a nuevas elecciones”, declaró el expresidente de la Cámara para el periodo 2018-2019.
“Los dictadores no tienen partido, pueden ejercer desde el espectro político de derecha o de izquierda. Si quieren clausurar el Congreso de la República con el respaldo de algunos congresistas que se tornan serviles para propósitos ominosos, bienvenidos a la dictadura en Colombia. La democracia constitucional debe respetarse y defenderse a ultranza”, concluyó Chacón.
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Esta propuesta también fue rechazada con vehemencia por los miembros del partido FARC, que consideraron el proyecto como un intento más por “hacer trizas” los acuerdos de paz por parte del partido de gobierno. Esta afirmación se fundamenta en que en la iniciativa se incluye una reducción a la mitad de las curules del partido nacido de los acuerdos de la Habana. Mientras que se acordó entregarle 10 curules a la FARC durante tres legislaturas, la propuesta por el coronavirus contempla que esta cifra se reducza a tres escaños en la Cámara y dos en el Senado.
“El Centro Democrático no ha ocultado su incomodidad por nuestra presencia como bancada en Senado y Cámara. Ellos van a buscar las condiciones para quitar esa representación política bajo la tesis de que no hubo conflicto, sino una amenaza terrorista. La representación política que consagró el Acuerdo es el reconocimiento del Estado de la resistencia del movimiento guerrillero”, declaró el senador Julián Gallo, conocido en el conflicto como el comandante Carlos Lozada.
Desde el partido de gobierno vinieron otras dos propuestas que fueron rechazadas de forma tajante en el Congreso. Una de ellas fue formulada por la senadora María Fernanda Cabal durante una intervensión en la Comisión Primera. La congresista del Centro Democrático dijo que era necesario levantar el confinamiento, debido a que era más riesgoso las muertes que traería una crisis económica que el COVID-19.
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“Se ha demostrado que es más la gente que se cura que la que se muere. Por lo general el que fallece es quien tenía antecedentes. No digo que nos descuidemos, pero tenemos que aprender a convivir con el virus. Confinar a toda una sociedad es matar la economía y eso es matar a la gente de hambre. Mi tesis es que la economía genera bienestar”, declaró la senadora en entrevista con este diario, haciendo referencia a sus declaraciones en el Congreso Virtual.
También desde el Centro Democrático vino otra de las propuestas más controvertidas durante la pandemia: cerrar el Congreso. El representante a la Cámara César Eugenio Martínez hizo la propuesta durante un debate de Control Político al ministro y al superintendente de Salud. El representante antioqueño criticó que se tuviera a los funcionarios de gobierno "sentados ante un computador" presenciando las intervenciones de los representantes cuando “deberíamos tenerlos al frente haciendo los protocolos y los decretos”.
Luego pidió una intervención directa del poder ejecutivo a la rama legislativa. “Señores, esto no es práctico ni funcional. Yo le pido al Gobierno que intervenga el Congreso de la República, así me tilden a mí de dictatorial”, dijo el representante Martínez, que luego agregó: “No puede ser posible que el Congreso se convierta en un obstáculo. Veo un control político equivocado, están reclamando por unas cámaras de Venezuela, unos temas de Estados Unidos, y les están haciendo perder el tiempo”.
La propuesta fue más allá y llegó directo al punto de suspender las sesiones durante la pandemia: “Paremos el Congreso, suspendamos los pagos al Congreso. Que haya un Estado de excepción y sea el Ejecutivo interviniendo. No puede ser que tengamos al ministro ocho horas sentado aquí (…)Si nos toca parar el Congreso pues lo paramos, pero es más importante la salud”.
La propuesta fue de inmediato rechazada por los varios representantes de la oposición que estaba en el debate de control político. El primero en manifestarse fue el congresita León Fredy Múñoz, por la Alianza Verde: “Eso es lo peor que he escuchado en esta pandemia. Eso es lo que siempre han pretendido, que acabemos el Congreso y no les hagamos control político”.
El representante Alejandro Chacón llegó incluso a retar al gobierno a que se atreviera a cerrar el Congreso y cuestionó que se les criticara por hacerle control político a las medidas en salud tomadas por la administración del presidente Iván Duque. Así como los dos representantes, durante esa sesión, llevada a cabo el 23 de abril, se acumularon las expresiones de rechazo a la medida, tildada de dictatorial.
La última medida de este listado pasó de ser una simple propuesta y fue adopatada como una proposición en la Cámara. En la plenaria de este jueves, en la que se citó a debate de control político a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y al director del Inpec, se aprobó que ningún congresista pueda sesionar desde el capitolio durante la pandemia. De esta manera se cortó de tajo con cualquier posibilidad de sesiones semipresenciales o presenciales, una petición que venían haciendo varios sectores ante la falta de “dientes” de las sesiones virtuales.
La proposición aprobada fue calificada por la representante María José Pizarro como un intento más “limitar poco a poco las funciones de la democracia”. El congresista de la Alianza Verde León Freddy Muñoz también se fue encontra de la propuesta aprobada por la Cámara: “Esto no es una proposición, es un proyecto de acto legislativo (…) Nos van a cerrar el Congreso, no vamos a poder debatir, desde la virtualidad no se presta para hacer los debates”.
La mayoría de propuestas controvertidas han sido rechzadas por un amplio sector del Congreso, y parece que no tendrán una larga vida ante el ambiente en su contra. Sin embargo, demuestran que en tiempos de coronavirus, los intentos por pescar en río revuelto pueden venir de cualquier sector.