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Todo parece indicar que el paro nacional tendrá en los próximos días su segundo gran éxito en el Congreso. Primero fue la reforma tributaria, retirada por orden presidencial tras varios días de movilizaciones. Ahora, si nada extraordinario ocurre, la reforma a la salud tendría un destino similar. Aunque el proyecto es de origen legislativo, cuenta con el apoyo del Ejecutivo y hasta mensaje de urgencia, y en este momento no tiene los votos suficientes ni siquiera para superar el debate en comisiones. Cambio Radical, su impulsor, ha tratado de salvar los muebles al poner en suspenso la discusión mientras se desarrollan foros para socializar sus bondades y escuchar a la ciudadanía, pero lo cierto es que pocos están dispuestos a arriesgarse a apoyar la iniciativa con la protesta encendida y 2022 tan cerca.
Cuando llegó al Congreso todo apuntaba a que la propuesta no iba a tener mayores problemas. Comenzó con todo el impulso posible. A pesar de la pandemia, el 20 de julio del año pasado se realizó una rueda de prensa presencial en el Capitolio para su radicación, con la presencia de Fernando Ruíz, ministro de Salud y ficha de Cambio Radical en el Ejecutivo, por lo que se creía que iba a tener el apoyo irrestricto del Gobierno -que había logrado tener en ese momento una aplanadora legislativa en cuestionados proyectos como la cadena perpetua-. Este impulso fue confirmado en septiembre con el mensaje de urgencia emitido por el presidente Iván Duque a favor del proyecto.
Sin embargo, la discusión del texto nunca llegó a darse en el semestre en que fue radicado. El Congreso se centró en otros temas, como la reforma electoral, y las comisiones séptimas de Cámara y Senado se enfocaron en foros para realizarle ajustes, pues se criticaba que no tuviera un enfoque frente a la pandemia. Llegó 2021 y se suponía que sería uno de los puntos fuertes de la agenda. Incluso se llegó a sondear la posibilidad de convocar al Congreso a sesiones extras para tramitarla. Al final, ni siquiera se adelantó la discusión una semana y el proyecto quedó para debatirse casi que en paralelo a la reforma tributaria.
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Las molestias vienen por dos frentes. En primer lugar, no falta quién diga que mientras el país estaba dando el debate por la tributaria, se estaba pupitreando en el Congreso la reforma a la salud. Por otro lado, han circulado cuestionamientos desde distintos sectores, algunos con validez y otros ajenos a lo que realmente está consignado en el articulado. Hay legisladores, incluidos firmantes de la ponencia, que aseguran que los cambios introducidos lo han deformado y que ha perdido los enfoques básicos, como eliminar la tercerización de los profesionales de la salud.
Curiosamente, estas objeciones no aparecieron en los primeros debates, solo la oposición insistió en que el proyecto podía llegar a ser contraproducente debido a que privatizaría aún más el acceso a la salud, entre otros reparos. El 14 de abril, bajo este panorama y sin que la reforma tributaria fuera radicada aún, las comisiones Séptimas debatieron dos ponencias: una de archivo y otra positiva. La primera fue derrotada y se dio el aval para continuar el trámite. Se dispuso que el debate continuaría el 20 de abril para darle tiempo a una subcomisión para organizar y debatir las cerca de 400 proposiciones que llegaron. Debido a la extensión del trabajo, dicha sesión se pospuso varias veces hasta que coincidió con el paro.
Así las cosas, no se ha podido debatir en comisiones el articulado y son varios los sectores que han pedido que se archive el proyecto. No obstante, el senador Fabián Castillo, de Cambio Radical y uno de sus autores, comentó a este diario que “no está en manos de nosotros retirarlo”. La razón es que ya se inició el trámite y se dio visto bueno a la ponencia positiva, por lo que sí o sí tiene que votarse. La única posibilidad es que se rechacen todos sus artículos. Y tal parece que ese será su destino, pues actualmente son pocos los congresistas que quieren ser asociados con la iniciativa, que es parte de los temas rechazados por los organizadores del paro.
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Además de la oposición, que no aprobó el proyecto desde el principio, los primeros en bajarse de la reforma fueron los senadores Armando Benedetti y Rodrigo Lara. Estos aparecían como coautores, pero pidieron la semana pasada que sus firmas fueran retiradas. En el caso de Benedetti, la solicitud vino luego de que lo criticaron por haber aterrizado en la Colombia Humana, pero mantenía su aval a ese tipo de proyectos. Por otro lado, con el crecimiento de los impactos del paro, más firmantes desistieron de su apoyo y varios partidos anunciaron que estaban en contra de la reforma, a pesar de que en un principio algunos de sus miembros habían emitido un voto afirmativo a la ponencia radicada.
En este listado de colectividades está la U, que el pasado viernes anunció que no votaría la reforma puesto que no “soluciona estructuralmente las necesidades en salud de los colombianos, como tampoco desarrolla la Ley 1751 de 2015, que regula, garantiza y protege el derecho fundamental a la salud”. Algunos de sus miembros le comentaron a este diario su descontento porque en la ponencia “se eliminaron temas que eran muy importantes”. En el caso del Partido Conservador, se reconoce la necesidad de una reforma y que el proyecto “no trae todo lo que dicen en las redes”, pero se pidió su archivo debido a que “el país lo está pidiendo a gritos” y ello serviría “para avanzar en una reconciliación”.
Otros que anunciaron su rechazo fueron el Mira y el Partido Liberal, este último la tildó de “dañina”, en una carta firmada por buena parte de sus representantes. Por otro lado, miembros del Centro Democrático le confirmaron a El Espectador que no tienen una posición inamovible y esperarán a la realización de dos foros para pronunciarse de forma definitiva.
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Esto deja a la reforma a la salud con un único apoyo seguro: el de Cambio Radical. El compromiso con la iniciativa llegó al grado de que su líder natural, Germán Vargas Lleras, hasta invitó al ministro Ruiz a renunciar por la falta de apoyo del Ejecutivo. Según el exvicepresidente, detrás de los cuestionamientos a la iniciativa “hay intereses muy poderosos de quienes se verían afectados, empezando por muchas EPS y por los grupos de cabilderos que tramitan intereses particulares y, últimamente, de los promotores del paro, que se equivocan al ponerse al servicio de esos oscuros propósitos”.