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Según las cifras oficiales de la Unidad de Víctimas del Estado, en Colombia hay registradas 8.785.305 de personas que han sufrido el conflicto interno. Por ello y para conmemorarlas, la Ley de Víctimas creó el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas celebrado el 9 de abril en el Capitolio Nacional.
Allí, durante la sesión de Congreso pleno, 40 víctimas de diferentes organizaciones que trabajan por la restitución de sus derechos y provenientes de diferentes territorios azotados por la violencia, participaron en esta plenaria que buscaba ponerlas en el centro del Congreso para ser escuchadas por los legisladores.
La sesión, que tuvo lugar en el Salón Elíptico, tuvo un comienzo tenso: los voceros de las víctimas reclamaron la entrada de todos ellos al interior del recinto, pues antes de iniciar les comunicaron que verían la plenaria en otra sala y que solo serían llamados al momento de sus intervenciones, según expresó Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas. (Para ampliar: En su día, víctimas reclaman la entrada de todos sus voceros a la sesión de Congreso Pleno).
Sin embargo, minutos después la mayoría de ellas entraron al Salón y permanecieron durante la jornada. Con los congresistas sentados en sus puestos y las víctimas organizadas en el resto del recinto (algunos encontraron asientos dispuestos alrededor del lugar, otras permanecieron de pie y las demás se ubicaron en las barras superiores), una a una pasaron al estrado y en cuatro minutos (tiempo anunciado por Ernesto Macías, presidente del Senado), exigieron derechos, hicieron valer las garantías de participación, pidieron por la justicia, verdad, reparación y no repetición y hablaron de leyes que los amparan.
“Nos tocó un poco duro porque si no hacemos bulla, si no exigimos no nos dejan entrar. Luego, de estar dentro, ya nos sentimos un poco cómodos, porque a pesar de que no fue mucho tiempo para escucharnos, vimos que nos estaban poniendo atención”, dijo Héctor Marino Caravalí, delegado de la Mesa Nacional de Víctimas por el municipio de Buenos Aires, en el Cauca.
De cara a los representantes de ambas cámaras, las memorias que visibilizan la dureza de la guerra salieron a flote. Los voceros de las personas que han vivido las atrocidades del conflicto, quienes saben qué es perder un padre, ver a su madre ser abusada, dejar el territorio que habitaban, entre tantas otras cosas, le contaron al país detalles de por qué ellos hoy son catalogados víctimas. Compartieron, justamente, las situaciones que los hacen ser víctimas.
Ángela María Escobar, presidenta de la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, estuvo presente y contó su caso: ser violada por paramilitares en el marco de una guerra que no era suya.
“Las mujeres que fuimos víctimas antes de 2016 hoy ya estamos grandes. Y si nuestros casos estuvieran en la justicia ordinaria nos moriríamos sin saber la verdad. La JEP nos da la posibilidad de encontrar la verdad, justicia y no repetición. Tuvimos la oportunidad de entregarle a la Sala de Reconocimiento 2000 historias. Y hasta ahora, no hemos tenido respuesta porque no han dejado funcionar la JEP. Es un llamado para que nosotras las víctimas sepamos la verdad. Yo no me quiero morir sin saberla. Quiero saber por qué 3 integrantes de los paramilitares me violaron. Invitamos a todas las víctimas a no dejarse politizar, dejar los odios y reconciliarnos y reconstruir una verdadera paz. Es un llamado para que ustedes en el Senado también nos ayuden a construir paz”, dijo, haciendo alusión también a los próximos debates que tendrá la Cámara Alta en torno a las objeciones presidenciales hasta ahora negadas en la Cámara de Representantes.
Para leer: La diferencia entre odio e indignación según Mockus
Y como ella, muchos otros. Lidia Ibeth Florian Cortés, por ejemplo. Enviudó cuando su esposo, el capitán y piloto Raúl Octavio Castañeda resultó muerto, luego de estar desaparecido por ocho días: “mi esposo realizó su trabajo con responsabilidad y murió el 21 de mayo de 1991. Su muerte fue una violenta, con señales de tortura. Fruto de nuestro gran amor es que existen mis dos hijos. Nunca recibí apoyo del Estado, y por eso hoy, 28 años después, he decidido romper el silencio para contarle al mundo los atropellos que hemos vivido”.
Cortés utilizó sus últimos segundos en el estrado para pedir que la muerte de su esposo no quede en la impunidad. “Después de tantos años de dolor, pido justicia para quien siempre será mi esposo”, finalizó.
Los delitos que han sufrido los colombianos a causa de la guerra interna (no solo con las Farc sino con paramilitares y otros grupos al margen de la ley que aún azotan territorios alejados de la conocida “Colombia profunda”) no son pocos. Aparte de las muertes de familiares y los abusos sexuales a las mujeres, está el caso de Manuel Antonio Velandia, un hombre de 62 años que se autodenominó como la primera víctima homosexual colombiana viviendo en el exilio.
“Soy un refugiado político que se vio obligado a desplazarse a España, luego de un atentado con granada en contra de la vida de mi pareja y la mía, y después de las amenazas de muerte que recibió mi familia. Durante 12 años viví exiliado en el exterior. Ahora, cuando voy por la calle la gente dice que soy marica. Y eso es lo que soy. Pero represento a muchas personas que no quieren definirse en el cuerpo, o en una orientación sexual”. Dijo Velandia.
Este hombre también habló sobre la prórroga de la ley 1448 de 2011, que vencerá en dos años y la cual busca la reparación integral de las víctimas. “Necesitamos que la ley se extienda en el tiempo para que nosotros, las personas como yo, seamos escuchados”.
Fueron varias las peticiones en torno a temas como la ley 1448 y las objeciones presidenciales. Ramón García Gutiérrez, víctima sujeta de reparación colectiva, utilizó sus cuatro minutos de intervención para hablar sobre ambos asuntos. “Hoy viajé cientos de kilómetros para estar acá en representación de cientos de víctimas del Urabá Antioqueño. Los invito a buscar políticas públicas claras que nos permitan no ser castigados como víctimas, sino a avanzar”, dijo.
Ahora, luego de varias horas de sesión y tras haberse dado a escuchar, las víctimas continuarán buscando espacios para exigir y hacer valer sus derechos, según dijo Héctor Caravalí una vez finalizado el encuentro. “Luego de estas reflexiones vamos a mirar qué tanto el Congreso va a tener en cuenta nuestras propuestas, los recursos que hay para que se implemente por más años la ley 1448. Lo que esperamos es que mucho de lo que planteamos hoy sea implementado. Y, además, consideramos que el Senado de la República, siendo coherente con las víctimas, quienes estamos mamados de la guerra, sigan en la misma línea sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP”.