Prueba de fuego para el Gobierno

Las movilizaciones que se le vienen a Duque

Fecode, las comunidades indígenas, afros y campesinas del suroccidente del país y los cultivadores de coca en Meta, Caquetá y el sur de Córdoba anuncian protestas.

Desde el fin de semana, las comunidades indígenas del Cauca comenzaron a concentrarse para iniciar su Minga por la Vida. / Mauricio Alvarado

Movilización en 32 municipios del país, a partir de hoy, convocada por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y Marcha Patriótica. Inicio, también hoy, de la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores del sector estatal. Reunión de Dignidad Cafetera —el 15 de marzo en Neiva y el 21 en Pereira— para definir la hora cero de una gran movilización agropecuaria. Paro de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) los días 19 y 20 de marzo. Movilización de comunidades indígenas, afros y campesinas en el Cauca, la denominada Minga por la Vida, desde este fin de semana, en diferentes territorios del suroccidente del país. Llamado a la protesta social por parte de organizaciones campesinas del Meta y el sur de Córdoba. Movilización de campesinos cultivadores de coca en San José del Fragua (Caquetá).

Estos son los paros y movilizaciones que desde esta semana se le vienen encima al gobierno del presidente Iván Duque y que representan una prueba de fuego en cuanto al manejo que el primer mandatario les dé, en lo que tiene que ver con su negociación e incluso con la manera como se afrontarán los posibles bloqueos. Las recientes encuestas muestran un repunte en el nivel de aprobación de la gestión de Duque, cimentada en su liderazgo en el llamado cerco diplomático al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y, en alguna medida, a la decisión de suspender los diálogos de paz con el Eln tras el atentado de esa guerrilla a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá. Y una coincidencia: el fin de semana, cuando se puede decir que arrancó la agitación social, el primer mandatario anunció su decisión de objetar algunos puntos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tema transversal a casi todas las protestas.

En efecto, hay algunos factores comunes en lo que tiene que ver con la motivación de estas movilizaciones, entre ellos, precisamente, la exigencia de la implementación del Acuerdo de Paz, que incluye la estatutaria de la JEP. Los otros tienen que ver con el rechazo al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno, las amenazas y crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y el incumplimiento en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Por supuesto, hay también particularidades en cada movimiento o en cada región. Fecode reclama el derecho a la libertad de cátedra, a la salud digna y de calidad para los docentes y sus familias, a la vida ante las persistentes amenazas y violencia contra los docentes, y expresa su rechazo al PND que, considera, “asfixia la educación, no aumenta el presupuesto, ni garantiza los ascensos”.

En el Cauca, una de las regiones donde históricamente se han hecho sentir con más fuerza las movilizaciones de las comunidades indígenas y campesinas, el gobernador Óscar Campo le solicitó al Gobierno Nacional establecer cuanto antes escenarios de diálogo previo, con el fin de evitar confrontaciones y el taponamiento de la vía Panamericana. “Estamos expuestos a otra movilización que dará inicio a partir del próximo 10 de marzo, convocada por las comunidades indígenas a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, circunstancia que ha encendido todas las alarmas frente a los traumatismos generados en las protestas anteriores, las cuales, han terminado en vías de hecho, lamentablemente, con graves consecuencias en la dinámica social y económica de toda la región”, le dijo el mandatario regional en una carta al presidente Duque.

Esta movilización no es solo de los pueblos indígenas. La Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz incluye a los afros, comunidades campesinas y sectores sociales, sindicales y populares de los departamentos de Cauca, Huila, Caldas y Valle, quienes han decidido expresarse “ante la crisis económica, política, social y humanitaria y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades y pueblos en los territorios y el poco avance con ministros, viceministros y directores de entidades administrativas. Ante la falta de respeto y garantía de nuestros derechos humanos, que se ve agudizada por una regresiva agenda legislativa y unas políticas en torno a la paz, que bajo el discurso de la defensa y seguridad como elementos de la equidad, pretenden profundizar el modelo económico. Y ante la profundización de la represión a la oposición política, el despojo y el saqueo de nuestros recursos naturales”. Incluso han dicho que solo aceptarán la presencia del presidente de la República para negociar, pues consideran que los espacios que han tenido con otros funcionarios han fracasado.

Otro escenario crítico es el de los cafeteros, que le vienen exigiendo al Gobierno medidas urgentes para la salvación del sector, por estos días agobiado por la fuerte caída de los precios a nivel internacional. Dirigentes de Nariño, Santander, Huila y el Eje Cafetero se darán cita en dos encuentros, uno en Neiva el viernes 15 de marzo y otro el jueves 21 en Pereira, para definir la hora cero de una gran movilización que incluso puede llegar a Bogotá. “Veintisiete meses continuos de caída de los precios internacionales del café tienen a los caficultores colombianos en una profunda crisis de ingreso (…) ante la crisis, que durante este año se ha profundizado más, el Gobierno y la Federación de Cafeteros anuncian unas medidas bien intencionadas —sí se quiere— pero que no alcanzan a cubrir las urgencias de los productores. En estos eventos se definirán las acciones de movilización, democráticas y pacíficas, que se harán, en búsqueda de soluciones ciertas a las necesidades que atraviesa la caficultura colombiana”, anuncia Dignidad Cafetera.

Finalmente, las protestas campesinas en Meta, Caquetá y Córdoba comparten una misma motivación: los incumplimientos que, según esas comunidades, ha tenido el Gobierno con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). En el sector de Yuracayo, en Caquetá, se suspendió la erradicación en todas sus modalidades hasta que haya un acuerdo con los directivos del programa. El fin de semana, desde Montería, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, les salió al paso a algunos de los rumores y enfatizó que el Gobierno del presidente Iván Duque no tiene agendas ocultas, ni pretende debilitar el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y no hace promesas que no pueda cumplir. En este sentido, reiteró el compromiso de apoyar a las familias que están en la legalidad y dijo que los incumplimientos en pagos y proyectos productivos en algunas regiones obedecen a fallas de planificación y financiación que se han venido subsanando.

Lo cierto es que, al inicio de su gobierno, el presidente Duque aseguró que “la protesta social es legítima e importante en una democracia, pero más importante es que tengamos un diálogo social fraterno, sincero y orientado hacia mejores políticas públicas para las comunidades. Si somos exitosos en el diálogo, si somos exitosos en la construcción de soluciones, la protesta no será la alternativa a la que se acuda como primer mecanismo”. Ya hay un hecho que comienza a marcar la línea de acción que asumirá su gobierno: el viernes pasado se logró un acuerdo para levantar el paro civil que venía liderando la Mesa de Derechos Humanos por la Defensa de la Vida y el Territorio del Cauca, tras un diálogo con funcionarios del Gobierno, con el compromiso de revisar los pactos previos establecidos en materia de agricultura, vivienda urbana y rural, tierras, garantías de seguridad, comunicación y tecnologías. Ahora hay que ver cómo se afrontarán las protestas que se vienen encima, muchas de las cuales amenazan con bloqueos.