Paridad en el Ejecutivo: a medias

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Las banderas del gobierno de Iván Duque se enmarcan en las premisas de paz con legalidad, equidad y emprendimiento. El concepto de equidad, que tiene que ver con las clases sociales e igualdad en oportunidades, también recoge la promesa de paridad que hizo el presidente no solo en su gabinete ministerial, sino en su compromiso trazado en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se consignó que, por primera vez en la historia democrática del país, el 50 % de los cargos de poder del Estado estarían ocupados por mujeres al cierre de su administración.

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La semana pasada, el Departamento Administrativo de la Función Pública compartió el cierre de cuentas de 2020, año que, según la entidad, cerró con un 43 % de mujeres en cargos del Estado de máximo nivel decisorio. La lista entregada por Función Pública para detallar en dónde están esas mujeres correspondió a una en la que solo se veía reflejado el panorama a nivel de Gobierno Nacional, es decir, ministerios, viceministerios, consejerías y departamentos administrativos.

El Espectador recogió información de 118 entidades, que incluyen a las anteriormente mencionadas, así como agencias, unidades, institutos y superintendencias, y encontró que 81 están encabezadas por hombres, 35 por mujeres y dos, por ahora, están en vacancia, que corresponden a la Consejería para Asuntos Políticos y el Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad del Minciencias, al cual hace unos días renunció Diego Hernández Losada.

La participación de las mujeres corresponde a un 29 %, es decir, está a un punto porcentual de cumplir la Ley 581 de 2000, que dicta que las mujeres deben ocupar el 30 % de los máximos cargos decisorios. Asimismo, hay despachos ministeriales, como Hacienda, Vivienda, Ambiente y Justicia que ni siquiera cuentan con una mujer en un viceministerio. Y en los últimos nombramientos en carteras (Interior, Cultura y Defensa) no se ha considerado a una candidata.

La consejera para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, dice que las designaciones son a discrecionalidad del presidente Duque; sin embargo, la duda persiste en cómo este gobierno cerrará 2022 cumpliendo una promesa que no es capricho, sino que corresponde a unos compromisos internacionales suscritos por Colombia, como la Plataforma de Acción de Beijing (1995) o, yendo más cerca, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), así como la misma Ley 581 que exige, por lo menos, un 30 % de funcionarias en la estructura estatal de alto rango.

Para Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, no es correcto lo que dice la consejera: “La ley es para cumplirla”, recuerda, aduciendo a la 581. En este caso, la palabra la tiene el Consejo de Estado si admite una demanda interpuesta por unos estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes que buscan tumbar la elección de Daniel Palacios como ministro del Interior, al considerar que se incumplió la ley. “Desde que Alicia Arango dejó de ocupar el cargo, la composición del gabinete de ministros solamente incluye a cinco mujeres, lo que equivale al 27,7 % del total de ministerios (18)”, se lee en la acción jurídica.

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En el gráfico que acompaña ese artículo, que obvia el cargo de Presidencia y Vicepresidencia, también se evidencia un encuadre de la mujer en cabeza de entidades relacionados con el cuidado. “Las mujeres están encargadas, a excepción de transporte y relaciones internacionales, de temas que no son de la agenda principal del Gobierno y no tienen la asignación de recursos suficientes. Aunque el presupuesto de educación viene incrementando, no se le ha dado la importancia en su papel en el marco de un escenario de estabilización del posconflicto”, dice Juliana Hernández, directora de la organización Artemisas, sobre el cuadro.

Lo que cuestiona ella es que quienes están allí en el poder “siguen teniendo una visión muy homogénea de la vida, como si la sociedad estuviera conformada solo de hombres blancos”. Y en ese sentido, para una verdadera representación diversa de lo que es Colombia, Hernández insiste en la paridad universal, que toque a todas las ramas del poder público y en unos mínimos, como la formación en perspectiva de género, para entender cómo las situaciones del conflicto, la pandemia, la minería ilegal, el acceso a internet, entre otros problemas, afectan de manera diferencial a las mujeres. Asegurar presencia femenina en espacios históricamente liderados por hombres permite repensar una sociedad más equitativa y consciente de las brechas históricas que han vedado a las mujeres a ocupar el poder.

*Nota del editor: Tras la verificación de los cargos para la publicación del artículo, se identificó a Margarita Hernández como superintendenta de Economía Solidaria, sin embargo, se rectifica que en el cargo actualmente está Ricardo Lozano Pardo. La proporción entre hombres y mujeres está 82 versus 34.