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Por las calles de Samaniego caminan policías y soldados fuertemente armados. Hacen parte del refuerzo de la seguridad que llegó a ese municipio ubicado a poco más de 100 kilómetros de Pasto, capital de Nariño, desde que los violentos les arrebataron la vida a ocho jóvenes que departían en una terraza de la población el pasado 15 de agosto. “Aquí siempre había complicaciones, pero nada como lo ocurrido ese día. Tampoco ha ocurrido nada más, parece que hubiese sido para llamar la atención”, comentó un policía forrado con un chaleco antibalas y un fusil casi más grande que él que lucía pesado.
Hasta el coliseo de ese municipio llegaron el sábado nueve miembros de la Comisión de Paz del Senado de la República, para cumplir con una audiencia pública que estaba pendiente desde el 22 de agosto pasado. En esa fecha no fue posible el viaje porque, según el senador Roy Barreras, del Partido de la U, el Ministerio de Defensa puso trabas para la disposición de un vuelo de apoyo para que los congresistas pudieran llegar de la manera más segura posible. Desde la cartera negaron esa acusación y aseguraron que la solicitud no se pudo cumplir, simplemente, porque la carta había llegado muy encima y no había disponibilidad.
Saldados todos los trámites, además de Barreras, los senadores Temístocles Ortega, Victoria Sandino, Feliciano Valencia, Guillermo García Realpe, Antonio Sanguino, Rodrigo Lara, Alexander López y Pablo Catatumbo arribaron en compañía de Jorge Enrique Calero, vicedefensor del Pueblo. Allí los recibieron las víctimas, que portaban con sus manos las fotografías de sus hijos. “Nada se ha podido saber. Tampoco ha habido mucha respuesta por parte del Gobierno Nacional. Uno anda con miedo, no se puede salir solo porque lo que les pasó a ellos le puede pasar a cualquiera de nosotros”, dijo Bairon Patiño, padre de Bairon Patiño, uno de los jóvenes asesinado.
Luego de una reunión privada con las víctimas, arrancó una sesión de casi tres horas enfocada en escuchar lo que tenían que decir quienes vivieron la atrocidad de la violencia en carne propia. Fue Jesús Quintero, el padre de Sebastián Quintero, también asesinado el 15 de agosto, quien tomó la voz por todos para contar cuáles eran sus demandas puntuales.
La primera tuvo que ver con la exigencia a los medios de comunicación del país que hicieran, de manera urgente, una retractación y aclaración por las “noticias malintencionadas” en las que se señalaba que los jóvenes tenían vínculos con el narcotráfico". “Han venido repitiendo de manera irresponsable que lo ocurrido es un ajuste de cuentas”, dijo Quintero. Esa versión fue una de las primeras que difundieron las autoridades luego de conocidos los hechos, sin embargo, más allá de las hipótesis y versiones oficiales, no hay ningún tipo de elemento que lo pruebe.
En segundo lugar, pidieron que sus familias sean incluidas en el Registro Único de Víctimas y acusó a la Personería de Samaniego de rechazar y estigmatizar la mayoría de las declaraciones que se han hecho sobre la masacre. “Lo anterior lo informamos con el fin de que nuestras declaraciones sobre los homicidios de nuestros hijos no sean rechazadas, sino que se tenidas en cuenta bajo el principio de buena fe que nos garantiza la Ley de Víctimas”, comentó. Allí insistió en que se garantice el derecho a la honra y al buen nombre de sus hijos, cuando se ha insinuado que los jóvenes tenían relaciones con el narcotráfico.
En ese mismo sentido, pidieron que el Estado mantenga el acompañamiento psicosocial, que ha sido uno de los puntos sobre los que ha habido respuesta gubernamental, y que se garantice la vida de los familiares de las víctimas. “Creemos que nuestras vidas corren peligro, pues no sabemos los móviles de la masacre. Además, no queremos que haya revictimización en nuestros hogares y tengamos que desplazarnos de Samaniego”.
Para los familiares de los jóvenes asesinados, urge que las investigaciones judiciales tengan resultados para que los asesinatos no queden en la impunidad. Esa es una de las razones por las que hicieron también un llamado a las ONG de derechos humanos para que lleguen al territorio y puedan hacer una vigilancia al proceso judicial.
Las últimas tres peticiones tienen que ver con la reparación. “Ninguno de nuestros familiares ha sido reparado integralmente hasta el momento, y tampoco lo fueron nuestros hijos, quienes ya no podrán gozar de este derecho”. Asimismo, expresaron su deseo de que hubiese una reparación simbólica y que el Estado llegue con inversión social como una medida de reparación para las niñas y niños que habitan el municipio, “como una medida para contrarrestar o mitigar la violencia en nuestro territorio, asignando recursos para la salud, la cultura, el deporte, el agro, la comunicación y muchos otros campos que conlleven a un mejor desarrollo del municipio”, agregó Quintero.
Las peticiones que les presentaron las víctimas de la masacre de Samaniego a la Comisión de Paz del Congreso fueron básicamente las que fueron incluidas en un derecho de petición que enviaron al Gobierno Nacional el pasado 22 de agosto, sobre el que aún no hay una respuesta específica para todos los puntos. Por otra parte, el mensaje principal que quisieron enviar los congresistas fue el de acompañamiento a los padres y madres de los jóvenes y prometieron hacer seguimiento a las solicitudes que se han hecho al Estado.
De hecho, desde el gobierno local, tanto el alcalde, Óscar Pantoja, como el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, pidieron que el municipio fuese incluido desde de los que ya han sido categorizados como municipios PDET para que puedan beneficiarse de los recursos del Acuerdo de Paz. Esa parece ser una de las demandas que ha sido tenido en cuenta por parte del Gobierno Nacional, desde donde el mismo consejero de para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se ha comprometido.
Por su parte, el vicedefensor Jorge Enrique Calero, asumió el compromiso de hacer las gestiones ante la Unidad para las Víctimas para que las familias sean incluidas en el registro de víctimas. Igualmente, Calero terminó su intervención con una denuncia a la que las autoridades deberían ponerle atención inmediata: el pasado 10 de septiembre, las disidencias de las Farc, denominadas como Jaime Martínez y Carlos Patiño, convocaron a unas 500 personas a una reunión en la vereda Peñas Blancas, municipio de Policarpa —cerca de Samaniego— para intimidarlos y obligarlos a que exijan el retiro del Ejército de la zona. Los samanieguenses aún viven con el temor que ha dejado la masacre de los ocho jóvenes y su deseo más reiterado es que el Estado no los deje en el olvido.