Las preguntas que deja el proyecto que busca cárcel por vandalismo en protestas

El proyecto que busca penalizar el vandalismo y tipificarlo como delito apenas aterrizó en el Congreso. Sin embargo, es tachado como otro ataque a la protesta social y a su criminalización. / Diego Cuevas-El Espectador.

Esta semana aterrizó en el Congreso un proyecto de ley que busca que las personas que participen en protestas sociales y cometan actos vandálicos o violencia en contra de servidores públicos vayan a la cárcel. 

La iniciativa, compuesta solo por tres artículos, es de autoría de Manuel Ortiz, representante del Partido Liberal. Aunque Ortiz la había presentado en la legislatura pasada no alcanzó a ser tramitada y decidió entonces ponerla nuevamente a consideración en este periodo. La propuesta daría paso a que se cree propiamente el delito de vandalismo en el marco de las protestas dentro del Código Penal y que vayan a la cárcel los sindicados. 

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“Antes lo había presentado en la Cámara pero ahora lo propuse en el Senado. El proyecto busca garantizar la protesta pacífica a través de un tipo penal para castigar a los vándalos: haría que cualquier persona que, valiéndose de una manifestación, atente, dañe o destruya bienes públicos y privados y contra la integridad de la fuerza pública, incurra en prisión entre seis y ocho años, con el agravante de que la pena ascienda a 10 años si se tapan el rostro”, explicó. 

Además, el representante aclaró que su iniciativa no busca limitar el derecho a la protesta, sino al contrario: defender ese bien público. “Buscamos que se haga de manera pacífica y que siga habiendo garantía para la libre expresión”, reiteró Ortiz. La presentación de este proyecto se da en un contexto político en el que diferentes funcionarios han discutido sobre una posible regulación de la protesta. Tan solo hace unas semanas Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, descartó la intención del Gobierno de regularla, pero hace unos días el senador de la ASI, Jonatan Tamayo, pasó un proyecto para prohibir las manifestaciones entre semana. Las discusiones sobre el asunto no son pocas. 

Sin embargo, desde la radicación de la protesta, diferentes voces han argumentado que hacerla ley iría en detrimento de las marchas.

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Por un lado, Carlos Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana catalogó el proyecto como innecesario y como una acción que desincentiva las protestas. “Ese proyecto en esencia se asemeja a lo que intentaban hacer cuando propusieron que permitieran las marchas solo durante los fines de semana. El problema está en pensar que toda protesta deriva en vandalismo. Si bien es cierto que algunas terminan en eso, no es el común denominador. El problema son los infiltrados en las marchas”, dijo. 

En ese sentido, reiteró que actualmente cualquier acto de vandalismo que dañe el bien público ya es penalizado. “El Código de Policía contempla esas conductas y son castigables”, afirmó. Sin embargo, aseguró que aunque existen leyes que van en detrimento de esas actuaciones,  es muy difícil identificar quiénes son infiltrados y quiénes son estudiantes. “En una ocasión hubo inconvenientes en unas marchas, porque las cuatro o cinco personas que capturaron las autoridades las dejaron en libertad, no por respetar su derecho a protestar, sino porque tuvieron problemas en la legalización de la captura”, manifestó. 

¿Cómo hacer, entonces, para que la Fuerza Pública identifique quienes están detrás de los actos vandálicos en las protestas?

“El Estado tendrá que determinar eso, porque el poder punitivo lo tiene la Fiscalía y a ellos les corresponde, entre otras cosas, identificar a la persona que comete el acto. Es estado no puede alegar ineficiencia”, fue la respuesta del autor del proyecto. 

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Es decir, según su concepto, la creación de la ley garantizaría el bien jurídico de la protesta, pero su aplicación estaría a consideración del Estado. Ese punto, por ejemplo, es otro discutible y que genera dudas, dado que para nadie es un secreto los abusos de la Fuerza Pública en el marco de la protesta social. Tan solo el año pasado, en las manifestaciones en las que abogaban por más recursos para la educación pública, un estudiante perdió un ojo por cuenta de un dispositivo que un agente del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) le impactó en el rostro a pocos metros. El caso fue documentado por los medios de comunicación. 

Sobre ese asunto, el representante liberal arguyó que la ley que él promueve también aplicaría para los policías y agentes que hagan uso excesivo de la fuerza pública. “Ese también se debe castigar y con mayor razón deben ser judicializados los policías que se identifiquen como infiltrados en las marchas”, expresó Ortiz. No obstante, cabe recordar que, de convertirse en ley, sería la misma Fuerza Pública la encargada de revisar y encontrar a las personas infiltradas que cometan actos vandálicos. 

Y, por otro lado, son muchas más las preguntas que se hace Valentina Ávila, líder estudiantil del la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees). “¿Por qué la prioridad se centra en las actuaciones de civiles que son minoritarias y que no representan la lucha esencial de las manifestaciones? ¿Por qué, en vez de ese, no hacen un proyecto para revisar el protocolo del Esmad y sus actuaciones en la protesta social, o uno sobre la forma en la que se intervienen las marchas? ¿Por qué no legislar en torno al debido control fiscal a las administraciones de las universidades públicas” dijo. 

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En ese contexto, Ávila manifestó que la comunidad que representa rechaza el proyecto porque criminaliza la protesta social al señalar a actores individuales. “Jurídicamente es absolutamente innecesaria la inclusión de esos tres artículos en el Código Penal pues no va a cambiar las condiciones que se tejen en el movimiento social. Es decir, el proyecto busca judiciañizar el daño a bien ajeno y en contra de servidores públicos. Pero aunque eso ya es un delito, las autoridades nunca han tenido suficientes investigaciones y material para culpar a un estudiante o protestante por actos violentos que se cometen en las marchas”, afirmó. 

De esa forma, aunque Ortiz considera esencial tipificar el vandalismo como un delito, la visión de los manifestantes es que una ley de esa índole estigmatizaría la protesta. “La criminaliza a través del amedrentamiento, que ya no solo será físico por el exceso de uso de la Fuerza Pública, sino por los posibles montajes judiciales que se darían en ese contexto”, puntualizó.