Las razones del timonazo que claman las nuevas generaciones

El presidente Duque en la Mesa de Conversación sobre la Paz, el viernes pasado. / Presidencia

Hace 18 meses, cuando Iván Duque Márquez ganó la segunda vuelta presidencial ante Gustavo Petro por una diferencia de algo más de dos millones de votos, hubo euforia en las filas del uribismo, que celebró su regreso al poder. Aunque Duque hizo carrera con su frase “Ni trizas ni risas”, con la que fijó su posición frente al proceso de paz con las Farc, su victoria fue también la de quienes, con el No, ganaron el plebiscito en octubre de 2016. En otras palabras, esa negociación no fue su prioridad y, por el contrario, desde el comienzo de su gobierno intentó regresar a los inamovibles de su partido, el Centro Democrático.

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En cuanto a los partidos políticos —salvo el Conservador y algunos sectores cristianos— el gobierno Duque decidió no tenerlos en cuenta. Su argumento fue que no iba a conceder mermelada a cambio de apoyo, haciendo a un lado una premisa de toda democracia: en la Rama Legislativa se trabaja con mayorías. En consecuencia, las relaciones entre los dos poderes quedaron condicionadas a la debilidad del Ejecutivo para sacar adelante cualquier proyecto, precisamente por falta de respaldo parlamentario desde partidos con fuerza real y susceptibles de negociación, como el liberalismo, la U y Cambio Radical.

Así las cosas, el gobierno Duque se replegó hacia sus propios terrenos, quedando en la orilla opuesta de los sectores afines al proceso de paz y el de los partidos políticos. Con el paso de los días, a la falta de avances en la implementación de lo pactado en La Habana y el recurrente asesinato de líderes sociales y desmovilizados, se sumaron las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, la controversia en torno a la fumigación con glifosato de cultivos ilícitos, la insistencia en la represión como única fórmula contra el consumo de drogas, el intento de regulación de la protesta social, entre otros temas.

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Atrincherado en su partido y en un gabinete ministerial de expertos en distintos asuntos, pero sin suficiente espuela política, era cuestión de tiempo que estallara la crisis. En el contexto latinoamericano de protestas en las calles, Duque enfrentó las primeras expresiones con relativo éxito y algunos paliativos para aliviar el creciente inconformismo social. En contraste, en vez de atender las exigencias de los sectores divergentes en el interior del país, de la mano de Washington, se empecinó en convertirse en la punta de lanza del llamado “cerco diplomático” contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

A pesar de las peleas perdidas —como el hundimiento de sus objeciones a la JEP— y de las señales iniciales de rechazo popular, el primer campanazo político se dio el pasado 27 de octubre, cuando el uribismo sufrió una sensible derrota a nivel nacional en las elecciones locales y regionales. Algunos analistas recalcan que Duque, en vez de interpretar lo sucedido en las urnas y proceder en consecuencia, lo que hizo fue aferrarse a su esquema. Cuando llegó la hora cero del jueves 21 de noviembre con el paro cívico nacional ya fue tarde. Desde entonces se advierte un gobierno tratando de maniobrar entre las dificultades, pero sin un timonazo que le permita superar esta hora crítica.

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Su salida, en sus propias palabras, fue abrir una Gran Conversación Nacional, que hasta ahora le ha permitido entablar diálogos con estudiantes, empresarios, centrales obreras, transportadores, ambientalistas y los elegidos en octubre, entre otros. Su idea es recibir propuestas hasta el 15 de marzo de 2020, ganando tiempo para enderezar el rumbo. Pero el Comité del Paro, constituido por sindicatos y movimientos sociales, piensan que el objetivo es dilatar e insisten en que la negociación es con ellos. Desde la otra orilla, el Gobierno se mantiene en su agenda de disciplina fiscal, y por eso quiere dialogar, pero acompañado por los empresarios.

En ese tire y afloje, a instancias del presidente del Congreso, senador Lidio García, varios sectores políticos optaron por asumir una posición protagónica a través de conversaciones directas con el Comité del Paro. Sobre su convicción de que cualquier reforma terminará pasando por el Legislativo, esta estrategia, enmarcada en que el Congreso no puede ser un convidado de piedra frente a la crisis, pretende convertirlo en un interlocutor directo y salirle al paso al Gobierno, que sigue receloso de involucrar a algunos sectores políticos. En el fondo, también es claro que cada partido juega sus propias fichas en el ajedrez del poder.

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A esta realidad se suma otro factor inminente. En cuatro semanas se posesionarán los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, lo que en términos políticos se traduce en una forma de volver a barajar. Un escenario que también deja cesantes a muchos líderes regionales de los últimos cuatro años. Por eso, crecen los rumores de que de esa lista podrían surgir alfiles para ayudar a Duque a enfrentar el actual momento. Un reajuste ministerial cantado para ganar un segundo aire a través de caras nuevas que puedan enfrentar el triple reto: la agenda social, la implementación de la paz y las relaciones políticas.

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Aunque se mencionan muchos nombres —como el de Federico Gutiérrez —, los críticos del primer mandatario recalcan que, como los gobiernos anteriores, lo que más está necesitando son gallos de pelea frente al Congreso o curtidos en la negociación del poder. Algo así como un Humberto de la Calle en la era Gaviria u Horacio Serpa en los tiempos de Samper. Es decir, voceros que le puedan ayudar a Duque en lo que él no ha demostrado que está dispuesto a hacer: el arte de la confrontación o la negociación política. Tanto ante los líderes sociales y sindicales, como ante los “zorros” de los partidos políticos, incluidos los expresidentes.

Es una paradoja que uno de los presidentes más jóvenes en la historia bicentenaria de Colombia —apenas 43 años— sea justamente el blanco de la crítica incisiva de los estudiantes, protagonistas en primera línea de la semana de marchas en el país. Como lo advierten los analistas, Iván Duque es una figura joven tratando de defender lineamientos de un tiempo que ya pasó. Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, la mayoría de los muchachos que protestan hoy no habían llegado al colegio. Ahora el país es otro, y esas nuevas generaciones les quieren apostar a liderazgos renovados a partir de una premisa inequívoca: la paz.

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Los tiempos de Uribe fueron de confrontación, y bien o mal, las Farc se vieron forzadas a negociar, poniendo fin a un conflicto de más de 60 años. Es cierto que el plebiscito lo perdió el Sí al proceso de paz, pero la victoria del No fue muy apretada y, además, frente a un sector muy arraigado en la agenda social, que hoy le exige al Gobierno. En otras palabras, la paz no tiene reversa y lo que mayoritariamente claman esas nuevas generaciones es un país sin violencia, sin prejuicios ideológicos y con oportunidades laborales o educativas. Es decir, que no haya marcha atrás para seguir justificando el atraso social por los gastos de la guerra.

En su defensa, el gobierno Duque muestra los buenos indicadores económicos o promociona su modelo “naranja”. Pero en las comunidades rurales y los sectores deprimidos de las ciudades, las urgencias están advertidas en los diferentes pactos del Acuerdo de La Habana, todos con atrasos manifiestos. El de la reforma agraria, el de la apertura política o el de solución al problema de las drogas, contemplan salidas que vale la pena recobrar. El dilema es que al Ejecutivo no se le ve mayor interés en que estos asuntos sean prioritarios y, por el contrario, a 15 días de concluir el primer período legislativo 2019-2020, sus objetivos son otros.

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La reforma tributaria está a pocos hervores y el holding financiero quedó aprobado por decreto, por solo mencionar dos de los motivos del Comité del Paro para promover sus acciones contra lo que denomina el “paquetazo de Duque”. En ese orden de ideas, de no formalizarse un cambio de rumbo, lo que se advierte en el panorama inmediato es un diálogo de sordos. Y la situación social del país claramente no da espera. La gente en las calles encendió las alarmas y ese torrente de opinión no se va a disipar, así se vengan ahora las fiestas navideñas. Entre otros factores, porque no es un asunto de señalar a los responsables de la movilización.

Es decir, no es tiempo de endilgarle lo sucedido a uno u otro líder de la oposición, buscando al ahogado río arriba, sino de entender que la indignación ciudadana no es simplemente un asunto de muchachos deseosos de hacerse oír. Es la voz de una nación que cree en la paz, que quiere superar las rencillas políticas del pasado y que reclama de sus dirigentes enfocarse en la agenda social antes que casar peleas ajenas con los vecinos, así como transparencia absoluta en el manejo de los recursos del Estado, para ganar la batalla contra el más grande enemigo que tiene hoy Colombia: la corrupción pública y privada.

* Editor político de El Espectador.