Las recomendaciones de la MOE a la reforma política

La Misión de Observación Electoral reiteró que uno de los puntos principales es la conformación del Consejo Electoral Colombiano, como un organismo independiente.

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Este martes empezó en el Congreso el debate sobre la reforma política y electoral, uno de los proyectos de ley más importantes que se discutirán durante esta última legislatura. Y ya son varios los sectores que han manifestado su opinión frente a este tema, entre los que se cuentan los partidos minoritarios. Pero ahora es el caso de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Este martes, durante la audiencia pública del acto legislativo, la MOE intervino para hacer sus recomendaciones frente a la reforma política. Uno de los puntos centrales de esta intervención es la forma en la que se conformará el Consejo Electoral Colombiano (CEC), que reemplazaría al Consejo nacional Electoral (CNE).

La principal preocupación de la MOE es que el CEC sea, en efecto, un órgano independiente. Tal es el motivo por el que se aseveró que “es indispensable mantener una propuesta en la que no haya participación ni del Congreso de la República, ni de las organizaciones políticas en la postulación y elección de los miembros del Consejo Electoral Colombiano”.

Además, en días pasado, Alejandra Barrios, directora de la MOE, aseguró que “si logramos incluir las reformas planteadas, muy seguramente vamos a tener una autoridad electoral legítima e independiente de las organizaciones políticas, con presencia en el territorio al ser descentralizada y que tendrá capacidad de efectuar vigilancia y control”.

Pero eso no fue lo único referente al CEC. Para la conformación de este organismo, la misión consideró que sería necesario que sean las tres altas cortes las que propongan a sus candidatos y que “frente al régimen de transición no debe habilitarse al Presidente de la República para designar a tres miembros del CEC”. También que es “inconveniente” aforar a los magistrados, porque pasarían a ser juzgados por congresistas, “quienes precisamente podrían ser objeto de investigación”.

Adicionalmente, la MOE también se manifestó sobre la financiación política, pues es el “mayor reto” de las autoridades electorales. Esto va directamente relacionado con la propuesta de la reforma que le daría funciones de policía judicial al CEC.

Aun así, la misión planteó varias dudas en este punto: “¿Las facultades de policía judicial le serán dadas a un grupo de personas especializadas dentro del organismo electoral o será a cualquier funcionario dentro del CEC? ¿Se le estaría dando también la posibilidad de ordenar toda serie de inspecciones, interceptaciones y funciones que desarrolla actualmente la policía judicial? ¿Debe mediar un proceso penal para que actúe el CEC con sus facultades de policía judicial?”.

El tercer punto en el que la MOE hizo recomendaciones para la reforma electoral fue en el que se refiere a la “profundización y ampliación de la democracia”. Señaló, en ese sentido, que, aunque la propuesta de una adquisición progresiva de derechos políticos es adecuada, se debe “establecer un mecanismo de pérdida de derechos de los partidos y movimientos políticos que no mantengan el cumplimiento de los requisitos mínimos”, así como en lo referente a la responsabilidad de los partidos a la hora de entregar avales.

A todo esto, se suma que, de acuerdo a lo que planteó la misión de observación, la reforma electoral permitiría que “se concentre la acción de las organizaciones políticas en los territorios con mayor concentración poblacional”, al proponer que haya “una base de afiliados que residen en, al menos, un numero de circunscripciones territoriales cuyos censos electorales sumados superen el 50% del censo electoral nacional”. Según expone la MOE, este número se completaría solo entre Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá.

Por último, la MOE mencionó que no se debería incluir la propuesta que permite que un congresista sea nombrado para cualquier otro cargo público, antes de que se cumpla el año de su renuncia, pues generaría “una relación inconveniente entre el legislativo y el ejecutivo”.