Razón Pública en El Espectador

Las ventajas de la mermelada

La nueva forma de relacionamiento entre Gobierno y Congreso le cobró cuenta al presidente Duque en la legislatura que acabó de concluir, pues proyectos como la reforma política y a la justicia no pasaron. ¿Es necesario continuar con esta práctica?

En esta legislatura pasaron 15 proyectos, sin embargo, reformas a la política y a la justicia se quedaron sin oxígeno. / Presidencia
 
 

El pasado 20 de junio terminó el primer año de legislatura del actual Congreso. El período concluyó con el hundimiento, en último momento, de la ley anticorrupción que buscaba eliminar el beneficio de casa por cárcel para corruptos y de casi todas las medidas producto de la consulta anticorrupción, avaladas por el Gobierno, que se suman a otros fracasos en la agenda legislativa del presidente Iván Duque. Ni la reforma a la justicia ni la reforma política lograron ser aprobadas y los tres grandes proyectos que sí pasaron (Plan Nacional de Desarrollo, reforma tributaria y Ley TIC) sufrieron modificaciones.

Las razones del fracaso legislativo en este primer año deben buscarse en la relación entre el Gobierno y los parlamentarios. Duque le apostó a un acercamiento “sin mermelada” ni partidas burocráticas entregadas a cambio de apoyo en el Congreso. Como consecuencia, el trámite de sus proyectos ha sido complicado. Pero el tema de la “mermelada” se ha vuelto en Colombia un asunto muy controvertido sobre el cual circulan creencias no solo gratuitas, sino peligrosas, que son necesarias aclararlas.

¿Solo hay “mermelada” en Colombia?

A la “mermelada”, término usado en el país, en inglés se le conoce como pork barrel. De forma literal, significa “barril en el que se arroja la comida para los cerdos”. Pero la expresión se refiere a la disposición de dineros públicos en manos de los congresistas y su utilización en proyectos locales con el fin de ganar votos. A pesar de sus distintos nombres, la práctica es tan antigua como la democracia representativa. De hecho, pork barrel aparece en textos escritos hacia mediados del siglo XIX en Estados Unidos.

En los zapatos del congresista

Pensemos en el caso de quien aspira a ser elegido a la Cámara de Representantes. Durante la campaña electoral, él o ella averigua las necesidades de la gente de un lugar y lo que esperan del Estado. Les ofrece trabajar con el fin de que esas necesidades sean atendidas y, a cambio de esto, pide el voto de quienes lo escuchan.

Una vez electo, el representante busca cumplir sus promesas, ante todo porque quiere ser reelegido. Pero hacer realidad aquello que ofreció no es tarea fácil por varias razones: 1) el presupuesto público nunca alcanza para atender todas las necesidades. 2) Esto no lo decide una sola persona, sino el Congreso en su conjunto, y 3) Una buena parte de los recursos ya están comprometidos.

En ese contexto, ¿cómo cumple las promesas que les hizo a sus electores? Debe hacerlo mediante una especie de trueque. El parlamentario puede y suele explotar la necesidad de apoyo legislativo que asedia al presidente para que sus planes de gasto público sean aprobados en el Congreso. Es decir, que el representante no apoyará el presupuesto presentado por el Ejecutivo si no se incluyen los fondos para atender lo que les ofreció a sus votantes.

¿“Mermelada” sin corrupción?

Debe quedar claro que en ese trueque no se están negociando beneficios personales en procura del legislador en cuestión. En realidad se están distribuyendo bienes colectivos: un voto a favor de los planes del Ejecutivo a cambio de una partida presupuestal que supla las necesidades que el parlamentario representa. Esto significa escuelas, servicios de salud, carreteras y cientos de obras o servicios. Que este intercambio se haya manipulado de modo que el senador o representante se lucre personalmente es, sin lugar a dudas, censurable. Pero es posible evitar semejante corrupción con mayor transparencia. O sea, dar a conocer, oportunamente y en detalle, el destino y el uso real de los recursos públicos.

“Mermelada” y eficiencia del gasto público

Por otro lado, podría argüirse que asignar recursos públicos según las preferencias de los legisladores conduce a serias ineficiencias en el gasto público o que torpedea el Plan Nacional de Desarrollo. Sí y no. En primer lugar, no se trata de repartir entre todos los congresistas la totalidad del presupuesto anual de la nación, sino una tajada minoritaria del mismo. Además, como los parlamentarios siempre van a pedir más de lo que es viable, el presidente conserva la autonomía para decir cuál proyecto respalda y cuál no. De igual forma, el congresista debería saber cuál gasto público es más apremiante o más benéfico en el largo plazo y cuál no. Es más, el hecho de que unas iniciativas de inversión se encuentren etiquetadas con el nombre de un legislador habrá un vigilante sobre este para su correcta ejecución.

La política democrática no es ideal

Claro que para el presidente y su equipo de gobierno sería más productivo que todo el presupuesto de la nación quedara en sus manos. Pero el mundo de la política democrática exige compartir muchas decisiones. La “mermelada” representa un instrumento útil para el mandatario que tiene en sus manos la ejecución de los recursos, un arma que le permite presionar el respaldo de un congresista específico para que le otorgue su apoyo, mediante el desembolso más rápido o más lento de los recursos asignados a ella o a él.

En contraposición con los sistemas autoritarios, el ejercicio de la política en un sistema democrático exige un intercambio constante de favores entre los actores políticos. “Tú me apoyas y yo te correspondo”, repetido sin cesar. La política democrática no funciona sobre la base de conductas ideales. Sin “mermelada”, difícilmente un gobierno logrará aglutinar el número suficiente de congresistas como para hacer mayoría.

*Profesor de la Universidad Sergio Arboleda y analista de Razón Pública.

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Rodrigo Losada*

Política

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