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La ley recogió y transformó muchos de los legados que en materia de reparación había inaugurado la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005 y dio así una continuidad institucional de ya casi una década al tema de la reparación en Colombia. El andamiaje institucional en el que se apoya la implementación de la Ley de Víctimas ha logrado desarrollar presencia en múltiples regiones colombianas, consta de un proceso eficaz de registro y atención, y ha logrado sistematizar la información de las personas que se declaran víctimas, lo cual permite hacer un cercano monitoreo a la implementación. Al amparo de la ley se ha desarrollado una importante capacidad técnica, que abarca desde la atención psicológica hasta la asesoría en la inversión de los recursos de la reparación en las diversas comunidades que lo requieren.
Más notable, quizás, es la decisión política de no hacer depender la reparación de la verificación de los hechos victimizantes. Con ello se le dio un respaldo sin precedentes en la historia nacional a la necesidad de reconocer a las víctimas, declarar inaceptables los hechos que sufrieron y, sobre todo, agilizar el desarrollo de proyectos y desembolsos. En contraste con otros países, en los que los gobiernos se han resistido de múltiples maneras a este reconocimiento, el Estado colombiano ha mostrado claramente la voluntad política de promover y adelantar las tareas relacionadas con la reparación de las víctimas, confiriéndole respaldo legal y músculo financiero. En Colombia ha habido reparación debido al (y no a pesar del) Estado.
Hasta ahora, la ley goza de un amplio consenso y apoyo popular en torno a su validez moral y política. Sin embargo, la política enfrenta diversos retos que vale la pena señalar. El primero se refiere a la sostenibilidad fiscal. En el documento Conpes 3712 de diciembre de 2011 se fijó un plan de financiación de $54,9 billones, que deben cubrir sus diez años de vigencia. Muchos de los supuestos en los que se basa este cálculo han sido ya excedidos y dependen de que se mantenga el desempeño económico actual y que se materialice el dividendo de la paz para la economía colombiana.
Por otro lado, es claro que, así como el proceso de paz actual ha sido diseñado “por los colombianos para los colombianos”, los costos de la implementación de los acuerdos, así como el mantenimiento de la actual estructura de construcción de esa paz, dependerá del bolsillo de los ciudadanos y de su voluntad de asumir muchos de los costos que esta paz implica. En algún momento habrá que priorizar entre las tareas de la construcción de la paz. Es entonces cuando se pondrá a prueba el consenso público y el apoyo popular a favor de la causa de las víctimas. Será el momento en el que se escucharán las voces señalando el oportunismo de algunas víctimas y la inviabilidad financiera del esquema de reparación.
Un tercer reto se refiere a la generación de expectativas que se han desarrollado en torno a la política de reparación. Ya en la actualidad la demanda excede la capacidad de respuesta por parte de las autoridades estatales. Según el universo presente de víctimas, más del 90% está pendiente de reparación. Sin importar cuan bien dotadas estén las oficinas y cuan calificados los equipos —o quizás especialmente por eso— la impaciencia con respecto a las promesas formuladas y las expectativas generadas se incrementa. Las tomas de sedes y las tutelas contra funcionarios podrían aumentar con el tiempo, no disminuir, buscando generar presión para lograr atención y desembolsos. En la competencia que puede surgir entre víctimas por la limitada atención estatal se puede extraviar el espíritu reparador de esta política pública.
Finalmente, la existencia de la ley y la apuesta a la reparación plantea una pregunta más de fondo sobre su efectividad. Más allá de montos y proyectos debemos preguntarnos, y preguntarles a las víctimas, cuándo se sienten reparadas, cuál será el punto de cierre de este proceso, en qué medida esta ley va a contribuir a la reconciliación nacional. Es importante no ocultar ni despreciar la magnitud de las atrocidades cometidas en el conflicto colombiano. Pero un efecto perverso del reconocimiento de sufrimientos diversos es que perpetuemos en vez de superar las divisiones y los agravios. El espíritu generoso, innovador y reconciliador de la ley requiere que se conozcan estos retos y que se prevengan o superen. La reconciliación nacional, por su parte, requerirá, además de este esquema de reparación, un fuerte impulso a esfuerzos de educación a nivel nacional y de superación de las muchas otras brechas que atraviesa la sociedad colombiana.
Las cifras de la reparación
14% de la población colombiana ha sido víctima del conflicto armado.
503 mil colombianos han sido reparados bajo el paraguas de la Ley de Víctimas.
7,1 millones de personas se han inscrito en el Registro Único de Víctimas.
3,1 billones de pesos ha invertido el Estado en indemnizar a 503.716 víctimas.
85 mil hectáreas han sido restituidas a tan sólo 11 mil víctimas, de las 7,1 millones. Claro está, no todas ellas son sujetos de restitución.
33% es la cifra de pobreza extrema en víctimas de desplazamiento. En 2010 estaba en el 74%.
* Directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (Conpaz) del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.