'Ley de Zidres despoja a campesinos de derechos sobre tierras baldías': Robledo

El senador, en compañía de otros congresistas, radicará este martes una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley, aduciendo la prohibición de entregar baldíos “a magnates en lugar de campesinos sin tierra”.

Por considerarla inconstitucional y seriamente lesiva contra los intereses del campesinado colombiano, un grupo de congresistas del Polo Democrático y la Alianza Verde radicará este martes una demanda contra la ley que permite la creación de las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres).

La iniciativa, aprobada en diciembre en el Congreso, ha sido catalogada por el Gobierno como una de las más valiosas herramientas para el desarrollo agropecuario, la productividad y la seguridad jurídica. A juicio del Ejecutivo, las Zidres se constituirían en áreas apartadas de centros urbanos, en donde la tierra, entre otras, requiera grandes inversiones para empezar a producir. (Lea: Así quedó la ley de Zidres)

Esta figura le permite al ejecutor del proyecto productivo pedir en concesión o arrendamiento los baldíos de la Nación y conseguir la cantidad de tierras en la medida en que su plan lo necesite. Precisamente, es este aspecto que generó la demanda que será radicada en la Corte Constitucional.

De acuerdo con el senador Jorge Robledo –quien firmará el recurso de forma conjunta con Alexander López (Polo), Jorge Prieto (Verde), el representante Germán Navas Talero (Polo) y el exrepresentante Wilson Arias– la ley viola un precedente fijado por la Corte Constitucional sobre el acceso a tierras baldías por parte de los campesinos.

El congresista se refiere a la sentencia C-644 de 2012, en la que la Corte tumbó tres artículos del Plan de Desarrollo presentado por el presidente Juan Manuel Santos y que prohíbe entregar baldíos a nacionales y extranjeros "en lugar de campesinos sin tierra". Según Robledo, las tierras baldías del Estado colombiano solo se le pueden concederse a pobres del campo y en áreas relativamente pequeñas, “pero lo que hace la ley es que puedan entregarse a cualquiera y en cualquier tamaño”.

“Esta ley es inconstitucional porque despoja a los campesinos de sus derechos sobre las tierras baldías del Estado. A lo que apunta principalmente la ley de Zidres es a lo mismo que se aprobó en el Plan de Desarrollo de Santos, que fue declarado inconstitucional por demanda que presentamos con el exrepresentante Wilson Arias. Es decir, estamos ante un caso de cosa juzgada (…) el truco ahora es decir que las tierras baldías se las entregarán a los magantes en alguna forma de alquiler, una manera de violar la Constitución”, explicó Robledo en diálogo con El Espectador.

Sumado a la argumentación por cosa juzgada, la demanda conocida por este diario hace énfasis en la violación al derecho de acceso a la tierra de los trabajadores agrarios. En el recurso se expone que dotar de tierras a los campesinos es un mandato constitucional que garantiza la estructura de la propiedad rural en Colombia. “Que tan sólo el 13,7% de los propietarios concentren el 77,6% de las tierras, es una cifra que refleja la enorme inequidad del campo colombiano. Esto viola todos los principios de la democracia y lesiona el desarrollo nacional”, señala el documento.

Por otro lado, los demandantes sostienen que la ley de Zidres viola la seguridad y la soberanía alimentaria, sumado a lo que califican como la ‘preocupante’ extranjerización de la tierra: “la seguridad alimentaria es lesionada pues permite la acumulación de tierras y la extranjerización de su explotación económica, ya que los inversionistas de tales proyectos, tal y como lo indica la tendencia económica mundial, provendrán principalmente del exterior, y la producción realizada se destinará a los mercados internacionales, como lo indican las reglas de la experiencia y la lógica económica, pues allí se obtienen mayores rendimientos que su comercialización en el mercado interno”.

En contraste con los planteamientos de la demanda, el Gobierno ha defendido que los proyectos productivos permitirán habilitar más de 7 millones de hectáreas para la producción de alimentos y recursos forestales respetando el medio ambiente y la generación de empleos dignos en el campo.

Sobre la entrega de baldíos a nacionales y extranjeros, en diciembre pasado el ministro Juan Fernando Cristo insistió en que “cuando haya predios baldíos en ningún caso se hará el traslado de título de propiedad y se tendrá que cumplir con un pago de contraprestación de dinero que irá al fondo de desarrollo rural par a proveer la infraestructura necesaria”.

Las áreas aptas para las zidres, según ha insistido el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, las determinará un concepto técnico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y cada proyecto productivo, que en teoría lo pueden presentar empresarios o asociaciones de campesinos, será aprobado por un consejo de ministros.