La ley del fútbol ya está rodando

En voz baja arrancó el trámite del proyecto que desde ayer tiene cuatro ponentes, pero la Asociación de Futbolistas pide más discusión.

Imagen de la protesta que realizaron los jugadores el pasado mes de julio pidiendo una ley del fútbol concertada. / David Campuzano

En la tarde del pasado jueves 10 de octubre, cuando la atención del país estaba centrada en el partido que la selección de Colombia de fútbol debía librar contra Chile, sin la misma resonancia mediática con la que se socializó la iniciativa, el Ministerio del Trabajo radicó en el Congreso el proyecto de ley que busca regularizar la relación laboral de los futbolistas profesionales. Este martes 15 el documento fue publicado en la Gaceta del Congreso y desde ayer ya tiene cuatro ponentes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Aunque en su exposición de motivos el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, recalcó que el proyecto fue producto de un “diálogo valioso” con todos los sectores vinculados al fútbol, también dejó claro que en cruciales aspectos, como “la indemnización por terminación del contrato sin justa causa o el régimen jurídico deportivo”, hubo objeciones puntuales de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Ayer mismo esta Asociación reiteró sus críticas al articulado.

Argumentando que con lo sucedido en las últimas horas quedó claro que el Gobierno busca que el proyecto se apruebe a toda velocidad, y sin los consensos que invoca, el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche, manifestó que es increíble que el articulado no aborde los temas fundamentales que enrarecen las relaciones laborales de los futbolistas. La diferencia entre convenios deportivos y contratos, o la inclusión de cláusulas de indemnización, que los futbolistas tendrían que pagar a los clubes en determinados casos.

“No fue un proyecto concertado. Avanzó en algunas mesas de trabajo, pero después de las observaciones de la Federación de Fútbol perdió su esencia democrática. El Ministerio lo terminó presentando al gusto de los dueños del fútbol”, insistió González Puche, quien les pidió a las centrales obreras que estudien el proyecto y estén atentas a su desarrollo, porque como quedó redactado se afectan los derechos laborales de los futbolistas, en particular en el espinoso asunto de la terminación de los contratos por justa causa.

La inadvertida presentación del proyecto de ley de los futbolistas se da en momentos en que está por resolverse la última opción que le queda al jugador de Millonarios Yhonny Ramírez, para que el litigio que libra contra el Boyacá Chico sea asunto de atención de la justicia colombiana y no únicamente de los tribunales privados de la Federación de Fútbol y la Dimayor. Este viernes vencerá el plazo para que la Corte Constitucional decida si acoge en revisión una tutela presentada por el jugador para que el pleito lo resuelva la justicia laboral.

En primera instancia, en junio de 2013, una jueza le otorgó la razón al jugador, pero un mes después otra jueza revocó el fallo y ordenó que la pelea entre Millonarios, Ramírez y el Boyacá Chicó debe saldarse en los tribunales deportivos. En este caso, la Dimayor ya conminó a Millonarios a pagar $500 millones al Chico bajo la consideración de que está vigente el convenio deportivo firmado entre los dos clubes. En su decisión, el ente deportivo no hizo una sola referencia a la pelea laboral que enfrenta Ramírez con el club boyacense.

A pesar de que presentaron más de 60 solicitudes a la Corte Constitucional para que revisara la tutela de Ramírez, entre ellas la del ministro de Trabajo, Rafael Pardo, hace un mes el alto tribunal decidió no hacerlo. La decisión corrió a cargo del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien consideró que el tema no era significativo. El compañero con quien hizo sala, el magistrado Luis Ernesto Vargas, se declaró impedido porque forma parte de la comisión arbitral de la Dimayor. En esas condiciones, Pretelt negó la solicitud de revisión.

En aplicación del reglamento de la tutela, la única opción que quedó fue que un magistrado pidiera su revisión o que lo hiciera el procurador o el defensor del Pueblo. Este último no asumió esta alternativa, pese a que Acolfutpro se lo solicitó expresamente. El defensor Jorge Armando Otálora es también miembro de la Comisión Arbitral de la Dimayor. Finalmente se conformó una nueva sala, esta vez con los magistrados Alberto Rojas Ríos y Jorge Iván Palacios. Este último es miembro de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.

En estas circunstancias, con el magistrado Palacios impedido, la última palabra la tiene el magistrado Alberto Rojas. En una petición de insistencia, el abogado y exfutbolista González Puche le pidió a Rojas que permita a la Corte Constitucional fijar las pautas para orientar las decisiones que deben adoptar los jueces cuando se presenten litigios laborales de los futbolistas. Un tema que también tendrá que abordarse en la discusión del proyecto de ley de los futbolistas, pero que tendría directrices esenciales si hay un fallo de la Corte.

Estas decisiones respecto al presente y futuro de los futbolistas colombianos y sus relaciones con la justicia laboral y los tribunales deportivos se dan en momentos en que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia acaba de producir un fallo trascendental en la materia, al ordenar a la Sociedad Club Deportivo los Millonarios y a la Asociación Deportiva Unión Magdalena pagarle millonarias sumas al exjugador Álvaro Aponte. En este caso, el alto tribunal sentó jurisprudencia sobre lo que debe entenderse por concepto de salario en los contratos laborales de los futbolistas.

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