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El pasado 20 de noviembre fue radicada ante la oficina del presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Samuel Hoyos, la ponencia para primer debate en esa corporación de la reforma política, una de las iniciativas prioritarias para el Gobierno del presidente Iván Duque. En esencia, el proyecto plantea una modificación estructural al sistema político colombiano, con miras a acabar con el entramado clientelar que funciona en elecciones, determinar la financiación de las campañas con dineros preponderantemente estatales, fortalecer los partidos con la instauración de democracias internas para elegir candidatos con listas cerradas y establecer la permanencia en las corporaciones públicas de elección popular a máximo tres períodos.
La ponencia que se discutirá en este próximo paso, el tercero de ocho obligatorios y que arranca esta semana, contiene artículos nuevos en lo que tiene que ver con las inhabilidades para quienes aspiren a esos cargos de elección popular y retoma la propuesta de conformación del Senado regional —que había lanzado anteriormente Roy Barreras, de la U—, en la que se define que esa corporación tenga setenta de cien senadores elegidos por regiones (Caribe, Pacífica, Centro-Oriente, Antioquia, Centro-Sur, Eje Cafetero, Llanos Orientales y Bogotá). Sin embargo, desde ya se anuncia que la gran pelea en el debate que se avecina será alrededor de la propuesta de cerrar las listas desde los comicios de autoridades locales del próximo año, entre otras cosas, porque la ponencia radicada ya señala, en un parágrafo transitorio en el artículo 8, que se autorice al Gobierno “para adoptar las medidas necesarias que garanticen la aplicación de esta reforma en las elecciones del año 2019”.
Esa ha sido una insistencia del Gobierno Nacional, pues desde el Ejecutivo consideran que se trata de una de las formas de depurar y despersonalizar la política, en línea con su discurso anticorrupción. Por eso ha considerado que las listas cerradas se deben aplicar inmediatamente en las elecciones de concejos municipales, distritales y asambleas departamentales, que se realizarán en octubre del próximo año. Precisamente, ese fue uno de los motivos de la polémica entre el Gobierno y algunos partidos políticos hace algunos meses, luego de que desde varias colectividades se advirtiera que la implementación de esas listas cerradas, sin tener blindados y estructurados los sistemas de democracia interna, implicaría instaurar la llamada “dictadura del bolígrafo”, en la que los “caciques políticos” escogerán quiénes y en qué orden integrarán las listas que se presentarán a los ciudadanos en las urnas.
Es por eso por lo que, previendo esa mala práctica, la reforma política contiene un parágrafo transitorio que expresa que “por una sola vez los partidos y movimientos políticos podrán tener como referente el último resultado electoral que corresponda para la conformación de las listas a las corporaciones públicas de elección popular, mientras definen el mecanismo de democracia interna que utilizarán para el efecto”. Sin embargo, uno de los ponentes, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, plantea que este nuevo sistema no empiece a regir desde 2019 sino desde 2022.
Y en esa misma dirección parecen ir los partidos de la bancada alternativa. Por los lados de la Alianza Verde se prevé una reunión en próximos días para definir su postura frente a la presentación de una ponencia negativa o alternativa. En efecto, las dudas se tejen en torno a la implementación de la lista cerrada y a la falta de claridad sobre la financiación preponderantemente estatal. “Le puedo decir que no hay ambiente para que eso se use en 2019, porque está demasiado encima. Uno de los artículos de la ponencia obliga a que los partidos tengan que organizar un mecanismo de democracia interna, so pena de perder la personería jurídica. Con el calendario electoral corriendo, nos parece bastante peligroso que se ponga en riesgo la personería jurídica”, comentó Inti Asprilla, representante de la Alianza Verde.
La reforma política es uno de los temas que más preocupa al Gobierno y está entre los proyectos en los que se espera el apoyo del Centro Democrático, partido que, luego de la reunión que sostuvo con el presidente Duque la semana pasada, se comprometió a impulsar la agenda legislativa que le interesa al Ejecutivo. Y causa preocupación, sobre todo, por las advertencias que se escuchan desde el mismo Capitolio en el sentido de que, así sea aprobada esta o la reforma a la justicia, el tiempo no alcanzará para que ambos proyectos, bastante ambiciosos, surtan el trámite antes de que se culmine el período legislativo, el 20 de diciembre.