Listo comité que escogerá casos de militares en la JEP

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, firmó la resolución para crear la instancia que se encargará de los listados de los miembros de la Fuerza Pública que se acogerían a beneficios de justicia transicional.

Este lunes sesionará por primera vez el comité que se encargará de elaborar  los listados de los miembros de la Fuerza Pública que podrán acceder a los beneficios  establecidos por la Justicia Transicional. El comité fue creado por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a través de una resolución de acuerdo a lo establecido por la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales (Ley 1820) aprobada por el Congreso bajo el procedimiento  Legislativo Especial para la Paz  y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 30 de diciembre de 2016.

Dicha instancia analizará los casos y establecerá a quiénes se le podrán aplicar los beneficios. El listado final será revisado por el ministro de Defensa y luego enviado al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz para que sea verificado o modificado, en caso de ser necesario. Posteriormente serán  los operadores judiciales quienes se encargarán de otorgar los respectivos beneficios.

“Al interior del Ministerio de Defensa hemos creado un comité conformado por el viceministro de Defensa, el secretario General, el subjefe de Estado Mayor para asuntos Jurídicos del Comando general de las Fuerzas Militares y todos los jefes Jurídicos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (...) En el marco de este comité estaremos revisando todos los listados de las personas que en Pima Facie puedan cumplir con los requisitos para tener el tratamiento especial que está consignado en estas nuevas disposiciones que se derivan de la Justicia Especial para la Paz", aclaró Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales.

Para el caso de agentes del Estado, la ley de amnistía contempla mecanismos de tratamiento diferenciado y de resolución definitiva de la situación jurídica tales como la renuncia a la persecución penal a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles en el marco del conflicto. La norma señala, además, que este mecanismo no procederá cuando se trate de "1. Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. 2. Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. 3. Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar".

Respecto de los beneficios de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y la privación de libertad en Unidad Militar o Policial, estos serán aplicados a los agentes del Estado que, al momento de su entrada en vigencia, estén siendo procesados o hayan sido condenados por cometer conductas punibles, o a quienes manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la persecución penal. La ley 1820 señala en este caso que dicha aceptación debe darse "ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en caso de que no haya entrado en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. El otorgamiento de la libertad transitoria, condicional y anticipada es un beneficio que no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz".
En el caso de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, la libertad transitoria condicionada y anticipada implicará el "levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones, salvo que se trate de homicidio, tráfico de armas o concierto para delinquir".