Llave de paz entre protesta y guerras

Gobierno Santos no renuncia a los caminos de paz sin desistir de la guerra. El escenario de la agitación social crea un nuevo dilema.

Las Farc y el Eln no ceden en su guerra. Las Fuerzas Militares no bajan la guardia para contrarrestarla. Pero el gobierno Santos, aunque es consciente de que la seguridad nacional es una prioridad de Estado, tampoco cede en su objetivo de alcanzar la paz. Y no es una utopía o un rumor político. Con la misma fórmula del hermetismo, la discreción y la expectativa de lograr resultados en los próximos meses, persiste en su tarea de concretar aproximaciones, estudiar modelos de negociación y generar un ambiente propicio al diálogo.

Desde que asumió la Presidencia de Colombia hace dos años, Juan Manuel Santos dejó claro que no descartaba la opción de la paz negociada. Luego estableció, en consonancia con la Constitución, que él era el dueño de la llave para abrir esa puerta. En otras palabras, ni voceros públicos ni intermediarios conocidos. De hecho, a diferencia de anteriores gobiernos, no fue nombrado funcionario alguno como comisionado de Paz. Así ha venido funcionando y, sin mucha resonancia, se han dado pasos importantes hacia el objetivo mayor.

El primero de ellos fue la concreción de la reforma constitucional que tomó el nombre de Marco Legal para la Paz. Aunque el trámite del acto legislativo que le dio forma no tuvo contratiempos en sus primeros debates, durante las últimas sesiones de su aprobación encendió las alarmas de los sectores políticos que se oponen a cualquier acercamiento de paz con la insurgencia. Pero la iniciativa fue aprobada y hoy el Estado tiene un techo constitucional para crear opciones de justicia transicional para eventuales escenarios de paz.

En segunda instancia quedaron efímeros mensajes y contactos, y un hecho concreto que cerró un ciclo de al menos tres lustros de drama nacional por cuenta de los secuestrados políticos con fines de canje: la liberación de cuatro militares y seis policías que tuvo lugar el pasado mes de abril entre los departamentos de Meta y Guaviare. De paso, las Farc formularon un anuncio cuya certeza no tiene una comprobación contundente, pero también forma parte del mismo proceso: su anuncio de abolir el secuestro como método de guerra.

Ahora, por coincidencia o no, pero ajustando su segundo año, el gobierno Santos ha entrado en una especie de segunda fase. Y va siendo claro que dentro de los escasos colaboradores del jefe de Estado en estas sigilosas labores, ya hay dos nombres notorios de quienes al margen de sus funciones están trabajando en temas de reconciliación: el alto consejero presidencial Sergio Jaramillo y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl. Ellos saben muy bien que el tema parte de no precipitarse y persistir en la búsqueda de opciones.

En esa casi oculta labor han venido apareciendo personajes que indican hacia dónde apuntan las estrategias de paz. El primero de ellos es Joaquín Villalobos. En los años 80 fue un integrante activo del llamado frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que intentó llegar al poder por la vía de las armas en El Salvador. Después fue protagonista de las negociaciones de paz que a finales de los años 90 pusieron fin al conflicto armado en la república centroamericana. Hoy es un consultor internacional en materia de reconciliación.

Y así como en los tiempos del presidente Pastrana compartió sus experiencias para llegar a la paz, en los últimos tiempos ha seguido muy de cerca a Colombia. Aunque su sede habitual es el Reino Unido y fungió como asesor del saliente presidente de México, Felipe Calderón, no ha perdido su contacto con nuestro país. Su última gestión se cumplió el pasado mes de abril, cuando intercambió información de paz con altos funcionarios de Colombia, en compañía del Centro de Investigaciones y Seguridad de México, José Domingo López.

La idea de mantener el contacto con Villalobos obedece al interés colombiano por estudiar a fondo los modelos de paz que han sido exitosos en el mundo. Pero no es el único de los expertos consultados. El exitoso proceso que permitió en 1994 un cese al fuego con el grupo armado IRA, de Irlanda, y que el Viernes Santo de 1998 pasó a la historia como el último día de conflicto armado en esta nación, también es motivo de minucioso estudio. No se aproxima mucho al contexto colombiano, pero quienes lo concibieron tienen mucho que enseñar.

Lo mismo que el enrevesado conflicto de Oriente Medio. Ninguno más complejo en la historia contemporánea, pero también sin comparación en materia de negociación política. Quienes tienen la misión de encontrar caminos de paz en Colombia han evaluado también a fondo este esquema y, sobre todo, la dinámica de diálogo que ha tratado de imprimirle la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Sus documentos, sus intervenciones y su estilo de trabajo también han servido de modelo para el gobierno Santos.

Entre la capacitación a fondo en la forma como evolucionaron estos escenarios internacionales y el estudio minucioso de la realidad nacional se viene trabajando en Colombia. “Por el momento sólo hay mensajeros que llevan y traen señales y que apuntan a establecer contactos formales”, aclaró una fuente consultada por El Espectador. No hay agenda concreta ni negociación a la vista, pero la idea dominante es no improvisar e insistir en tres puntos consecutivos: conversación, negociación y búsqueda de salidas políticas al conflicto.

De entrada, quienes han sostenido efímeros contactos con las Farc en Cuba o Venezuela, más exactamente con delegados del jefe guerrillero Iván Márquez, tienen claro que la postura de la guerrilla es que, de conformidad con el modelo Unión Patriótica de los años 80 y 90, las Farc creen por ahora en la opción de avanzar hacia la consolidación de un movimiento político, pero sobre la base de que no piensa dejar sus armas hasta tanto se hayan alcanzado sus metas sociales, que en su criterio fueron la razón que las llevó a la guerra.

Y ahí viene el otro dilema que compromete al Estado. Según informaciones de inteligencia, lo que hoy está sucediendo en el Cauca podría repetirse en Norte de Santander, Putumayo y el Magdalena Medio. Estaba escrito en un campamento ocupado por las Fuerzas Militares en la región fronteriza con Ecuador. Lo que hoy lamenta el Estado es no haber neutralizado a tiempo lo que sucedió. Y ese es el principal dilema a la vista. Además de la confrontación militar, lo que se está cocinando en el ambiente es la confrontación social.

“Las Farc no están detrás de todas las movilizaciones, pero en la medida en que les den resultados para debilitar al Estado, van a estar a la sombra”, observó la fuente consultada. Lo cierto es que hay expectativa sobre lo que pueda pasar en regiones distintas al Cauca. Además se sabe que el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ya dio la orden de alentar cualquier protesta campesina o indígena, desde la perspectiva de que las Farc están dispuestas a retirarse de las regiones si el Ejército también hace lo mismo.

En el interior de la guerrilla lo que pasa hoy en el Cauca, con miras a replicarse en Putumayo, Norte de Santander o el Magdalena Medio, representan laboratorios de cómo llegar a la paz. Es decir, dejar que las comunidades hagan lo suyo y la insurgencia presionar desde la periferia al Estado. Un cuadro inesperado para el Gobierno que tenía previsto ablandar desde la opción militar, pero que ahora sabe que no puede crear un conflicto innecesario con los pueblos indígenas o la población campesina, así sepa que la guerrilla esté o no a la retaguardia.

Por ahora la situación está planteada como en un tablero de ajedrez. Timochenko e Iván Márquez tienen claro que la combinación de la política y la milicia les da supervivencia. Y eso es lo que están haciendo sin dejar ver a las Farc en la movilización social. Pero de lado del Estado está claro que tiene que desactivar cuanto antes ese foco de agitación pacífica y participación ciudadana que afecta su modelo de cobertura militar en todo el territorio nacional para cumplir los fines de seguridad nacional diseñados en la constitución para el Estado.

Un dilema que necesariamente pasa por la búsqueda de una negociación política, sin replicar el modelo Caguán, que ya hace parte del pasado que no se puede repetir, pero que busca aproximarse a ejemplos internacionales donde la madurez de un diálogo sin improvisaciones entregó resultados convincentes. La segunda fase hacia la paz está en marcha, ya es claro que hay funcionarios del Estado trabajando por labrar un camino, pero por ahora prevalece la guerra. La llave del presidente Santos sigue en su bolsillo y seguramente la sacará hasta que la puerta pueda abrirse.

El dilema del Cauca y su réplica nacional

El departamento del Cauca, y en especial el norte, es hoy el epicentro de la crisis. Desde hace tres semanas las comunidades indígenas persisten en declararse un territorio ajeno a la guerra y exigen que tanto las Fuerzas Militares como la guerrilla abandonen la región y su única autoridad sea la Guardia Indígena.
En la actualidad están en marcha las negociaciones entre el Gobierno y las autoridades indígenas, sobre la base de que el Ejecutivo de ninguna manera puede renunciar a su soberanía, lo que implica que las Fuerzas Militares no van a dejar la zona. La guerrilla aprovechó para decir que abandonan si lo hace el Ejército.
Ahora la preocupación consiste en que el modelo Cauca puede replicarse en otras zonas del territorio nacional y, de hecho, ya existen informes de inteligencia que dan cuenta de que, por ejemplo, en Putumayo o en Norte de Santander, con las gentes del campo u otras comunidades indígenas se quiera hacer lo mismo.