Dice Salvador Romero sobre la reforma electoral

“Lo ideal es que se recoja toda la propuesta”

El boliviano, integrante de la Misión Electoral Especial, dice que las recomendaciones hechas al Gobierno son ambiciosas y fuertes y que una corte electoral sería útil para la democracia.

Salvador Romero, de Bolivia, fue uno de los integrantes de la Misión Especial Electoral. / Cortesía

Estaba previsto que la semana pasada el Gobierno radicara en el Congreso el proyecto de reforma electoral, pero no fue así. Muchas de las recomendaciones que hizo la Misión Electoral Especial (MEE), en las que se plantean cambios profundos a la llamada arquitectura electoral, como crear una corte electoral, no tuvieron buen recibo entre los partidos políticos, incluso de la misma Unidad Nacional, y se siguen buscando consensos. El boliviano Salvador Romero, exdirector del Centro de Asesorías y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, fue el único extranjero en el equipo a cargo de la propuesta que, en su concepto, es fuerte, ambiciosa y útil para la democracia colombiana.

¿Cuál cree que es el principal problema del sistema electoral colombiano?

Más que poner un problema por encima de otros, la Misión identificó varios, a partir de las sesiones de trabajo con los partidos, los organismos electorales y los investigadores. Son dificultades ligadas entre sí y por ello merecieron una respuesta integral. En el campo de la arquitectura institucional, son críticos los nombramientos de origen partidario, la insuficiencia de facultades para encarar los desafíos del financiamiento de la política o los plazos desfasados para aplicar la justicia electoral. Luego, el financiamiento de la política tiene controles insuficientes, las campañas son demasiado costosas y dependientes de agentes privados, lo que eventualmente abre puertas a la corrupción. Por último, el sistema no favorece el acercamiento de los elegidos con los ciudadanos y genera, más bien, incentivos para el clientelismo. Tampoco estimula la creación de partidos cohesionados y programáticos.

Una de las críticas ha sido la creación de una supercorte que, dicen, va en detrimento de la democracia, pues concentraría demasiado poder ¿Qué responde a eso?

La Misión plantea la creación de una corte fuerte, útil para la democracia colombiana, pero está lejos de concentrarle poderes excesivos. A diferencia de una figura común en América Latina de la corte electoral, cuyos fallos cierran definitivamente la materia, como sucede por ejemplo en Uruguay, nuestra propuesta permite que, bajo ciertas circunstancias, las sentencias sean impugnadas ante la Corte Constitucional. La corte electoral se integraría sin dificultad al actual paisaje institucional y jurídico colombiano.

Esa corte cumpliría las funciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado. ¿Cuál fue el problema principal que ustedes detectaron en dicha sección?

La Sección Quinta del Consejo de Estado cumple su labor con eficiencia, pero al menos dos problemas la exceden: por un lado, se encuentra en un órgano contencioso administrativo, un ámbito poco idóneo para aplicar la justicia electoral, que parte de otros principios jurídicos. En ningún país de América Latina se presenta esa figura. Por otro lado, en varios casos resuelve asuntos años después de la elección, y dos elementos de base de la justicia electoral son la celeridad y la oportunidad. No debiera existir ninguna duda ni impugnación pendiente el día en que una autoridad elegida por el sufragio universal asume el cargo.

También hubo molestia por la idea de quitarle a la Procuraduría la facultad de sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular...

Con esa decisión se atiende una exigencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: que ese tipo de sanciones sea decidido por un juez y no por una autoridad administrativa.

¿Debe tramitarse esta reforma vía “fast track”? Algunos creen que no...

El Acuerdo de Paz creó la Misión Electoral Especial y le encomendó atender los asuntos que son objeto de las recomendaciones en el informe presentado al presidente Santos y actualmente compartido a cada uno de los partidos representados en el Congreso. Al mismo tiempo se acordó que los temas contemplados en el Acuerdo se aprueben vía del fast track. El tratamiento de las reformas a través de ese mecanismo es conforme a las disposiciones de lo pactado.

¿Cree que la polarización política que vive el país respecto al proceso de paz puede jugar en contra de la reforma?

Cuánto más amplio sea el consenso político y social en la aprobación de las reformas electorales, más legitimidad tendrán las instituciones y los procedimientos electorales, con una ganancia para la democracia. Las recomendaciones son fuertes y ambiciosas, y al mismo tiempo atentas a hallar los consensos. Por paradójico que suene en el contexto de polarización, la Misión identificó numerosos consensos en los asuntos electorales, incluso entre partidos con posiciones antagónicas en otros campos.

¿Y sí es viable realizar tantos cambios “ad portas” de las elecciones presidenciales y en un país que transita hacia el posconflicto?

La Misión ha expresado que sería clave aprobar ahora el conjunto de las reformas y simultáneamente establecer un régimen de transición en la aplicación. La progresividad es compatible con una toma de decisiones en esta legislatura. Algunas medidas pueden entrar en vigencia en 2018, otras en 2019, y unas deberán aguardar hasta 2022. Sólo de manera excepcional, algunas reformas deberían postergarse hasta después de esa fecha.

¿Cuáles propuestas podrían aplicarse a corto plazo?

El principio de base es que cuanto antes puedan aplicarse las reformas, mejor. Ello no implica precipitarse ni poner en riesgo la normal marcha del proceso electoral de 2018. Un debate a la vez amplio y ágil podría definir cuáles de ellas podrían estrenarse en los comicios del próximo año.

Se dijo también que la propuesta no solucionaba los problemas de fondo que no están en las instituciones, como la compra de votos, el ausentismo o la debilidad de los partidos. ¿Esos temas quedaron cubiertos?

Sin lugar a dudas, esos temas están cubiertos. Por ejemplo, un sistema como el voto preferente incentiva la compra de votos y alienta a que un candidato vele por su interés y se despreocupe por el partido. La lista cerrada y bloqueada genera una lógica de comportamiento distinto, tanto en la relación de los candidatos con el electorado como con el partido. Los partidos saldrán fortalecidos con la reforma. También se ha propuesto un fuerte despliegue pedagógico para incentivar la participación electoral, la más baja de América; la descentralización de los puestos de votación, tanto en áreas rurales como urbanas; el paso progresivo hacia el voto obligatorio.

El Gobierno ha dicho que las recomendaciones no necesariamente deben ser incluidas en el proyecto final. ¿Cuáles cree que deberían serlo?

La Misión actuó con independencia y el Gobierno tiene también libertad con respecto al informe. Si se considera que la propuesta ofrece una respuesta integral a los problemas detectados por los actores políticos, lo ideal es que se conserve intacto el planteamiento.