No es un secreto que, además del Gobierno, algunos de quienes asesoran jurídicamente a las Farc en las negociaciones de paz de La Habana están dedicados a socializar y explicar, entre todo tipo de sectores en el país, los alcances del acuerdo sobre justicia transicional al que se llegó a finales del año pasado. De ahí los encuentros que en las últimas semanas han sostenido, por ejemplo, el exministro Álvaro Leyva o el abogado español Enrique Santiago con académicos, empresarios o, en el caso de este último, los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore).
La intención es la mejor y, de hecho, el Gobierno también se ha dado por su lado a la tarea de exponer en todas las regiones del país, y a través de varios de sus funcionarios, los pormenores del acuerdo y los beneficios que traería la firma de la paz. Pero al mismo tiempo se corre el riesgo de malas interpretaciones o de filtraciones con datos a medias, que terminan haciéndoles daño a los diálogos. Y el caso concreto es, precisamente, la participación de Santiago en un foro organizado por Acore, el pasado miércoles en Bogotá, en el que incluso participaron delegados del Gobierno.
Según contó Blu Radio, el abogado español habría revelado en el evento lo que la guerrilla acepta y lo que rechaza en materia de aplicación de justicia. En este sentido, habría dicho que las Farc “van a reconocer lo que es obvio y aburrido” en relación a sus delitos, que incluyen secuestros y siembra de cultivos ilícitos. Supuestamente, habló también de que el acuerdo establece la aplicación de las amnistías más amplias posibles, salvo los delitos que los tratados y acuerdos internacionales prohíben.
Otros asuntos que el asesor español habría abordado en su encuentro con los militares retirados tienen que ver con la posibilidad de aplicar una pena de privación de la libertad de máximo dos años para conductas no tan graves, al igual que en ningún caso se podrá imponer a los militares unas sanciones inferiores ni más graves de las que establece el acuerdo. Y en cuanto al concepto de “cadena de mando” habría señalado que, en esa jurisdicción especial para la paz, la persona afectada podrá acreditar que no tenía información o que no tenía cómo saber de la existencia del delito cometido.
En diálogo con El Espectador, Enrique Santiago explicó que se trató de un seminario de trabajo para explicar los alcances del acuerdo en materia de justicia, en el que manifestó que el sistema planteado deja claro que las partes pueden reconocer o no las acusaciones. “Es un sistema que no obliga a reconocer responsabilidades, pero ofrece beneficios a quienes contribuyan a esclarecer los crímenes y castigos para quienes no reconozcan esas responsabilidades, por lo que serán condenados”, indicó.
Asimismo, el abogado asesor de las Farc en los diálogos de La Habana aseguró que, cuando se habla de la amnistía más amplia posible, se refiere exclusivamente a todo lo que es amnistiable en el derecho internacional y no a amnistías generales. “También sostuve que el acuerdo, en el punto 60, párrafo 6, dice que el mínimo de sanción es de dos años y el máximo de cinco para quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas”, dijo.
Por último enfatizó: “No están descubriendo el agua tibia. Todo lo que dije está en los acuerdos pactados con el Gobierno”. Y finalizó negando haberse referido con los términos de “obvio y aburrido” a lo que van a reconocer las Farc. “Yo nunca utilizaría el término aburrido. Es un colombianismo que no está en mi lenguaje. Calificar un delito de aburrido es irrespetuoso y poco riguroso”, señaló.
Lo cierto es que, si bien el mismo presidente Juan Manuel Santos ha dicho que no hay que pararle bolas a lo que se hable por fuera de la mesa de conversaciones, las palabras de Enrique Santiago representan su interpretación del acuerdo sobre justicia transicional y bien pueden asumirse como las de las Farc. El problema es que esa interpretación sirve para alimentar las críticas al proceso, pues el uribismo ya ha salido a decir que se está demostrando que la guerrilla busca impunidad.
Ahora, lo que sí es claro es que una cosa piensa la guerrilla y otra los organismos de justicia del mundo, que siguen de cerca el devenir de las negociaciones en Cuba. Y aunque no se trató de una respuesta directa a la posición del abogado Santiago, el pronunciamiento del vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, ayer en un foro de la OEA, bien puede asumirse en esa dirección. En concreto, dijo que, si bien esperan que el proceso de paz termine con éxito, también debe contemplar asuntos de responsabilidad para los crímenes de guerra y contra la humanidad.
“La oficina del fiscal tiene que quedar satisfecha con que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima. En lo que respecta a Colombia, la pregunta será si las sentencias impuestas en el contexto del proceso de justicia transicional han servido a este propósito en lo que se refiere a los crímenes más graves. La respuesta dependerá del tipo de sentencia que se contemple y ésta depende de varios factores, entre ellos la gravedad del crimen y el rol de la persona acusada”, concluyó Stewart.