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“La decisión del Presidente Duque de objetar apartes de la Ley de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país”.
Es la respuesta que los partidos de oposición en el país (Polo, Alianza Verde, FARC, UP, Mais y Colombia Humana) le dieron al discurso del presidente Iván Duque del pasado domingo, cuando anunció las objeciones por inconveniencia a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP. Un pronunciamiento que se da dentro del derecho a réplica que se estableció en el Estatuto de la Oposición, en voz de la representante a la Cámara Juanita Goebertus, de los verdes, quien estuvo acompañada de varios de los líderes de los partidos y movimientos mencionados.
Para la oposición, no es cierto, como lo aseguró el jefe de Estado, que la decisión no generen un choque de trenes. “Por supuesto que hay un choque de trenes. Las seis objeciones del presidente implican, en la práctica, desacatar una sentencia de la Corte Constitucional", recalcó Goebertus. Y señaló que pese a que se habla de defensa de la legalidad, se está poniendo en tela de juicio la constitucionalidad de una ley que tuvo cuatro debates en el Congreso de la República, que fue aprobada con mayoría absoluta, y que fue estudiada durante un año por la Corte Constitucional: “¿Qué puede ser más contrario a la separación de poderes?”.
En su intervención, que tuvo una duración similar a la de Duque el fin de semana, algo más de 12 minutos, la vocera de la oposición advirtió que si bien hoy la discusión gira en torno a objetar un tema relacionado con la implementación de la paz, después se podría dar frente a otro tema. “Nadie está salvo si ante una decisión de la Corte Constitucional, el presidente de la República puede tomar la decisión de no acatar. Aunque el presidente disfraza como objeciones de inconveniencia los seis temas planteados, no presenta ninguna razón para justificar los supuestos efectos económicos, sociales o políticos de su implementación, y en cambio retoma preguntas jurídicas que ya fueron resueltas en todos los casos de manera específica por la Corte Constitucional”.
Y uno a uno, enumeró los conceptos que ya definió el alto tribunal al respecto y que ahora desconoce el Gobierno: que las Farc deben entregar de manera colectiva bienes para la reparación de las víctimas y que cualquier beneficio penal estará condicionado a su contribución individual a la reparación de las víctimas; que en casos excepcionales, la JEP podrá ajustar los listados de guerrilleros reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; o que la Fiscalía puede continuar investigando y recolectando pruebas hasta tres meses antes de la resolución de conclusiones que produzca la JEP, para evitar choques de trenes contantes entre ambas, al tiempo que se avanza en el esclarecimiento de la verdad.
También, que la Corte ya aclaró que en contextos de justicia transicional es fundamental concentrarse en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. “Lo contrario es pretender el colapso de la JEP para que no se sepa la verdad sobre los crímenes que tuvieron lugar en el conflicto armado”, dijo. Por otra parte, enfatizó que el alto tribunal ya advirtió que sí procede la extradición frente a delitos cometidos después del 1° de diciembre de 2016, y que le corresponde a la JEP tener acceso al material probatorio necesario para establecer si tales hechos tuvieron lugar. Y por último, que ya señaló que los agentes del Estado y militares que estén contando la verdad ante la JEP no podrán ser extraditados.
“La esencia de un Estado Social de Derecho es que todas las autoridades están sometidas a la Constitución. Y que en discusiones de constitucionalidad existe un árbitro imparcial que define cuándo una decisión es compatible o no con esa Carta. Esa institución es la Corte Constitucional, y la Corte ya falló en cada uno de estos seis temas. Si hoy se abre esta puerta, el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto”, expresó la representante de la Alianza Verde.
En su réplica, los partidos y movimientos de oposición señalaron igualmente que no es cierto que la decisión del presidente Duque no afecte la construcción de paz: “Hay que vivir muy alejado de la Colombia rural para creer que proponer cambios a las reglas del juego que permitieron el desarme de 13.000 excombatientes de las Farc, no genera ningún efecto en la realidad. La decisión del presidente genera gran incertidumbre jurídica entre los excombatientes y desestabiliza los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún muy frágil”.
En este sentido, Goebertus enfatizó que el gobierno Duque ha demostrado que le apuesta a una concepción mucho más limitada de paz: “Insiste en que la paz es una política de gobierno y no de Estado, y renuncia a implementar de buena fe el Acuerdo de Paz como lo establece la Constitución. Pero se equivocan. La paz no son beneficios para los excombatientes. La paz no se reduce a su desarme ni a la reintegración de la base. La paz es desarrollo rural, es participación ciudadana, es la satisfacción de los derechos de todas las víctimas”.
Y aseguró que después de ser percibidos a nivel internacional como un país pionero en procesos de negociación y construcción de paz, Colombia empieza a ser visto como un país que retrocede. Advirtiendo que las demoras en los procesos de investigación, juzgamiento y sanción podrían incluso activar la competencia de la Corte Penal Internacional. Aún así, añadió que "La Jurisdicción Especial para la Paz tiene un andamiaje constitucional muy fuerte que le permitirá seguir funcionando, aún sin la ley estatutaria”.
Por otra parte, para la oposición, el presidente Duque sigue dividiendo al país antes que unirlo y lo está retornando a las discusiones de octubre de 2016 entre los del Sí y los del No en el plebiscito por la paz. Distrayéndolo de los temas de la agenda nacional: “Mientras el gobierno Duque nos pone a discutir un año entero entre el Congreso y la Corte Constitucional sobre la ley de la JEP, las necesidades y demandas de los colombianos siguen sin ser atendidas (…) En fin, aplazamos una y otra vez las discusiones de fondo, que en cambio sí tendrían la posibilidad de unirnos como país, para dedicarnos a azuzar los odios como estrategia electoral del partido de gobierno frente a las elecciones regionales de este año”.
Finalmente, Goebertus aseguró que la oposición no permitirá que el gobierno del presidente Duque ponga en riesgo la separación de poderes, atente contra el proceso de construcción de paz, y pretenda distraernos de los temas verdaderamente importantes para el desarrollo del país. Y anunció que pondrán en marcha todas las acciones políticas y jurídicas posibles para evitar que las objeciones y reformas anunciadas tengan éxito, invitando al país a salir a marchar, el próximo lunes 18 de marzo, en defensa de los acuerdos de paz.
“Hagámoslo, volquémonos todas y todos a aportar a la transformación de esos territorios. Por eso, hacemos un llamado sentido por la unidad, la paz y la reconciliación y los convocamos el próximo 18 de marzo a una gran movilización nacional. Salgamos juntos, sin importar ideologías, a las calles y caminos de todo el país, no solo exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado, sino sobre todo para que cada persona exprese su compromiso con acciones concretas para avanzar en la construcción de paz, allí donde más se ha sufrido la guerra”, concluyó la intervención de la representante Goebertus, a nombre de la oposición.