:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/I6vGjEzaSrgH9S3a-Av0VOEhV_c=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/T2RIGCWJGFFLBGQK4XRUOJEY7U.jpg)
Coincidencias o no, la historia de las “chuzadas” parece haber dormitado por unos años mientras regresaba la política de seguridad democrática al país. O al menos esa es la percepción de los congresistas de la oposición víctimas de estas interceptaciones ilegales en el nuevo capítulo que reveló el viernes pasado la revista Semana, y que se complementan con las conocidas el pasado mes de enero, días después de la renuncia del general Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, por “motivos familiares”, según dijo. Para la revista, su salida se habría precipitado por el uso ilegal de sofisticados equipos de espionaje.
Las fórmulas son las mismas: periodistas, políticos críticos al Gobierno, magistrados y líderes sindicales que se convierten en el foco de sospechas, años atrás para el extinto DAS y ahora para comandos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Carpetas, perfiles, conexiones laborales y personales. Una suma de datos que a los ojos de muchos no son obtenidos mediante fuentes abiertas y redes sociales, como se aseguró desde la cabeza de las Fuerzas Militares. “Es como si no cambiara la lógica con la que se maneja el poder y la inteligencia en el país (…) creo que es el uribismo puro y duro al mando”, dijo Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, una de las afectadas.
“Estos escándalos se han conocido bajo los gobiernos de la seguridad democrática, los de Álvaro Uribe y ahora de Iván Duque. Ahí hay una clara tendencia de este sector de derecha, que ellos representan, de burlarse y pasarse por la faja la legalidad y legitimidad del Estado de derecho para perseguir a la oposición y a todos aquellos que consideren que son voces críticas”, opinó Carlos Antonio Lozada, del partido FARC, mencionado también en las revelaciones de Semana, por una supuesta conexión que tuvo con Nicholas Casey, periodista de The New York Times, quien reveló hace un año una orden que se impuso dentro del Ejército que podría implicar el regreso de los falsos positivos. Lozada le dijo a El Espectador no tener muy presente haber hablado con Casey.
“Es muy probable, pues uno da entrevistas constantemente. No es un periodista con el que tenga mucho contacto y tampoco me atrevo a confirmar dicha información. Tal vez sí hablé con él en Medellín”. Eso sí, para el congresista, salir en una carpeta como interacción del corresponsal, junto a Pastor Alape, no se determina únicamente a través de redes sociales y fuentes abiertas. Lo que sí es claro, señaló, es que a su partido lo tienen constantemente monitoreado. “Eso sí lo puedo decir con plena certeza: sobre nosotros hay un seguimiento permanente. Estuvimos levantados en armas contra el Estado por más de 50 años y ahora somos una colectividad de oposición. Sería ingenuo pensar que no nos hacen seguimiento. Lo que no quiere decir que eso sea legal”, comentó.
Le puede interesar: Chuzadas se entregaban a un congresista, la faceta política del escándalo.
Tanto él como Angélica Lozano, Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Gustavo Bolívar (Decentes), los otros nombres referenciados en el artículo periodístico, enviaron de forma individual derechos de petición al Ministerio de Defensa y la Presidencia, exigiendo conocer la información recogida de sus actividades laborales y personales, con el fin de analizar a qué mecanismos acudir para hacer las respectivas denuncias y tratar, de algún modo, “darle punto final a estas prácticas ilegales y arbitrarias, prohibidas tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)como en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Sanguino es el único que se atreve a hablar, desde ya, de llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues desde julio de 2019, junto a Iván Cepeda, del Polo y Roy Barreras, de la U, y quien salió nombrado en el primer escándalo del regreso de las interceptaciones este año, denunciaron un presunto plan de espionaje contra ellos y siete personas más desde la Dirección Nacional de Inteligencia, adscrita a Presidencia.
También: Las denuncias que entregaron los senadores Cepeda y Barreras a la CIDH y Congreso de EE.UU.
“En su momento pusimos esta situación en conocimiento de la Fiscalía e Iván Duque. Desde el ente acusador empezaron un proceso y la Casa de Nariño respondió diciendo que no habían encontrado nada que corroborara nuestras denuncias. Nos enteramos de lo de Semana y sospechamos que esa investigación tenía relación con la información que habíamos recibido meses atrás y denunciamos. Con la segunda entrega de ‘chuzadas’, comprobamos eso”, aseveró el senador de los verdes.
¿Por qué los están interceptando? ¿Qué razones hay para estar tras su rastro? Angélica Lozano cree que podría tener que ver con sus vínculos familiares con la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Soy congresista hace cinco años y la novedad en la actualidad es el cargo de ella. ¿Ese es el elemento por el que me ‘chuzan’? También fui vicepresidenta del Senado el año pasado por la oposición, claramente tengo un rol de liderazgo en la bancada. Es un coctel que, por supuesto, no tiene justificación”, indicó.
Así como ella lo enuncia, en segundo plano, sus colegas le buscan una explicación a este nuevo episodio por sus desacuerdos con el Gobierno, además de la lucha para que se cumpla con la implementación del Acuerdo de Paz. Sanguino y Bolívar, ambos de la Comisión Segunda, encargada entre otros temas de los de la Fuerza Pública, le suman su oposición al ascenso de Nicacio Martínez, que estuvo en debate en junio de 2019, al cuestionar su posible vinculación en el episodio de las ejecuciones extrajudiciales cuando se desempeñaba como coronel de la Décima Brigada, hace 14 años, y por la mencionada directriz que denunció Casey.
Más: Senado aprobó ascenso de comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel.
“No tengo antecedentes criminales, creía que no era un peligro para la sociedad, pero le atribuyo esos seguimientos el hecho de que fui el único voto negativo contra el ascenso de Martínez. La oposición se retiró y me quedé solo en el recinto”, explicó Bolívar. Así las cosas, no solo vendrán denuncias ante instancias nacionales e internacionales, sino que se está cuajando una moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. “Radicaré la proposición hoy ante la Secretaría y mañana lo anuncio en plenaria. Pasan cosas y siempre echan a los mandos medios y los responsables políticos nunca aparecen”, agregó el senador de los Decentes.
Además, queda otro debate pendiente que, lo más seguro, se desarrollará en la misma Comisión Segunda que tramita asuntos de relaciones exteriores, y es el concerniente al dinero de recursos públicos de Estados Unidos, destinados para la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, que supuestamente se desviaron para la actividad ilícita de interceptar a las personas. El panorama ahora es que algunos de los objetivos fueron ciudadanos estadounidenses. Una punta de lanza que podría servir como argumento dentro del Congreso del país norteamericano para reducir las ayudas a Colombia.