“Lobby” sin reglas: un pendiente peligroso

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En el Congreso una vez más fue radicado un proyecto para regular el cabildeo, una discusión que lleva en veremos más de dos décadas. ¿Qué es lo nuevo y qué expectativas hay?

Hacer lobby o cabildeo hoy en Colombia implica mantener el equilibrio en una cuerda delgada y floja. Si bien es un ejercicio legítimo de influencia a favor de determinados intereses, mal ejercida puede rayar en faltas éticas y hasta ilegales para coaccionar personas y manipular decisiones, bien sea en el plano legislativo, ejecutivo o judicial. De allí la necesidad de fijar reglas de juego y establecer fronteras para evitar que unos pocos —dados su poder y chequera— se impongan al bienestar general.

Sin embargo, en las dos últimas décadas el proyecto de ley para regular el lobby se ha quedado en un saludo a la bandera y —a pesar de que se ha presentado doce veces en el siglo XXI: diez en Senado y dos en Cámara— no ha pasado del segundo debate. Ahora, en la legislatura que recién empieza, otro proyecto aterriza en el Congreso en búsqueda de hacer más transparente y público este ejercicio. ¿En qué consiste, con qué oportunidades arranca y será esta al fin la vencida?

Detrás de la iniciativa está el senador Andrés García Zuccardi (Partido de la U), quien —bajo los principios de acceso a la información pública y la transparencia— propone crear un registro obligatorio en el que haya seguimiento y control a las actividades de lobby. Dicha herramienta, que sería abierta y estaría en línea, sería administrada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Allí figurarían la identidad de los cabilderos, el objeto de sus actividades y los resultados esperados, los beneficiarios de su actuación, la institución o cargo sobre quien se ejerce presión, los gastos de cabildeo, las fuentes de financiación y los cargos públicos que pudo ocupar ese cabildero o sus familiares.

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Se prohíbe además que un cabildero realice gestiones sin estar registrado en esa plataforma o que un año antes haya sido funcionario o contratista de la entidad sobre la cual pretende ejercer influencia. De lo contrario, serían investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio, y quedarían inhabilitados por dos años para hacer lobby. Por su parte, los funcionarios que permitan o avalen estas prácticas a quienes no estén registrados quedarían en el ojo de la Procuraduría.

“Le llegó la hora al lobby. La ciudadanía exige que haya transparencia en esa práctica. En medio de esta pandemia, hay muchos más esfuerzos de cabildeo precisamente por las dificultades que tienen diferentes sectores. Por ello, se requiere transparencia de estos grupos de interés para saber a dónde se están yendo los recursos del Estado”, explica García, quien asegura también que la propia OCDE (a la que pertenece Colombia) ha reclamado esfuerzos de sus miembros para regular el cabildeo.

Si bien el lobby se siente con fuerza en el Congreso, la iniciativa —agrega su autor— plantea también que haya transparencia frente a las actuaciones en la rama Judicial y en el Gobierno. “La idea es que haya registro de gestiones con cualquier magistrado, juez, procurador, contralor, defensor o funcionario”.

Riesgos y recomendaciones

No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos de lo que puede hacer un cabildeo en las sombras en contra del bienestar general. A finales de 2016, en medio de la discusión de la reforma tributaria, que incluyó un impuesto a las bebidas azucaradas del 20 % —para prevenir la diabetes y la obesidad—, se impuso el lobby. El entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, describió bien la problemática entre impotencia y resignación: “Ganó el lobby y perdió la salud pública”.

Luego, en un artículo para El Espectador, el exministro sentenció que “los conglomerados económicos y los grandes medios de comunicación tienen un poder inmenso, no solo para decidir qué se aprueba, sino también para decidir qué se debate”, en referencia al poder que ejerce el lobby en muchos escenarios de la sociedad.

Sin embargo, los reclamos van más allá. Según el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países evaluados. La calificación fue de 37 sobre 100; es decir, rajados. El informe es de principios de año y no recoge los efectos que la pandemia está produciendo sobre esta problemática, que han alarmado a la opinión pública.

Al margen de ello, ese organismo recomendó, entre otras, que para salir del “estancamiento” era necesario que Colombia avanzara en la tan anhelada regulación de las actividades de lobby. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, le aseguró a este diario que, si bien la iniciativa del senador García es positiva, se debe hacer énfasis en la actuación del cabildeo sobre el sistema judicial y criticó que quien haga el registro sea un organismo adscrito a la Presidencia. “No se precisa la capacidad ni el alcance de la Secretaría de Transparencia; se requiere una instancia más activa y garante”.

En esa línea, Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, se puso a disposición para mejorar la iniciativa, expresando preocupación también porque sea la Secretaría de Transparencia la que lleve el registro de los cabilderos: “Debería ser administrado por la Procuraduría, por ser un órgano de control independiente”. Agregó que otro lío es que no se ataca ni regula el lobby más problemático: el de los congresistas sobre el Gobierno, alcaldes y gobernadores. “Hay cabildeo de políticos para que les den puestos o contratos, o para que el Gobierno aumente el presupuesto en un proyecto de su interés”.

A su turno, el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical), quien ha promovido sin éxito proyectos para regular el lobby, opina que antes de cualquier regulación es necesario centrar la atención en las causales de la pérdida de investidura, pues definir las reglas de juego implica también abordar “pequeños conflictos de interés que en ningún país son un pecado o delito”. Según el parlamentario, eso contribuiría a que hubiese más transparencia, “menos hipocresía en las leyes y más sentido de la realidad”.

Incluso, el presidente Iván Duque —primero como senador y luego como primer mandatario— ha reclamado esfuerzos por regular esta actividad. No obstante, el senador García Zuccardi lamenta que, pese a haber extendido la invitación de respaldo a otros partidos y a quienes han trabajado el tema, aún no tiene respuesta. El balón una vez más está en campo del Congreso. ¿La decimotercera será la vencida?

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