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En absoluta reserva, el presidente Juan Manuel Santos envió una declaración a la ONU en la que le solicita dar la bienvenida a lo pactado con las Farc, expedir un documento oficial sobre el mismo y acoger la misión que envió el organismo a Colombia para contribuir en la implementación de lo pactado.
Y es que desde que arrancaron los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, Colombia sabía que el apoyo de la comunidad internacional iba a ser fundamental para darle mayor legitimidad a lo pactado con la guerrilla más grande del país. Tal vez por eso, el presidente Juan Manuel Santos emprendió una movida diplomática a todo nivel y, en ese sentido, no fueron pocas las conversaciones que sostuvo con el exclusivo grupo que congrega a los países más poderosos del mundo: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
A través de varias resoluciones, el primer mandatario esperó que la ONU participara de manera activa en la implementación de los acuerdos de paz, y así se hizo. No en vano, en las zonas de ubicación donde permanecerán las Farc hacen presencia cientos de observadores que verificarán el proceso de dejación de armas y el tránsito de sus miembros hacia la vida civil. De hecho, en septiembre del año pasado –aunque sin contar con la derrota del plebiscito- el jefe de Estado llevó a Nueva York el acuerdo logrado en La Habana y depositó una copia en la sede de las Naciones Unidas.
“Esta paz es una gran victoria para Colombia y para la humanidad”, dijo en su momento el entonces secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, al presidente Santos. Y ese mismo apoyo de hace algunos meses, lo ha querido ratificar el primer mandatario. Por eso, hace apenas algunos días, y en absoluta reserva, Santos envió una carta al nuevo secretario de ese organismo multilateral, el portugués António Guterres, para reafirmarle la intención de Colombia de elevar a rango internacional los acuerdos de paz –modificados y firmados el 24 de noviembre del año pasado-, respetando las normas vigentes acogidas por el Estado.
El Espectador tuvo acceso a dicho documento (con fecha del 13 de marzo), en el que Santos le dice a la ONU que “atendiendo el compromiso del Gobierno y de las Farc (…) solicito al señor Secretario dé la bienvenida al nuevo Acuerdo y lo envíe al Consejo de Seguridad para que genere un documento oficial en el que se anexe el texto completo del Acuerdo Final”. Eso significa, palabras más palabras menos, que la ONU ratificará oficialmente la misión que aprobó, vía resolución, el 25 de enero del año pasado sobre la presencia de observadores internacionales no armados en Colombia para monitorear y verificar la dejación de las armas de la guerrilla, añadiendo a la misma el acuerdo final pactado en Cuba.
Al mismo tiempo, se anexará el documento a la segunda resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en septiembre del 2016, la que define el tamaño, los aspectos operacionales y el mandato de la Misión que respaldará la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, la misma que estableció que habría 450 observadores internacionales en Colombia, ubicados en las regiones donde se establecieron las Zonas Veredales Transitorias.
En la carta enviada a Guterres, el presidente Santos ratificó su intención de cumplir con lo pactado con la guerrilla. Incluso, el mismo hecho de elevar el Acuerdo Final a rango internacional y reiterar el respeto por las normas establecidas en ese campo acogidas por Colombia, obliga a que las leyes que desarrolle el país para implementar los acuerdos se ajuste al Derecho Internacional.
Es decir, si bien las instituciones del Estado tienen la obligación de cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final y preservar su espíritu, las modificaciones que se hagan al interior del Congreso no deben desconocer normas superiores previamente establecidas. Sobre ello, ha habido varias alertas, especialmente en el Senado, sobre lo que se incluyó (o se dejó de incluir) en la Jurisdicción Especial de Paz y no son pocas las voces que advierten sobre una posible intervención de la Corte Penal Internacional.
Lo cierto es que en el rango internacional, es de recordar que en lo pactado, el Gobierno también se comprometió a hacer del mismo un Acuerdo Especial con base en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, y depositarlo ante el Consejo Federal Suizo, en Berna. Mientras tanto, el Congreso avanza en el trámite en el acto legislativa de lo que se ha demonimado seguridad jurídica de los acuerdos, que ha tenido de fondo el debate acerca del ingreso al bloque de constitucionalidad de todo el texto del acuerdo de paz.