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Desde mediados de agosto se encuentra radicado en el Congreso un proyecto de ley de autoría del senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que propone rastrear y congelar los bienes que puedan tener en Colombia los dirigentes venezolanos del chavismo sospechosos de delitos como narcotráfico y corrupción. “Aquí están lavando mucha plata producto de la corrupción y el saqueo de Venezuela, plata que monetizan en las casas de cambio de Cúcuta, transformándola en pesos o dólares, que terminan invertidos en finca raíz, taxis y otras propiedades”, señaló el congresista, aclarando que, además de la capital nortesantandereana, ese fenómeno se está viendo también en ciudades como Bucaramanga y Barranquilla.
La iniciativa tuvo su origen en la Cumbre de Parlamentarios de América Latina por Venezuela, que se llevó a cabo en Villa del Rosario el 1º de junio pasado y en la cual participaron más de 150 congresistas del continente, incluyendo la bancada de oposición de la Asamblea Nacional del vecino país. En ese encuentro se convino, entre otros puntos, activar las unidades de inteligencia e investigación financiera y adoptar la legislación necesaria en los países de la región, para identificar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano, sus empresas, fondos y demás patrimonio personal y de sus testaferros. “El objetivo es evitar que corruptos y violadores de derechos humanos puedan establecer su patrimonio en nuestros estados”, decía la declaración.
Y en esa línea va el proyecto del senador Lara, el cual, a estas alturas, no ha surtido su primer debate, e incluso se habla de una nota de la Cancillería oponiéndose a su discusión, teniendo en cuenta los actuales momentos de tensión entre los dos países y cuando hay quienes abren la posibilidad a una intervención militar extranjera para sacar a Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, consultado por El Espectador, el jefe de esa cartera, Carlos Holmes Trujillo, explicó que su intención es analizar en detalle la iniciativa y discutirla con el senador para fijar una posición oficial. Es claro que el Gobierno prefiere actuar con cautela, pues el texto radicado incluye una lista de 87 personas naturales y 25 personas jurídicas (empresas) que, supuestamente, están vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
Ahí están, por ejemplo, las hijas del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, María Gabriela y Rosa Virginia; sus hermanos, Adán Coromoto y Argenis; su padre, Hugo de los Reyes Chávez, y su madre, Elena Frías; el mismo presidente Maduro y su esposa, Cilia Adela Gavilia Flores; el exembajador Roy Chaderton; el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, y parte de su familia; el fiscal Tarek William Saab, y varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como Maikel Moreno, Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Auxiliadora Zuleta, entre otros.
En la lista de empresas aparecen Biblos Travel Agency, Hilal Travel Agency, Constructora FR de Venezuela, Banco Internacional de Desarrollo, Alfa One, Grupo Sahect, Profit Corporation, Servicios Tecnológicos Industriales, SMT Tecnología, D2 Imagineering, Financial Corporation Fincorp, Grupo Control 2004, Grupo Control System 2004, Inmuebles y Desarrollos West Point, Inversiones Malamar, Inversiones PMA 243, Matsunichi Oil Trader, Matsunichi Oil Traedez 12, PLM Sociedad de Corretaje, PLM Group Sociedad de Corretaje de Valores, PLM Consorcio, PLM Consultores, PLM Security Control Group, PLM Transporte y Techno Transporte ML.
Las dos listas, tanto de personas naturales como jurídicas, están elaboradas a partir de las medidas sancionatorias que ya han aplicado Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), que es algo así como la evolución de la llamada Lista Clinton, y la Unión Europea, que mediante la decisión PESC 2017/2074 determinó que “deben imponerse medidas restrictivas específicas a determinadas personas físicas y jurídicas responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de actos de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, y a personas, entidades u organismos cuyas acciones, políticas o actividades suponen un menoscabo de la democracia o el Estado de derecho en Venezuela, así como a las personas, entidades y organismos asociados con ellas”.
Así, por ejemplo, desde 2010, los ministros europeos de asuntos exteriores decidieron sancionar inmovilizando sus recursos económicos y el de todas sus filiales al Banco Internacional de Desarrollo, con sede en Venezuela, por sus presuntos vínculos con el programa nuclear iraní. Y en mayo pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión de tres empresarios venezolanos dentro de su lista OFAC, señalándolos de estar vinculados al narcotráfico y por el uso de empresas para facilitar el ingreso de drogas ilícitas a ese país. Se trata de Pedro Luis Martín Oliveros, Wálter Alexánder del Nogal y Mario Antonio Rodríguez, a quienes se involucra además con lavado de dinero.
Martín Oliveros fue jefe de inteligencia financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (antigua Disip), que ahora se conoce como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y es dueño de la empresa PLM Consultores. Del Nogal, a quien se ha relacionado con el narcotráfico colombiano, tiene tres empresas registradas en Panamá: Del Bros Overseas S.A., DMI Trading y Financial Corporation (Fincorp International), y en su país está vinculado con Fincorpo. En cuanto a Rodríguez, se sabe que ha sido empleado de la constructora brasileña Odebrecht, vinculada al escándalo de corrupción por pagos de sobornos a varios dirigentes de América Latina, y está vinculado con Inversiones Malamar, que hace parte de PLM Consultores.
Otro ejemplo son los magistrados del Tribunal Supremo mencionados en la lista. La OFAC también les congeló todos los bienes que poseen en Estados Unidos y les prohibió a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción monetaria con ellos. “Urge evitar que estas personas desarrollen actividades delictivas en Colombia. Hacer caso omiso de este riesgo puede llevar a que se deteriore el orden público en el país (…) es imperativo detener la llegada de recursos financieros que estimulen la delincuencia en Colombia y que fortalezcan a las bandas criminales. Además de la necesidad y obligatoriedad de hacer cumplir la ley colombiana, existe una ‘responsabilidad de proteger’ la población que está siendo objeto de violaciones de derechos humanos en el vecino país”, enfatiza el senador Lara.
En concreto, la iniciativa propone que el Congreso expida una lista denominada “Lista por la Restauración de la Democracia en Venezuela”, cuya elaboración y actualización estaría a cargo de dos comisiones que se crearían para tal fin, una de Senado y una de la Cámara de Representantes, que sesionarían conjuntamente cada mes y estarían respaldadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para las labores de rastreo. Su composición arranca con las personas y empresas individualizadas en el texto del proyecto, que, además, les prohíbe a las empresas colombianas realizar cualquier tipo de contratación o negocio jurídico con los incluidos en la lista, su ámbito familiar y sus posibles testaferros.
Hay otros puntos que llaman a la polémica y que hacen que el Gobierno sea cauteloso. Entre ellos, que la Cancillería prohíba el ingreso al territorio colombiano y revoque unilateralmente cualquier tipo de visado a las personas naturales individualizadas en la lista de la que habla la ley y a sus familiares, y a quienes funjan como representantes legales o socios de actividades comerciales que tengan alguna relación contractual con las personas jurídicas mencionadas. Asimismo, propone establecer un “régimen migratorio especial” para los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, con el fin de garantizar su libre tránsito y permanencia en nuestro país, eximiéndolos de los requisitos generales de regularización, como la presentación de pasaportes, de manera que puedan moverse por todo el territorio nacional con cualquier documento de identidad.
En uno de sus parágrafos, el proyecto establece que los bienes de las personas que sean condenadas en procesos judiciales relacionados por delitos de narcotráfico y lavado de activos, y que se encuentren relacionados en esa “Lista por la Restauración de la Democracia en Venezuela”, podrán ser trasladados a un fondo con el fin de prestar ayuda humanitaria a los migrantes que día a día llegan a Colombia huyendo de la crisis social, económica y humanitaria en el vecino país. Lo que aclara Lara, eso sí, es que su proyecto no busca determinar las relaciones internacionales del gobierno de Iván Duque, sino define una lista de individuos cuyos negocios deber ser monitoreados. Sea como sea, esta semana se sabrá si hay luz verde para seguir adelante con el trámite de la iniciativa en el Congreso.