Con un débil quórum deliberatorio, inició el segundo debate de la ley estatutaria de justicia para la paz

Los apretados tiempos de la Jurisdicción Especial de Paz

La preocupación en el Senado, a donde llegó la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, radica en la dificultad en el trámite para sacarla adelante. El partido Conservador acompañará la postura de Cambio Radical sobre participación política.

El ministro del interior, Guillermo Rivera, el fiscal Néstor H. Martínez, y el senador Roosvelt Rodríguez. /Archivo

La que ha sido denominada como la columna vertebral del Acuerdo de Paz regresó al Congreso. Ayer, estaba previsto el inicio del debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en el senado, sin embargo, en las primeras de cambio es evidente que, tal y como ocurrió en las comisiones primeras, la discusión no está centrada en el contenido mismo del proyecto -pese a las críticas que aún tiene la iniciativa-, sino más bien, en el la mecánica legislativa, que amenaza la puesta en marcha de la justicia para la paz. ¿Por qué? El tiempo se ha convertido en el principal enemigo de lo pactado en La Habana y la aparente estrategia de los sectores adversos a la JEP pareciera ser la de desintegrar el quórum y poner a discusión todo tipo de elementos para dilatar la votación del articulado.

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No en vano, los anuncios de Cambio Radical y, ahora, del Partido Conservador de no acompañar el artículo 31, relacionado con la participación política de los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), pone en aprietos las mayorías que se necesitan para que el proyecto sea aprobado. Si se tiene en cuenta que ambos partidos suman 28 senadores, más los 20 del Centro Democrático, se puede decir que prácticamente la mitad de los senadores estará ausente a la hora de votar el punto principal que motivó a los excombatientes a suscribir un acuerdo para la terminación del conflicto: cambiar las balas por los votos.

Y es que es claro que al ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien debe sortear los debates de la implementación de los acuerdos, no le ha quedad fácil mantener la gobernabilidad en el Legislativo. Como es de esperarse, los congresistas tienen sus ojos más puestos en sus regiones a poco tiempo de que arranque el debate electoral y, a estas alturas del partido, podría decirse que están más preocupados en sacar adelante (o frenar) una reforma política que toca, ahí sí, sus propios intereses, que en una justicia transicional que lo único que hará será poner en el ámbito electoral a quienes ven como competidores en las urnas.

“No es correcto que pueda participar en política quien no se haya sometido a la JEP y no se haya comprometido a reparar a las víctimas. Propondremos buscar fórmulas intermedias como que las Farc puedan participar en política y se garanticen sus curules, mas no con las personas señaladas de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo el director del Partido Conservador, Hernán Andrade. En pocas palabras, los integrantes del antiguo Secretariado de la guerrilla (Timoleón Jiménez “Timochenko”, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Mauricio Jaramillo), no podrían llegar al Congreso en las elecciones del año entrante, si el Gobierno cede a estas pretensiones.

Sin embargo, en la ponencia que fue radicada esta semana, fueron establecidas las condiciones de dicha participación accediendo, incluso, a varias de las preocupaciones expresadas por el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Por ejemplo, se dejó expreso que los candidatos a cargos de elección popular acreditados por el Gobierno como miembros de la Farc deberán expresar formalmente su voluntad de acogerse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a la hora de inscribir las candidaturas. Y, en ese sentido, en caso de llegar a ser electos en marzo, no quedarán exentos de cumplir su compromiso con las sanciones de carácter restaurativo que les imponga la JEP y, mucho menos, afectar las obligaciones que tienen los excombatientes con la verdad.

“En todo caso, será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz”, señala el articulado. Y es acá donde radica el meollo del asunto. Pues en principio parecería una limitación para que quienes dejaron las armas participen en política, sin embargo, una lectura detallada deja claro que dichas limitaciones solo aplicarían para quienes sean sancionados con penas ordinarias y alternativas, es decir, para quienes se vinculen tardíamente a la JEP o sean condenados por los tribunales ordinarios. La razón es obvia, y es que el colaborar de manera tardía en el sistema de justicia transicional implica penas privativas de la libertad de entre 5 y 8 años. Y quienes no colaboren, como se sabe, podrían ser condenados a 20 años de cárcel.

“Por eso”, dijo un congresista amigo del Acuerdo de Paz a este diario, “estamos tranquilos con lo radicado, pero ahora se están sumando muchas voces que van a complicar el trámite de la JEP. Eso es lo que nos angustia en este momento, sumado a la dificultad que tenemos con los tiempos que tiene en su contra la reforma política”, advirtió el legislador. Su preocupación no es injustificada. Valga recordar que la JEP apenas pudo ser aprobada en las comisiones primeras de Senado y Cámara después de 5 sesiones -las cuales ocupan, al menos, dos semanas-, y más de 130 proposiciones estudiadas.

A eso, se le añaden las nuevas preocupaciones que, a lo largo del debate que está apenas arrancando, expresará el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. El mismo que, luego de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y miembros de la Farc anunció sentirse conforme y tranquilo con los acuerdos a los que habían llegado para mejorar la JEP. Aún así el jefe del ente acusador insiste en que se requiere precisar asuntos como las competencias, los delitos continuados, el acceso a los beneficios de la JEP y los principios de selección frente a las conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado. En resumen, este otro proyecto, así como la reforma política, está a punto de llegar al mismo destino: el naufragio.

 

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