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La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido que surgió tras el desarme de la guerrilla, denunció ayer el asesinato de uno de sus exintegrantes en un barrio de Quibdó, capital de Chocó. Durante el fin de semana, otros dos exguerrilleros fueron asesinados en Algeciras, departamento de Huila. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dice que en lo corrido de este año se han registrado los homicidios de 12 excombatientes, mientras que la ONU señala que, a diciembre de 2019, 173 desmovilizados habían sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016.
“No vamos a dejar a los excombatientes solos, no vamos a permitir que los hampones nos los sigan arrebatando”, manifestó Emilio Archila, consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, en reacción a lo sucedido en Algeciras. A su vez, el gobierno del presidente Iván Duque anunció recientemente medidas adicionales de seguridad para los desmovilizados, centradas en la “autoprotección”. Según el mismo Archila, la idea es adelantar reuniones interinstitucionales en las regiones que acogen el mayor número de desmovilizados y acelerar la capacitación en autoprotección, además de la instalación de circuitos cerrados de televisión en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Solo que los resultados, al menos hasta el momento, no se ven y por eso el partido FARC tiene planeado realizar este martes 25 de febrero un "cacerolazo", cuyo punto principal será el Parque de los Periodistas en Bogotá, a partir de las 6:00 de la tarde, en protesta por los asesinatos de “quienes le apostaron a la paz” y por lo que ellos consideran ha sido el abandono y silencio del Estado. Para la exguerrilla, la “trágica dinámica” que se está dando “imposibilita el avance de procesos de construcción de paz en el territorio y llena de miedo y desesperanza a la familia Farc y a la sociedad en su conjunto”. De ahí que le insisten al presidente Duque tomar las medidas pertinentes “para que se pare la sistemática ola de asesinatos y se adelanten las investigaciones respectivas para esclarecer estos lamentables asesinatos”.
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Carlos Antonio Lozada, actual senador del partido FARC, aseguró que prácticamente todos los fines de semana están siendo asesinados exguerrilleros y “este sistema indolente no dice nada”, denunciando de paso que el Ministerio del Interior no les da respuestas: “La sociedad colombiana se debe pronunciar y exigir al Gobierno que nos rodee de garantías. Si continuamos así, el proceso de paz está corriendo peligro”, enfatiza. Por su parte, Victoria Sandino, también senadora, recalcó que la idea de realizar un cacerolazo como protesta surgió de la preocupación, no solo del partido sino de diferentes organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el Acuerdo de Paz, alrededor del incremento de asesinatos de excombatientes.
“El Gobierno colombiano habla en el exterior de estar cumpliendo el Acuerdo, mientras que acá nos asesinan y nombran director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a una persona abiertamente opuesta a la implementación de lo pactado en La Habana, cuando se supone que deben garantizarnos seguridad”, agregó Sandino. Sus palabras hacen referencia a la llegada del actual viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Daniel Palacios, a la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así sea de manera provisional, tras la renuncia de Pablo Elías González. El meollo del asunto es que cuando era concejal de Bogotá, Palacios fijó en sus redes sociales posturas radicales en contra del Acuerdo de Paz.
Pero no solo el recelo tiene que ver con Palacios. Ayer, en una sesión de la Comisión de Paz del Congreso, con la presencia de los congresistas de la FARC, precisamente para analizar la situación de seguridad de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, la senadora Aída Avella, de la Lista de la Decencia, pidió la salida del comisionado de paz, Miguel Ceballos. “Ese alto comisionado no es para la paz sino para la guerra (…) yo sí creo que a ese señor Ceballos hay que cambiarlo, personalmente le pido al presidente que lo cambie y que ponga un hombre de verdad de paz. En todas sus alocuciones difícilmente yo veo que tenga siquiera un ánimo de que a los excombatientes los dejen de asesinar. Lo de Algeciras es impresionante, es el único municipio PDET del Huila, ¿cómo es posible que asesinen y asesinen y no pase absolutamente nada”, expresó la legisladora.
De hecho, hace algunos días, el mismo Carlos Antonio Lozada anunció que el partido FARC planea denunciar internacionalmente al presidente Iván Duque por lo que, consideran, ha sido el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. “Estamos estructurando una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema de Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de Seguridad (…) 185 cadáveres no son una mentira, mentira es lo que viene sosteniendo el Gobierno a través de sus voceros. Los asesinatos se están presentando en todos los departamentos del país y, a pesar de que conocen la situación, no han hecho un pronunciamiento que nos brinde garantías”, recalcó. 185 es la cifra de exguerrilleros asesinados que maneja la FARC.
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El Gobierno, por su parte, asegura que en la actualidad son más de 250 esquemas dándole protección a 300 excombatientes. Emilio Archila recordó que se les brinda seguridad a los miembros de las FARC a través de una articulación de los ministerios de Defensa y del Interior, la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Asimismo, cada 15 días se hace seguimiento a las más de 40 medidas especiales que se han implementado para protegerlos. “No he guardado silencio en ninguno de los eventos sobre los homicidios que se han dado respecto de excombatientes. Catalogar de cómplice al Gobierno es una afirmación ignorante”, respondió el consejero presidencial, ante a los cuestionamientos de la FARC.
Por ahora, la Comisión de Paz del Congreso aprobó ayer la conformación de un organismo de alto nivel para poder garantizar la protección de los desmovilizados. El senador Iván Cepeda, copresidente de esta célula legislativa, dijo que esta situación amerita una reacción inmediata que preserve la vida de quienes están en el proceso de reincorporación y atienda este aspecto fundamental del proceso de paz. En el organismo propuesto tendrían asiento, entre otras entidades, los organismos de control, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el consejero Emilio Archila y miembros de la comisión de Paz, “para que se pueda prevenir y denunciar oportunamente toda clase de amenazas y hostigamientos que vienen apareciendo contra estas personas”, concluyó Cepeda.