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Las divisiones en el interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) volvieron a salir a flote, esta vez por cuenta de la investigación a la campaña del presidente Juan Manuel Santos de 2010, por supuestamente haber recibido aportes de la firma brasileña Odebrecht a través del pago de US$400.000 para financiar dos millones de afiches de propaganda. La decisión del magistrado Armando Novoa, encargado del caso, es abrir investigación y formular cargos en contra del primer mandatario, el Partido de la U y los gerentes de su campaña.
Sin embargo, una recusación presentada en contra de Novoa por el abogado Jaime Alberto Castro Ocampo —auspiciada supuestamente dentro de la entidad—, quien alega que el magistrado se pronunció previamente sobre la caducidad de la investigación, buscaría cerrarle el paso a ese proyecto de fallo. Hoy, en Sala Plena, el CNE definió que el magistrado Emiliano Rivera, quien sigue en el orden alfabético, tendrá cinco días para definir sobre la recusación, que fue rechazada por el mismo Novoa. En caso de que sea aceptada, será precisamente Rivera quien asuma el proceso.
El documento de Novoa, conocido por El Espectador, habla de “la presunta violación a los límites de gastos de campaña y contribución de persona jurídica extranjera para las elecciones presidenciales de 30 de mayo y 20 de junio de 2010”, hechos por los cuales deberían responder el Partido de la U, que fue el que avaló al candidato; el presidente Juan Manuel Santos; Santiago Rojas, gerente de la campaña Santos Presidente 2010, y Roberto Prieto, codirector de la campaña. Contra Rojas, además, se pide abrir investigación y formular cargos “por la presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña”.
En cuanto al tema de la caducidad, el proyecto de fallo argumenta que “el plazo de la potestad sancionatoria debe contarse desde el hallazgo de la presunta infracción”, destacándose que la inacción frente a este asunto “podría conducir a la impunidad de graves faltas contra los principios constitucionales de transparencia, moralidad e igualdad y al debilitamiento de las competencias del CNE”. Asimismo, Novoa señala que se trata de un asunto en el que están en juego valores supremos como la representación política y la integridad del derecho al voto. Y que, por lo tanto, le corresponde al Consejo investigar la ocurrencia de los hechos, más aún cuando ha sido el mismo presidente Santos quien no solo dio validez a las revelaciones de Roberto Prieto, sino que también invitó a las autoridades electorales a investigar detenidamente lo ocurrido.
Incluso, el proyecto de fallo advierte de las sanciones que podrían aplicarse a los investigados, en caso de ser hallados responsables de las mencionadas irregularidades. Por ejemplo, el Partido de la U podría recibir multas de entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña, la devolución parcial o total de los recursos entregados o la misma pérdida del cargo del presidente de la República, decretada por el Congreso, según el procedimiento contemplado para las investigaciones, además de multas de hasta 95 millones.