Los bienes de las Farc: ¿Un listado irrisorio?

La Fiscalía hace fuertes cuestionamientos al listado entregado por las Farc para reparar a las víctimas y se lo hizo saber al Gobierno Nacional. En respuesta, el Ejecutivo prepara un decreto para crear un Comité Intersectorial que verificará la existencia de dichos bienes.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. / Archivo El Espectador

Inútil e improcedente. Con esas dos palabras el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, resumió el listado de los bienes y activos de las Farc que recibió de manos del Gobierno Nacional el pasado 15 de agosto. En pocas palabras, los 137 folios con dicha información que, en principio, había sido consignada ante la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, resultó poco seria para el jefe del ente acusador si su fin, según el Acuerdo de Paz, es el de reparar a las víctimas del conflicto armado.

Ayer, justamente, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, recibió una carta de seis páginas firmada por Martínez en la que le hace saber su molestia por el contenido del listado. No era para menos. Los miembros de las Farc incluyeron allí instrumentos como botas, exprimidores de naranja y limón, traperos, sartenes, talcos, pocillos, sal de frutas, tratamientos médicos de diferente índole y otros tantos elementos que, a la luz de las propias víctimas, parecería ser un listado francamente irrisorio. Especialmente, si se tiene en cuenta que la consigna que defendió el presidente Juan Manuel Santos en todo el proceso de paz era la de poner en el centro de las conversaciones a las personas más afectadas por estos más de 50 años de guerra.

Por eso, aunque absteniéndose de hacer juicios de valor sobre el listado que recibió, el jefe de la cartera política anunció que hoy mismo será expedido un nuevo decreto con el que se crea una Comisión Intersectorial de Verificación, compuesta por alrededor de 10 entidades del Estado.

Su misión será la de verificar la existencia de los bienes y activos en poder del grupo insurgente y garantizar que su destinatario final sea el Patrimonio Autónomo que crea el Decreto 903 de 2017.

Es decir, el que reglamentó que los recursos en poder de las Farc serán exclusivamente para reparar a las víctimas. “También vamos a solicitar a las Farc, en ese decreto, que designen una comisión para que haga la entrega material de esos bienes y activos”, dijo Rivera.

Se supone que tanto el Comité que creará hoy el presidente Juan Manuel Santos con el nuevo decreto, así como la comisión que conformarán las Farc, tendrá que desplazarse hasta los sitios en donde, según la guerrilla, se encuentran ubicados sus bienes y activos.

El lío, no obstante, es que la propia Fiscalía advirtió en la misma carta de ayer que en el listado no se establecieron los sitios en donde están ubicadas las fincas que dicen tener las Farc. “Los bienes raíces que forman parte del inventario, por cada frente, se identifican por su mero nombre (…) Casa Verde, La Chocolata, el Naranjal, lo que hace francamente inútil e improcedente el inventario presentado”, dice Martínez.

Pero al margen de este nuevo enredo con los bienes de la guerrilla, siguen arreciando las diferencias de interpretación entre el Gobierno y la Fiscalía en torno al Decreto 903. Mientras que el jefe del ente acusador pide a la Corte Constitucional revisar con lupa su exequibilidad dado que, según él, dicho decreto permite entender que los recursos entregados por la guerrilla podrían financiar su actividad política, el Gobierno ha salido a desmentir, una vez más, tal afirmación.

“Quienes dicen que los bienes de las Farc tendrán esa destinación incurren en una lectura parcial del decreto, pues sólo se limitan al artículo 4 del mismo sin tener en cuenta que esa remisión es para efectos de la implementación de programas de reparación integral.

Además, omiten que desde la Ley de Víctimas se definió que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley se consideran víctimas en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”, dijo el ministro Rivera.

Entre otras, el ministro le reiteró al fiscal que si las Farc dejaron de inventariar bienes que reposan en su poder, sí procederá la extinción de dominio, tal y como lo prevé el mismo Acuerdo de Paz. De todo esto, lo único que queda claro es que la disputa por uno de los temas más álgidos de la reincorporación de los excombatientes a la vida civil apenas comienza.

Al fiscal no le cuadran las cuentas, especialmente porque ha dicho que tiene un registro de “billones de pesos” que han llegado a los bolsillos de la guerrilla para financiar su actividad. Y ahí las palabras del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, cobran mayor vigencia: “Ojalá que esto sea un mal chiste y tengamos una lista seria en pocos días”.