“Los cabilderos profesionales existen y sin regulación alguna”: Angélica Lozano

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Justo cuando se prepara otra reforma tributaria, y en medio del año preelectoral, al Congreso aterriza por decimacuarta vez un proyecto para regular el cabildeo y crear un registro de sus actividades. ¿Prosperará al fin? Entrevista.

Trece. Ese ha sido el número de veces que, en un período de 20 años, en el Congreso ha hecho agua una iniciativa para ponerle tatequieto al cabildeo o lobby. Si bien es un ejercicio legítimo de influencia en diversos escenarios, en Colombia se sigue haciendo debajo de la mesa, con el riesgo -siempre latente- que una jugosa chequera o un poderoso se imponga al bienestar general y termine cooptando y hasta capturando políticas públicas a favor de sus intereses.

En contexto: “Lobby” sin reglas: un pendiente peligroso

No es un problema menor. Según cifras de la Corporación Latinobarómetro, cuatro de cada cinco colombianos (80 %) consideran que “unos cuantos grupos poderosos gobiernan para su propio beneficio”. Es por ello que ahora -cuando se discute otra reforma tributaria y con el año preelectoral como telón de fondo-, en el Congreso nuevamente se presentó un proyecto de ley para regular y ponerle reglas a este ejercicio. Detrás está la senadora de oposición Angélica Lozano (Alianza Verde), quien insiste en la necesidad de que haya transparencia en el lobby y, aunque defiende el ejercicio, advierte que no deja de ser una falta ocultar cómo y bajo qué condiciones se hace.

Con esta son 14 las veces que se intenta regular el cabildeo. ¿Con qué chances llega su iniciativa?

Este proyecto es una pieza fundamental de todo esfuerzo por la transparencia. Ese esfuerzo debe ser proactivo, diligente y de ofrecimiento de información dinámica. La idea es que se pueda esculcar, visitar y cruzar datos de estos cabilderos, tanto por ciudadanos como por los medios. Ello implica que esa información esté disponible en algún lugar.

Como ciudadana siempre he sido muy exigente de querer saber más, y en el Congreso, desde que llegamos en 2014, intentamos varios proyectos, como el que tumbó la Corte Constitucional -dolor en el alma- de rendición de cuentas. Este también es un esfuerzo de rendición de cuentas por saber cómo se toman las decisiones y cómo se configuran los proyectos, y que la gente pueda rastrear y trazar las proposiciones. Los micos, orangutanes y las cosas más peligrosas pocas veces llegan en un proyecto original, sino en la proposición unos minutos antes de votar. Este proyecto es complementario a muchas otras piezas que es deseable que tengamos.

Proponemos un registro para identificar cabilderos, interés promovido, los clientes, todas las reuniones realizadas y la información sobre viajes efectuados por las autoridades. Esos cabilderos promueven y defienden intereses particulares que son legítimos. Hacer cabildeo no está mal, no es un delito, lo que sí es censurable es la opacidad, el ocultamiento del beneficio y los posibles nexos de privilegio. Eso es lo que es problemático, no el cabildeo en sí mismo. Por eso queremos que se registre, se conozca, se pueda revisar, pueda haber trazabilidad y que sean intereses sobre la mesa.

¿Qué hace a su proyecto diferente?

Amplía el radio de acción del cabildeo, no tiene que ver solo con el Legislativo, también incorpora al Ejecutivo en todos los niveles (nacional, departamental y municipal), a las Fuerzas Armadas y a la Rama Judicial, eso sí, en lo que tiene que ver con lo administrativo. Nunca pretenderíamos saber o trazar una decisión sobre un fallo judicial, pero sí en las determinaciones administrativas, pues se manejan billones de pesos y se toman decisiones sobre las cuales sí quisiéramos trazabilidad.

Ojo con las Fuerzas Militares. La opacidad en la contratación militar sí que es un gran tema o en la toma de decisiones para los ascensos, sanciones y relaciones. Aquí no solo queremos vigilar al Legislativo, hay mucho poder donde se toman decisiones y hay cabildeo, y queremos transparencia.

Se establece también que a los lobistas les estará prohibido hacer cabildeo ante entidades en donde prestaron su servicio como funcionarios o contratistas dentro de los dos años anteriores, y se contemplan sanciones económicas (multas de entre $900 millones y $1.817 millones), así como que el lobista pueda ser suspendido hasta por cinco años en el registro de cabilderos, necesario para que puedan ejercer.

A diferencia de otros proyectos, el suyo apunta a que sea la Procuraduría la que regule y maneje el registro de cabilderos, ¿por qué?

Será la entidad que quedará responsable de la verificación y del registro. Un proyecto anterior proponía que fuera la Secretaría de la Transparencia, que es un organismo de la Presidencia, por lo tanto del Ejecutivo. Nos parece que la Procuraduría da mayor independencia. Por supuesto queda la discusión sobre cómo se elige y se configura el poder de estos órganos, cuya elección es muy política, pero la entidad no es parte de la Rama Ejecutiva y por eso creemos que está mejor allí.

Por ejemplo, imagine rastrear el lobby de la reforma tributaria a través de la Secretaría de la Transparencia, que ni siquiera sé quién la ocupa, a propósito, ¡es el Gobierno mismo!

Ese registro es algo muy digital, de tecnologías de la información (TIC) y que sea consultable. Eso sí, hay que garantizar accesibilidad, porque no todo mundo está en internet y en Bogotá. La idea es que sea interoperable y registrar las gestiones.

El proyecto prohíbe el cabildeo en la Rama Judicial, ¿por qué no poner ese cerrojo con otros organismos como el CNE o la Registraduría? Más en un año electoral como el que se viene...

Podríamos revisar para la ponencia si es necesario acentuar más ese cerrojo, insistiendo en que no es hacia los contenidos. Por supuesto no se pretende incidencia en materia de las decisiones fiscales o disciplinarias. Está la ponencia para ver si hay lugar para mejorar ese punto. Me nombraron ponente única y es una ventaja, porque puedo arreglar y mejorar el proyecto.

De hecho, vamos a hacer una audiencia pública, porque sobre esto han corrido ríos de tinta, no solo los 14 proyectos. Es que los cabilderos profesionales existen y sin regulación alguna. Siempre están. Hace un par de años alguno de ellos me abordó y me decía ‘esto no es bueno y tiene tales defectos’, entonces qué bueno que pasen al micrófono y no siempre en la banca.

El proyecto señala, incluso, que está prohibido recibir regalos o dádivas...

Aquí queremos poner todo sobre la mesa. Otra diferencia con los proyectos anteriores son los viajes: el reporte y el registro de ellos es nuevo. Está redactado de una forma, incluso, un poco ingenua. En la ponencia lo vamos a poner mejor.

Cuando llegué al Congreso y en medio de un debate, un senador me habló de un mango en excelentes condiciones que valía 14 dólares, y era porque lo habían llevado a Corea junto a un buen combo. Hay que revisar esos viajes internacionales, para quiénes son, quién los paga y con qué fin. No hay que satanizar los viajes, hay que ver el informe de gestión, de qué se trató la agenda, quién lo pagó y cuál es el paso a seguir con el viaje.

¿Cuál es el caso más insólito que ha visto de ese cabildeo debajo de la mesa y casi clandestino?

Me pareció impresionante algo que pasó en el trámite de una de las reformas tributarias, tal vez la que se votó en diciembre de 2016. El presidente del Senado en ese entonces era Mauricio Lizcano. Se buscaba poner tributos a las iglesias. Empezó la votación de los artículos e íbamos ganando. ¡Estaba sorprendida! Pero cuando el tipo se dio cuenta (Lizcano) paró la votación. ¡Sorry! Yo no puedo decir quiénes estaban detrás. Pero votamos y cuando el tipo se dio cuenta de que era eso lo que se estaba aprobando, paró la votación.

También hay una historia positiva con las bebidas azucaradas y la sociedad civil fue tan fuerte, que los lobistas no pudieron hacer nada. En esa discusión les tocó ir a los presidentes de los gremios al atril. Decían que se iba a quebrar la industria por ponerle unas etiquetas que indicaban el nivel de sodio y azúcar. Fue tanta la presencia e incidencia de la sociedad civil que todos los cabilderos quedaron tan desbordados y les tocó ir a los presidentes de los gremios a poner la cara y decir barbaridades. Esa platica se perdió con los lobistas.

¿Sí hay ambiente en el Congreso para sacar adelante una iniciativa de este calibre?

Es difícil, porque hay muchos precedentes en contra. También es muy fácil voltearlo y decir que esto es solo para ricos, y no. Hay incidencia, y es bienvenida y legítima, de diversos sectores. Es que sobre todo es una oportunidad pedagógica: si el Congreso es la representación de los intereses de los colombianos, es legítimo que toquen la puerta, lo que queremos es que no quede en privado y en secreto, sino que se puedan saber incluso las posturas en contra. El ambiente es difícil, pero hay que insistir para lograrlo.

Lo positivo es mi Comisión, la Primera de Senado, que por la composición y correlación de fuerzas ha sido barrera para muchas cosas y por lo mismo creo que ahí hay espacio para sacarlo adelante. Mi meta es que al menos superemos la plenaria. Si superamos los dos debates en Senado creo que podemos lograr que sea ley. Es una ley que tiene dos años para ser tramitada. Mi meta es que en un año al menos tenga la mitad de ese trámite.

El proyecto habla de ajustarse a los lineamientos que en la materia traza la OCDE, al que pertenece Colombia. ¿Cómo lo plantean?

Se trata de estándares de trazabilidad y acceso a la información que, la verdad, son obvios, pero que aquí no aplican. También las recomendaciones de organismos como Transparencia por Colombia. Si ya somos miembros de este club de países, pues pongámonos al nivel. En países como Chile eso se puede hacer más fácilmente por internet.

En el proyecto se cita el caso de Argentina, donde hay un decreto presidencial para regular la gestión de intereses. ¿Se podría replicar acá? Se lo digo porque el entonces senador Iván Duque también alertaba la necesidad de regular el cabildeo...

No creo. Si hubiese voluntad política buenísimo, pero no he visto. No está nada relativo a este proyecto en la iniciativa anticorrupción que presentó el Gobierno a través de la Vicepresidencia. Nos importa que las cosas se hagan y mejorarlo, pero no dice nada al respecto.

jgonzalez@elespectador.com

Twitter: @Currinche

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